TRAICIONARON TODOS SUS PRINCIPIOS: OSSANDÓN VOTARÁ EN CONTRA DE LA AC CONTRA GRAU PORQUE "EN SU DISTRITO NADIE SE LO PIDIÓ" — Y CON ESO ENTIERRA LA FISCALIZACIÓN COMO VALOR DE LA DERECHA

La diputada Ximena Ossandón (RN) anunció este martes que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Sus argumentos merecen ser leídos con cuidado, porque cada uno de ellos revela algo distinto sobre el estado de la derecha chilena: que nadie en su distrito le habló del tema, que la AC hace un "flaco favor" a los ministros de Kast, y que Grau solo cometió "un error de proyección". Para VDI Global, este es el retrato más fiel de por qué la derechita cobarde no es solo un insulto. Es una descripción.

Lo que dijo Ossandón y lo que cada frase significa

La diputada Ximena Ossandón de Renovación Nacional habló este martes en Radio Universo y entregó tres argumentos para anticipar su voto en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno de Boric, Nicolás Grau. Vale la pena analizar cada uno por separado, porque ninguno resiste el escrutinio que merece una figura de la oposición con responsabilidad institucional.

Argumento uno: nadie en su distrito le habló del tema.

Textualmente, Ossandón dijo: "Mi distrito, no hay ninguna persona que me haya hablado de la acusación constitucional."

Este argumento es el más revelador de los tres, y no precisamente en favor de la diputada. Ossandón está diciendo, en esencia, que su criterio para ejercer la fiscalización parlamentaria depende de que sus electores la interpelen directamente sobre cada instrumento específico. Si nadie le habla de la AC, la AC no le importa.

Ese no es el estándar de un legislador que fiscaliza. Es el estándar de un representante que administra popularidad. La acusación constitucional no es una encuesta de opinión. Es un instrumento de control político cuya pertinencia no depende de cuántas personas lo mencionen en la feria del distrito. Depende de si existen antecedentes suficientes para sostener que un ministro incumplió sus deberes constitucionales.

Que Ossandón use el silencio de sus electores como argumento para no fiscalizar es, además, una confesión involuntaria: ella misma reconoce que su decisión no está basada en el mérito jurídico del libelo sino en el cálculo de costo político personal.

Argumento dos: la AC hace un "flaco favor" a los ministros de Kast.

Este es el argumento más cínico de los tres, y merece que se lo analice con la seriedad que exige su impudencia.

Ossandón dice que votar la AC contra Grau perjudica a los ministros del gobierno de Kast, porque ellos son los "únicos acusables constitucionalmente hoy". El razonamiento implícito es este: si aprobamos acusar a ministros del gobierno anterior, estamos abriendo la puerta para que nos acusen a los nuestros.

Dicho de otra manera: Ossandón está subordinando el ejercicio de la fiscalización parlamentaria a la protección corporativa de los miembros del Ejecutivo, sin importar el color del gobierno. Hoy protejo a Grau para que mañana no me acusen a Arrau o a Poduje.

Ese argumento no tiene nada que ver con los principios de la derecha que se proclama fiscalizadora, anticorrupción y defensora del buen uso de los recursos públicos. Tiene todo que ver con la lógica del club político que se protege a sí mismo independientemente de las responsabilidades individuales.

Argumento tres: fue solo un "error de proyección".

Ossandón pregunta retóricamente: "Imagínese los números, los errores de proyección como existen, ¿van a estar todos acusados constitucionalmente?"

La respuesta correcta a esa pregunta es: depende. Un error de proyección involuntario, técnico, sin ocultamiento deliberado de información, no merece acusación constitucional. Ese es un estándar razonable que VDI Global comparte.

Pero el problema es que Ossandón aplica ese estándar como si los hechos que rodean al exministro Grau fueran equivalentes a un error de cálculo en una hoja Excel. No lo son. El libelo no apunta solo a la proyección incorrecta del déficit fiscal. Apunta a si hubo ocultamiento deliberado de información presupuestaria, a si la conducción de las finanzas públicas implicó decisiones que exceden el margen del error técnico, y a la responsabilidad política de quien encabezaba Hacienda durante ese período.

La propia Ossandón lo admite involuntariamente cuando dice que "si alguien me demuestra que existió dolo, que se ocultó deliberadamente la información, uno podrá cambiar el voto al final". Con esa frase reconoce que el umbral para una AC no es cero, que existe una línea entre el error y la negligencia dolosa, y que ella simplemente no cree que se haya cruzado esa línea en el caso de Grau.

Puede que tenga razón en el fondo. El problema es que sus otros dos argumentos revelan que la conclusión a la que llegó no fue producto de un análisis riguroso del mérito jurídico sino de cálculos que no tienen nada que ver con la fiscalización.

El contexto que Ossandón omite: el CAE, la TGR y Grau

El libelo contra Nicolás Grau no surge de la nada. Se enmarca en uno de los episodios más graves de gestión pública del gobierno de Boric: el manejo del sistema CAE, los embargos de la TGR, y la cadena de responsabilidades políticas que llevó a que el Estado chileno llegara a ese punto.

Cataldo, el exministro de Educación, admitió públicamente que el papel del gobierno en el aumento de la morosidad es "innegable". Tohá admitió que "hubo errores". El Presidente Boric fue el único que no reconoció responsabilidad directa. Y Grau, como ministro de Hacienda, fue quien estuvo a cargo de las finanzas públicas durante el período en que la deuda del CAE se disparó y en que las decisiones de cobro se tomaron o se pospusieron.

La Corte de Valparaíso, Quinta Sala, ratificó por unanimidad la legalidad de los embargos. La Tercera Sala acogió un recurso en fallo dividido. El debate jurídico sobre el instrumento sigue abierto. Pero la responsabilidad política del exministro de Hacienda por la conducción del proceso es una pregunta legítima que la acusación constitucional busca responder institucionalmente.

Que Ossandón reduzca eso a "un error de proyección" no solo es insuficiente como análisis. Es una simplificación que sirve para justificar una posición que ya había adoptado por razones distintas.

La trampa del argumento del "flaco favor"

El argumento del "flaco favor a los ministros de Kast" merece un párrafo aparte porque es el que más daño le hace a la coherencia de la derecha chilena.

Si RN y Evópoli votan en contra de la AC contra Grau porque temen que eso genere un precedente que luego se use contra los ministros del gobierno actual, están renunciando a uno de sus argumentos históricos más poderosos: que la derecha fiscaliza a los gobiernos de izquierda con la misma vara con que exige ser fiscalizada cuando gobierna.

Ese argumento siempre fue discutible en la práctica. Pero al menos era un principio declarado. Ossandón, con su razonamiento del "flaco favor", lo abandona explícitamente: dice, sin ambages, que el criterio para fiscalizar depende de quién sea el fiscalizado y de qué consecuencias tiene para el propio sector.

Eso no es principio. Es cálculo. Y ese cálculo es exactamente lo que el electorado que votó por Kast dijo en las urnas que no quería más.

Lo que Ossandón debería haber dicho

Para ser justos con la diputada, hay un argumento legítimo en su posición que ella no supo articular bien.

Ese argumento es el siguiente: la acusación constitucional es un instrumento de alta intensidad institucional que debe usarse con criterio jurídico riguroso, no como extensión de la pelea política de trinchera. Si el libelo contra Grau no tiene el sustento jurídico suficiente para pasar el estándar de "notable abandono de deberes", votarlo igualmente porque conviene políticamente sería un abuso del instrumento que en el largo plazo daña a la institucionalidad.

Ese argumento es defendible. Hay quienes en la derecha lo sostienen con coherencia y con respaldo en el análisis jurídico del libelo.

El problema de Ossandón no es que vote en contra. Es que los argumentos que da para hacerlo no son ese argumento. Son el argumento del distrito que no habló, el argumento del flaco favor corporativo, y el argumento del error de proyección que trivializa lo que está en discusión.

Una cosa es decir "voté en contra porque el libelo no cumple el estándar jurídico". Otra muy distinta es decir "voté en contra porque nadie en mi distrito me lo pidió y porque me preocupa que luego acusen a los ministros de Kast". La primera es una posición de principio. La segunda es la derechita cobarde en su versión más transparente.

El patrón que se repite

Este episodio de Ossandón se suma a un patrón que esta semana ha quedado expuesto con una claridad poco habitual.

Longueira vuelve a la UDI con un discurso de refundación que su propio historial contradice. Matthei firma cartas con la DC para avalar exministros de Boric. La diputada Jéldrez usa "derechita cobarde" y RN sale a defenderse del adjetivo en lugar de debatir si tiene sustancia. Y ahora Ossandón anuncia que votará en contra de la AC porque nadie en su distrito le habló del tema.

Todo en el mismo día. Todo en la misma semana. Todo revelando la misma fractura estructural: una parte importante de Chile Vamos sigue sin procesar el mandato electoral de 2025. Sigue operando con la lógica del partido que cuida su posición en lugar del que gobierna con convicción.

El Presidente Kast ganó con el 62% en segunda vuelta. Ese resultado fue posible porque millones de chilenos apostaron por una derecha distinta. Una que fiscalizara cuando correspondía fiscalizar, que tuviera principios que no se negociaran según el cálculo del momento, y que tratara la institucionalidad como un valor y no como una herramienta.

Ossandón, con su declaración de este martes, les dijo a esos votantes que al menos una parte de la derecha que los representa sigue siendo exactamente la derecha que dijeron no querer.

Conclusión: los principios que se traicionan en público

Cuando Ossandón dice que votará en contra de la AC porque nadie en su distrito se lo pidió, está traicionando un principio básico de la representación parlamentaria: el legislador no es un delegado que ejecuta las instrucciones expresas de sus electores en cada votación. Es un representante que ejerce su criterio en nombre de ellos, con la responsabilidad de hacer bien su trabajo incluso cuando nadie lo está mirando.

Cuando dice que votar la AC hace un "flaco favor" a los ministros de Kast, está traicionando el principio de que la fiscalización no tiene color político y que la responsabilidad ministerial no se juzga según quién sea el perjudicado.

Cuando reduce el caso Grau a "un error de proyección", está traicionando el principio de que la rendición de cuentas exige tomarse en serio los hechos antes de emitir un juicio.

Tres argumentos. Tres traiciones de principio. Todas en la misma entrevista radial. Todas anticipando el mismo voto.

La derechita cobarde no es un insulto. Es un diagnóstico. Y Ossandón acaba de confirmar, con sus propias palabras, que el diagnóstico sigue siendo preciso.