LO MÁS GRAVE OCURRIDO EN CHILE LUEGO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN: LA RED DE TRÁFICO DE NIÑOS HAITIANOS QUE EL GOBIERNO DE BORIC PUDO HABER DETENIDO DESDE 2023 Y NO DETUVO — INFORME COMPLETO
Más de 200 niños haitianos ingresaron a Chile en vuelos chárter irregulares bajo la figura de reunificación familiar entre enero y octubre de 2025. Hoy su paradero se desconoce. La Fiscalía investiga tráfico de menores, cohecho y soborno de funcionarios públicos chilenos y extranjeros. La Contraloría General de la República detectó fallas graves en su preinforme reservado. La Defensoría de la Niñez alertó con oficios formales desde 2023 que nadie respondió. El exdirector de Migraciones pidió a la DGAC en julio de 2025 que detuviera los vuelos. La DGAC no lo hizo. Doce adultos, chilenos y extranjeros, ingresaron repetidamente al país como supuestos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños sin vínculo familiar verificado. Todo ocurrió durante el gobierno de Gabriel Boric. Este es el informe completo que Chile necesita leer.
Cómo se destapó el escándalo: el preinforme que era reservado y no debía serlo
La historia comienza, como ocurre con demasiada frecuencia en Chile, con un periodista que hizo su trabajo.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló la existencia de un preinforme reservado de la Contraloría General de la República que documentaba con precisión una serie de fallas graves en el sistema de control migratorio de menores de edad. El documento formaba parte de una investigación especial del organismo fiscalizador, realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones.
Lo que ese preinforme describía era esto: en el proceso de reunificación familiar de niños haitianos con supuestos familiares residentes en Chile, en numerosos casos no existió validación efectiva de la relación entre los menores y los adultos que los acompañaban. Los registros estaban incompletos. Los controles migratorios eran tan débiles que equivalían a su ausencia. Los vuelos chárter involucrados habían sido autorizados por las autoridades chilenas. Y cuando la Contraloría intentó ubicar en terreno a parte de los niños que el Estado había autorizado a ingresar al país, no pudo encontrarlos.
Niños que el Estado autorizó a entrar. Niños que el Estado no sabe dónde están. Esa es la síntesis más brutal, más precisa y más inaceptable de lo que este caso representa.
La revelación del preinforme desencadenó una reacción en cadena que en menos de 48 horas dejó el siguiente panorama: el Servicio Nacional de Migraciones presentó denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la Fiscalía Nacional abrió investigación de oficio, el exdirector de Migraciones reveló documentos que demuestran que el Estado sabía desde 2023, la DGAC intentó acotar su responsabilidad, el Presidente Kast calificó la situación de "gravísima", y los parlamentarios oficialistas anunciaron una comisión investigadora. Todo en dos días.
Los números que definen la magnitud del caso
El fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, confirmó en entrevista con Canal 24 Horas que se trataría de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron al país y cuyo paradero hoy se desconoce.
Doscientos. No es una cifra abstracta. Son doscientas historias individuales de menores de edad que viajaron desde uno de los países más pobres y más violentos del hemisferio, que cruzaron la frontera chilena de la mano de personas que en muchos casos no tenían ningún vínculo real con ellos, y que hoy el Estado chileno no puede ubicar.
Los vuelos se concentraron entre enero y abril de 2025, aunque el período investigado se extiende hasta octubre de ese año. Las aerolíneas identificadas son Arajet, Aruba Airlines y Galistair, que operaron vuelos chárter desde Puerto Príncipe, Haití, con escala en República Dominicana, hacia Chile.
La magnitud del patrón que la Fiscalía describe como síntomas de una red organizada es la siguiente: ingreso de alto volumen de menores en cada vuelo, escasez de bases de datos sobre los niños, múltiples menores dependiendo de un solo adulto responsable, y ausencia total o parcial de documentación verificable de vínculos familiares.
El caso más extremo documentado en los antecedentes disponibles proviene de enero de 2023, el primer vuelo registrado con estas características: 141 pasajeros llegaron desde Puerto Príncipe, de los cuales 98 eran menores de edad bajo la responsabilidad de solo dos adultos. Ese vuelo fue procesado por la PDI en el aeropuerto y los pasajeros ingresaron al país. La alarma institucional que ese hecho debió generar no produjo ningún cambio en los protocolos de control.
Noventa y ocho niños. Dos adultos. Con autorización del Estado chileno. En enero de 2023.
Los doce adultos que se repiten: el corazón de la investigación
El hallazgo más contundente de la investigación que hoy lleva la Fiscalía, y que está documentado en la denuncia penal presentada por el actual Servicio Nacional de Migraciones, no es el número de niños. Es la identidad de quienes los acompañaban.
Al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre 2 y 18 menores haitianos. Los mismos 12 adultos. En múltiples viajes. Con distintos grupos de niños. Sin vínculo familiar verificado con ninguno de ellos.
Cuando una persona ingresa al país en reiteradas ocasiones acompañando a distintos grupos de niños que supuestamente son sus parientes, y eso ocurre no una ni dos veces sino de manera sistemática durante meses, estamos ante algo que no tiene explicación inocente. No es una casualidad. No es una coincidencia. Es una operación.
Una operación que requiere coordinación en Haití para reclutar a los menores o a sus familias biológicas, que requiere la obtención de visas o documentación en el consulado chileno en Puerto Príncipe, que requiere la autorización de vuelos chárter por parte de la DGAC, que requiere el procesamiento en el aeropuerto por parte de la PDI, y que requiere que en ninguno de esos eslabones alguien haga la pregunta obvia: ¿por qué la misma persona entra al país por quinta vez acompañando a un grupo diferente de niños haitianos?
La Fiscalía está investigando si la respuesta a esa pregunta es que alguien recibió un pago para no hacerla. Eso es lo que significa cohecho y soborno de funcionarios públicos en el contexto de esta investigación.
La cadena de alertas: tres años de oficios ignorados
Lo que hace que este caso trascienda la categoría del escándalo puntual y entre en la de la responsabilidad institucional sistémica es la cronología de las alertas. No hubo una alerta. Hubo años de alertas. Documentadas. Formales. Con número de oficio. Y ninguna produjo la respuesta que habría evitado que 200 niños desaparecieran.
Enero de 2023. El vuelo con 141 pasajeros, 98 de ellos menores, llega desde Puerto Príncipe bajo responsabilidad de dos adultos. El Servicio Nacional de Migraciones, bajo la dirección de Luis Eduardo Thayer, envía un oficio reservado a la DGAC expresando preocupación por los riesgos de protección de los niños y la posibilidad de que se estuvieran configurando delitos de tráfico o trata de personas. Primera alerta formal documentada. Primera alerta ignorada.
2023, denuncia al Ministerio Público. La propia gestión de Thayer denuncia ante el Ministerio Público a agencias de viaje y líneas aéreas por eventuales vínculos con redes de tráfico o trata en el contexto de vuelos con menores haitianos. El Ministerio Público tiene conocimiento del asunto en 2023. Los vuelos continúan.
Múltiples oficios de la Defensoría de la Niñez, 2023-2025. La Defensoría, organismo constitucional creado precisamente para velar por los derechos de los niños y adolescentes en Chile, envió una serie de oficios formales a las autoridades competentes durante al menos tres años. Alertó sobre la ausencia de protocolos específicos para la reunificación familiar de menores migrantes, sobre las debilidades en los controles de verificación de vínculos familiares, y sobre la falta de trazabilidad de los niños una vez ingresados al país. El Oficio N°540/2025 solicitó al Servicio Nacional de Migraciones información detallada sobre el ingreso de menores bajo reunificación familiar. No hubo respuesta del gobierno de Boric.
En octubre de 2025, cuando aterrizó uno de los vuelos más cuestionados, la Defensoría volvió a insistir, esta vez específicamente respecto de menores que ingresaban sin documentos de identidad o filiación verificables. Nuevamente, no hubo respuesta del gobierno de Boric.
Recién en marzo de 2026, ya bajo el gobierno del Presidente Kast, ante un nuevo oficio de la Defensoría, el Servicio Nacional de Migraciones informó que los protocolos estaban en proceso de "integración, sistematización y ajuste técnico". Todavía sin implementación efectiva.
23 de julio de 2025. El exdirector Thayer envía un oficio al director general de la DGAC, Carlos Madina Díaz, informando en términos formales y explícitos que las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galistair habían trasladado pasajeros desde Haití y República Dominicana incluyendo numerosos menores con irregularidades migratorias graves, y solicitando de manera expresa que no se autorizaran más vuelos de esas aerolíneas hacia Chile.
14 de agosto de 2025. La DGAC responde. Informa que derivó los antecedentes a su Departamento Jurídico para evaluar posibles infracciones y eventuales sanciones. No accede a suspender las operaciones aéreas. Los vuelos pueden continuar.
Agosto de 2025. Migraciones corta sus propias autorizaciones de visa para este tipo de ingresos. Pero las visas otorgadas antes de esa fecha siguen siendo válidas.
Octubre de 2025. Aterriza el último vuelo registrado en la DGAC con menores haitianos en condiciones irregulares. Fue autorizado porque las visas fueron otorgadas antes del corte de agosto. El sistema de alertas cruzadas que debería haber impedido que ese vuelo operara no existía.
Tres años. Una cadena de advertencias formales. Organismos del Estado informando a otros organismos del Estado sobre lo que estaba ocurriendo. Y los vuelos siguieron llegando hasta que un reportaje periodístico destapó lo que todos sabían y nadie había detenido.
La DGAC: el eslabón que autorizó y no suspendió
La Dirección General de Aeronáutica Civil ha intentado en las últimas horas acotar su responsabilidad con una respuesta que, aunque formalmente correcta en sus términos técnicos, resulta insuficiente en el contexto de lo que se sabía.
La DGAC señaló que es "un organismo técnico que norma y regula la actividad aérea que se desarrolla en el espacio aéreo nacional", delimitando su rol exclusivamente a materias operativas y de seguridad aérea. No tiene, dice, atribuciones migratorias.
Eso es cierto en términos de diseño institucional. Pero tiene una consecuencia práctica que la DGAC no menciona en su respuesta: si un organismo con atribuciones migratorias le pide formalmente que no autorice vuelos de aerolíneas específicas por razones documentadas de protección de menores, y ese organismo responde derivando el asunto a su Departamento Jurídico sin suspender las operaciones, está tomando una decisión. No es una omisión neutral. Es una decisión de que los vuelos continúen.
La DGAC confirmó que tiene una investigación infraccional abierta contra Arajet "que se encuentra en etapa de cierre". Esa investigación fue iniciada en agosto de 2025. Estamos en junio de 2026. Llevan diez meses en "etapa de cierre" de una investigación sobre una aerolínea que trasladó menores en condiciones irregulares.
Para las otras aerolíneas involucradas —Aruba Airlines y Galistair— la DGAC señaló que las aerolíneas sin certificación reconocida en Chile deben solicitar autorización previa para cada operación, y que estas pueden ser aprobadas "si no cuentan con impedimentos normativos desde el punto de vista aeronáutico", con un límite de hasta 18 operaciones permitidas por norma. Dicho de otra manera: la DGAC podría haber autorizado hasta 18 vuelos de estas aerolíneas sin que eso representara técnicamente ninguna irregularidad aeronáutica, independientemente de quiénes viajaban en ellos y en qué condiciones.
La PDI: el último control que no funcionó
El control migratorio en los aeropuertos chilenos es responsabilidad de la Policía de Investigaciones. Es la PDI quien verifica la documentación de los viajeros, quien debe constatar que los menores que viajan con adultos tienen una relación familiar verificable o una autorización legal equivalente, y quien debe derivar a los tribunales de familia los casos en que esa verificación no sea posible.
El exdirector Thayer fue explícito al señalar que la responsabilidad de verificar que los niños vengan con un adulto responsable con vínculo real recae en la PDI, y que en caso de no poder verificarlo, la obligación es derivar el caso al tribunal de familia.
Que más de 200 niños hayan ingresado al país sin ese vínculo verificado y sin derivación a ningún tribunal de familia indica que la PDI procesó esos ingresos sin activar los protocolos que la ley exige. Si eso ocurrió por falta de capacidad operativa, por ausencia de protocolos claros, o por algo más oscuro, es precisamente lo que la Fiscalía deberá determinar cuando investigue el cohecho de funcionarios públicos.
El ministro Arrau reaccionó correctamente: solicitó de inmediato un informe específico a la PDI sobre este caso. Pero la solicitud de un informe en junio de 2026 no responde la pregunta de por qué la PDI no activó las alertas que debía activar entre 2023 y 2025.
El Ministerio del Interior y la cadena de responsabilidad política
Aquí llega la pregunta que este informe no puede ni debe eludir: ¿quién tenía la responsabilidad política de que todo este sistema funcionara?
El Servicio Nacional de Migraciones depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Durante el gobierno de Boric, ese ministerio fue encabezado por Carolina Tohá. El consulado chileno en Haití, donde se otorgaban las visas que permitían los ingresos, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue encabezado por Alberto van Klaveren.
La Subsecretaría de la Niñez, que debería haber tenido un rol activo en la protección de los menores que ingresaban al país, depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Mejor Niñez —el organismo que reemplazó al Sename y que tiene entre sus funciones la protección de niños en situación de vulnerabilidad, incluidos los menores migrantes no acompañados o en situaciones de riesgo— también depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Todas esas instituciones recibieron alertas. Todas operaron bajo el gobierno de Boric. Ninguna de sus autoridades ha dicho una palabra pública sobre este caso desde que estalló.
Carolina Tohá, que habló sobre "errores" en seguridad, que habló sobre las dificultades de la gestión migratoria en el norte, que construyó durante cuatro años una imagen de ministra capaz y responsable: no ha dicho nada sobre los 200 niños haitianos que desaparecieron bajo su tuición institucional.
Eso también es una respuesta. Y también dice algo sobre el gobierno que representó.
El financiamiento: la hebra que lleva al crimen organizado
El fiscal Campos fue explícito: la Fiscalía deberá indagar el financiamiento de los vuelos. Y esa línea investigativa es potencialmente la más reveladora de todas.
Un vuelo chárter desde Puerto Príncipe a Santiago no tiene el precio de un pasaje en bus. Organizar múltiples vuelos chárter durante meses, con grupos de niños, implica una estructura financiera que no está al alcance de familias haitianas de escasos recursos que buscan reunirse con sus hijos. Alguien pagó esos vuelos. Alguien los coordinó. Alguien gestionó la documentación en Haití y alguien facilitó el ingreso en Chile.
La hipótesis más grave que la Fiscalía no descarta es la siguiente: que exista una red transnacional con presencia en ambos extremos del viaje, con recursos suficientes para financiar vuelos chárter internacionales, con capacidad para obtener documentación en el consulado chileno en Haití —donde las propias autoridades reconocieron dificultades para verificar la autenticidad de los documentos— y con la colaboración, voluntaria o inducida económicamente, de funcionarios del Estado chileno en distintos eslabones de la cadena.
El exdirector Thayer insinuó que podrían estar involucradas fundaciones o entidades intermediarias con presencia en ambos países. Si eso se confirma, estaríamos ante una red de crimen organizado transnacional que usó la figura legítima de la reunificación familiar como pantalla para mover niños a través de las fronteras con fines que la investigación deberá precisar.
¿Cuáles fines? La respuesta más oscura —y la que la Fiscalía tiene la obligación de descartar o confirmar— es la explotación de menores en alguna de sus formas: laboral, sexual, o la adopción irregular. El tráfico de personas no siempre tiene el mismo destino. Pero siempre tiene víctimas. Y en este caso, esas víctimas tienen menos de 18 años.
La comisión investigadora y la dimensión parlamentaria
Diputados del Partido Republicano y de la UDI anunciaron este martes que impulsarán una comisión investigadora en la Cámara para esclarecer el ingreso de niños haitianos al país. Los republicanos consideran además que la investigación debería tener un alcance más amplio sobre el fenómeno migratorio irregular en general.
Una comisión investigadora tiene atribuciones importantes para citar a funcionarios, requerir documentos y construir un registro público de lo que ocurrió. En este caso, las personas que deberían ser citadas son numerosas: el exdirector de Migraciones Thayer, quien ya ha dado información pública pero debe ser interrogado en profundidad; los funcionarios de la DGAC que procesaron las solicitudes de autorización de vuelos; los funcionarios de la PDI que procesaron los ingresos; los representantes de Mejor Niñez; y, de manera central, los exministros del Interior y de Desarrollo Social del gobierno de Boric.
La Defensoría de la Niñez también debería tener un rol en esa comisión: tiene años de oficios documentados que demuestran que el sistema de alertas existía y que fue sistemáticamente ignorado.
Lo que la comisión investigadora no puede reemplazar es la investigación penal. Las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales son categorías distintas. Un ministro puede tener responsabilidad política por omisión sin que eso constituya un delito penal. Y un funcionario de ventanilla puede haber cometido cohecho sin que su ministro lo supiera. La Fiscalía determinará lo segundo. La comisión investigadora deberá determinar lo primero.
Lo que el gobierno de Kast debe hacer ahora
El Presidente Kast reaccionó con la velocidad y el tono correctos. Calificó la situación de "gravísima", anunció colaboración total con la Fiscalía para que "se exijan las responsabilidades que correspondan", y el ministro Arrau solicitó de inmediato un informe a la PDI.
Esas son las respuestas adecuadas al momento. Pero no son suficientes para el mediano y largo plazo. El gobierno de Kast tiene ante sí un conjunto de tareas concretas que este caso hace urgentes.
La primera es colaborar plena y activamente con la Fiscalía, sin ninguna traba burocrática ni política. Eso incluye poner a disposición del Ministerio Público todos los archivos relevantes de las instituciones involucradas, incluidos los del período del gobierno anterior que hoy están bajo custodia del gobierno actual.
La segunda es encontrar a los niños. Esa es la prioridad humanitaria que no admite demora ni excusa. Más de 200 menores de edad con paradero desconocido es una emergencia de protección de la infancia que requiere recursos, coordinación interinstitucional y, si es necesario, cooperación internacional con Haití y otros países donde estos niños podrían estar.
La tercera es reformar de manera urgente y efectiva los protocolos de control migratorio de menores de edad. Los protocolos que en marzo de 2026 todavía estaban "en proceso de ajuste" deben estar implementados antes de que termine este año. No puede haber más reunificaciones familiares sin verificación efectiva del vínculo, sin trazabilidad posterior del menor, y sin coordinación entre Migraciones, PDI, DGAC y los organismos de protección de la infancia.
La cuarta es impulsar activamente la comisión investigadora para que el registro público de lo que ocurrió sea completo, riguroso y no quede sepultado bajo el peso de la investigación penal que naturalmente acaparará la atención mediática.
Y la quinta —que el gobierno debe hacer aunque le sea incómodo en términos de gestión de la coalición— es exigir públicamente que los exfuncionarios del gobierno de Boric con responsabilidad directa en esta cadena de omisiones den explicaciones. No solo ante la Fiscalía. También ante la ciudadanía.
La pregunta que el gobierno de Boric no puede eludir
Gabriel Boric recibe su pensión vitalicia de 17 millones de pesos mensuales desde los 40 años. Circula por festivales en Berlín y Barcelona. Opina sobre los embargos del CAE en redes sociales. Y sobre los 200 niños haitianos que desaparecieron bajo su gobierno, no ha dicho una sola palabra.
Carolina Tohá construyó durante cuatro años la imagen de la ministra más capaz del gabinete de Boric. Ha hablado sobre el legado del gobierno. Sobre la reforma de pensiones. Sobre la situación de seguridad. Y sobre los 200 niños haitianos que desaparecieron bajo su tuición institucional, tampoco ha dicho nada.
Esa es una posición. No es silencio accidental. Es una decisión de no dar la cara ante un escándalo que los compromete directamente.
VDI Global lo dice con toda claridad: el gobierno de Boric tenía la información desde 2023. Los oficios de la Defensoría de la Niñez están fechados. El oficio de Migraciones a la DGAC de julio de 2025 está firmado. La denuncia al Ministerio Público de 2023 existe. La cadena de responsabilidades institucionales es rastreable y documentada.
No fue falta de información. Fue falta de acción. Y esa falta de acción tiene consecuencias humanas concretas: más de 200 niños cuyo paradero se desconoce.
Conclusión: el escándalo que define una época
Chile ha conocido escándalos de corrupción que involucraron cientos de millones de pesos, redes de financiamiento político ilegal, empresarios y políticos en la misma trama. Esos escándalos fueron graves. Muchos de los responsables pagaron consecuencias jurídicas y políticas.
Este es distinto. No porque involucre más dinero. Sino porque involucra niños.
El tráfico de menores es el crimen que ninguna sociedad democrática puede tolerar. Es la violación más extrema de la dignidad humana que un sistema criminal puede perpetrar. Y que ocurra con la complicidad activa o pasiva del Estado —con vuelos autorizados por la DGAC, con ingresos procesados por la PDI, con visas otorgadas por el consulado chileno en Haití— no es solo un crimen. Es una traición institucional de proporciones que este país aún no ha dimensionado completamente.
Lo más grave no son los vuelos irregulares. No es el cohecho que investiga la Fiscalía. No son los oficios ignorados. Lo más grave es que hay más de 200 niños haitianos que el Estado chileno dejó entrar y que hoy no sabe dónde están.
Esos niños tienen nombres. Tienen edades. Tienen historias que comenzaron en uno de los países más golpeados del mundo y que terminaron, por ahora, en el anonimato de una estadística de una investigación penal.
Chile les debe, a esos niños, hacer todo lo que sea necesario para encontrarlos. Y les debe, a los chilenos que pagaron impuestos durante el gobierno de Boric y que confiaron en que ese gobierno cuidaría a los más vulnerables, una explicación completa de por qué no lo hizo cuando todavía podía.
Esa explicación no ha llegado. Y mientras no llegue, el silencio de Boric y de Tohá dirá más sobre ellos que cualquier discurso que puedan dar.
