LA HORA DE LA VERDAD: EL TRICEL FIJA AUDIENCIA PARA EL 7 DE AGOSTO Y DECIDIRÁ SI CLAUDIO ORREGO SIGUE COMO GOBERNADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA

El gobernador Claudio Orrego cerró con éxito todos sus frentes penales: tanto en el caso ProCultura como en la arista de los coachings cuestionados por la Contraloría, la justicia concluyó que no hubo delito. Pero la causa que realmente puede terminar con su gestión sigue viva y ahora tiene fecha: el Tribunal Calificador de Elecciones fijó para el 7 de agosto la audiencia donde resolverá el requerimiento de consejeros regionales opositores que buscan su destitución por notable abandono de deberes y faltas a la probidad. El abogado de los requirentes fue categórico: los triunfos judiciales de Orrego "son irrelevantes" para esta causa.

Un gobernador que ganó todas las batallas penales, menos la que más importa

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana y exmilitante de la Democracia Cristiana, ha tenido en los últimos meses una racha de victorias judiciales que, en cualquier otro contexto, cerraría definitivamente el debate sobre su continuidad en el cargo.

En marzo, la fiscalía regional de la zona Oriente cerró la investigación por los supuestos coachings con fines políticos contratados por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore), una causa que había sido reprochada directamente por la Contraloría General de la República. La fiscalía decidió no perseverar, luego de ejecutar las diligencias correspondientes y no encontrar hechos constitutivos de delito.

Más recientemente, a inicios de junio, Orrego también logró despejar el caso ProCultura. Tras el traslado de la causa a Santiago y el rechazo de un sobreseimiento previo por parte de la Corte de Santiago, el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital decretó finalmente el sobreseimiento definitivo del gobernador.

Con estas dos resoluciones, Orrego puede sostener con fundamento jurídico lo que ha repetido desde que se abrieron ambas investigaciones: que nunca incurrió en actos reñidos con la probidad ni con la normativa vigente. En el plano penal, el gobernador queda, formalmente, sin mancha.

La causa que sigue viva: el requerimiento ante el Tricel

Pero el ámbito penal no es el único terreno donde la conducta de una autoridad pública puede ser juzgada. Consejeros regionales (cores) de oposición, vinculados al Partido Republicano y a la UDI, presentaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) un requerimiento para remover a Orrego de su cargo por supuestas faltas a la probidad y notable abandono de deberes.

Esta es una vía completamente distinta a la penal. Mientras la justicia penal evalúa si hubo delito, el Tricel evalúa si hubo faltas administrativas y éticas suficientemente graves como para justificar la destitución de una autoridad electa, independientemente de si esas conductas alcanzan a configurar un ilícito penal. Son estándares distintos, con consecuencias distintas, y el hecho de que Orrego haya sido sobreseído o que la fiscalía haya decidido no perseverar en lo penal no determina automáticamente el resultado de esta segunda vía.

El proceso ante el Tricel está cerca de su desenlace. El ministro Arturo Prado, presidente de esa instancia, junto a los ministros Adelita Ravanales y Gabriel Ascencio, resolvieron poner en tabla la causa después de que concluyera, hace varias semanas, la etapa probatoria. La vista del requerimiento quedó fijada para el viernes 7 de agosto, a partir de las 15.00 horas.

"Los demás éxitos judiciales son irrelevantes": la posición de los requirentes

El abogado que representa a los consejeros regionales que impulsaron el requerimiento, Álvaro Ferrer, fue categórico al señalar que su parte espera con expectativas la resolución final, porque a su juicio existen pruebas suficientes para avanzar en la destitución del gobernador.

"El Tricel escuchará los alegatos finales y resolverá si el gobernador Claudio Orrego incurrió en notable abandono de deberes y faltas a la probidad. Para ello, los demás éxitos judiciales obtenidos por el gobernador son irrelevantes", declaró Ferrer.

Es una afirmación jurídicamente sólida y que VDI Global comparte en su lógica de fondo: el estándar de notable abandono de deberes y de faltas a la probidad que aplica un tribunal calificador de elecciones no es el mismo estándar penal que exige dolo o participación criminal comprobada. Una autoridad pública puede no haber cometido delito y, al mismo tiempo, haber actuado con negligencia grave, conflicto de interés, o uso indebido de recursos institucionales que justifique perfectamente su remoción del cargo.

Ferrer agregó: "El Tricel resolverá conforme al mérito de este proceso, en el cual existe prueba abundante y categórica. En buena hora, los tribunales y la ciudadanía comprenden que los cargos públicos existen únicamente para el servicio común y no para el beneficio personal".

Esa última frase resume exactamente el principio anticorrupción que VDI Global aplica de manera uniforme a todos los partidos y autoridades, sin distinción de color político: los cargos públicos no son patrimonio personal de quien los ocupa, y la ausencia de delito penal no exime de responsabilidad administrativa cuando existe evidencia de uso indebido de recursos o de favorecimiento a círculos cercanos.

Los hechos que se le reprochan a Orrego

El requerimiento presentado por los consejeros regionales de oposición apunta a un conjunto de conductas específicas: contrataciones directas con vínculos personales del gobernador, supuestos traspasos cuestionados de recursos a fundaciones, y un presunto uso de recursos institucionales para beneficio electoral. Todo esto sustentado en antecedentes que se ventilaron durante los propios procesos penales que, en su dimensión estrictamente delictual, terminaron sin condena para Orrego.

Aquí está el punto central que conviene subrayar con claridad: que un fiscal decida no perseverar en una causa penal, o que un tribunal de garantía decrete un sobreseimiento definitivo, no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido. Significa que, conforme al estándar penal —que exige probar dolo y responsabilidad criminal individual más allá de toda duda razonable— no se reunieron los elementos suficientes para sostener una acusación. Pero esos mismos hechos, evaluados bajo el estándar administrativo y ético que aplica el Tricel, pueden perfectamente constituir una falta a la probidad.

Los propios consejeros regionales de oposición han sido explícitos en este punto: una cosa es que no haya delito en los hechos denunciados e investigados, y otra completamente distinta es que no existan faltas administrativas que merezcan ser sancionadas con la máxima rigurosidad.

El caso del coaching: el antecedente que la Contraloría no dejó pasar

Uno de los elementos más concretos que sustenta el requerimiento es la contratación de un servicio de coaching por 31.366.179 pesos a la empresa Vera y Asociados S.A., realizada vía trato directo por el Gobierno Regional Metropolitano.

La defensa de Orrego atribuyó esa asesoría a una "línea de apoyo a la gestión institucional". La Contraloría General de la República, sin embargo, llegó a una conclusión distinta: determinó que la contratación tenía contenido político electoral, una calificación que cambia completamente la naturaleza del gasto. No se trataría de una asesoría de gestión pública legítima, sino de un uso de recursos del Gore con fines de proyección política personal del gobernador.

La defensa de Orrego presentó una solicitud de reconsideración ante ese dictamen. La Contraloría, encabezada por la contralora general Dorothy Pérez, la rechazó, reafirmando sus observaciones respecto de las irregularidades detectadas en esa contratación, en un documento de veinte páginas que detalló una serie de faltas.

Que el máximo organismo de control administrativo del Estado chileno haya sostenido su posición incluso después de una solicitud formal de reconsideración es un antecedente de peso considerable para la audiencia del 7 de agosto. No es la opinión de un adversario político: es la conclusión técnica del organismo fiscalizador por excelencia del aparato público chileno.

La posición de VDI Global: separar el debate penal del debate de probidad

VDI Global ha sostenido en esta sesión editorial, de manera consistente, que la anticorrupción no se mide solo en sentencias penales. Se mide también en estándares de probidad, de uso adecuado de recursos públicos, y de separación entre el interés institucional y el interés personal o electoral de quien ocupa un cargo público.

Bajo ese criterio, el hecho de que Orrego haya sido sobreseído en lo penal no cierra el debate sobre si su gestión cumplió con los estándares de probidad que la ciudadanía tiene derecho a exigir de una autoridad regional. Son preguntas distintas, que requieren respuestas distintas, y el Tricel es precisamente la instancia diseñada constitucionalmente para responder la segunda.

Al mismo tiempo, VDI Global aplica este principio con la misma vara a todos los sectores políticos, sin excepción. Orrego es un exmilitante de la Democracia Cristiana, no de la izquierda dura ni de la derecha. El escrutinio que este medio aplica a su gestión responde al mismo estándar anticorrupción que ha aplicado en esta sesión a Longueira, a Matthei, a Ossandón, al gobierno de Boric en el caso CAE, y a las municipalidades por los permisos de circulación irregulares. La probidad no tiene color político, y el Tricel hará bien en evaluar este caso exclusivamente con ese criterio.

Lo que viene: una fecha que puede definir el futuro político de Orrego

La audiencia del 7 de agosto será, en los términos que el propio abogado de los requirentes utilizó, "la hora de la verdad" para Claudio Orrego. El Tricel escuchará los alegatos finales de ambas partes y resolverá sobre el fondo del requerimiento, en un proceso donde la etapa probatoria ya concluyó hace varias semanas.

Si el Tricel determina que existió notable abandono de deberes o faltas a la probidad, Orrego podría ser destituido de su cargo como gobernador de la Región Metropolitana, independientemente de que en el plano penal haya quedado completamente libre de cargos. Si, en cambio, el tribunal considera que la evidencia no alcanza el estándar exigido para la destitución, Orrego podría continuar su gestión hasta el término regular de su mandato.

VDI Global seguirá este proceso con el rigor que corresponde, sin prejuzgar el resultado de la audiencia, pero sosteniendo con firmeza el principio de que la ausencia de responsabilidad penal no equivale automáticamente a la ausencia de responsabilidad administrativa. Esa distinción es exactamente lo que el Tricel deberá resolver el 7 de agosto.

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