La expresidenta Michelle Bachelet recibió este jueves un duro golpe en su aspiración a convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas: en la primera votación exploratoria secreta del Consejo de Seguridad, quedó ubicada en un virtual cuarto lugar entre los siete candidatos en competencia, lejos del liderazgo cómodo que exhibe la costarricense Rebeca Grynspan. El resultado confirma lo que esta columna ya anticipaba como una lectura razonable del escenario: Bachelet insiste en un sitial que, a la luz de la evidencia disponible sobre su respaldo internacional real, su historial cuestionado en derechos humanos durante su paso por la ONU, y la pérdida del patrocinio de su propio país bajo el actual gobierno de José Antonio Kast, no le corresponde ocupar.

El mecanismo: los "straw polls" y su lógica de descarte progresivo

Para comprender la magnitud del revés que sufrió Bachelet, es necesario entender primero cómo funciona el proceso de selección del secretario general de la ONU. Los llamados "straw polls" son consultas informales y secretas que realizan los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, en las que cada representante debe marcar una papeleta con tres opciones posibles frente a cada candidato: "encourage" (aliento), "discourage" (desaliento) o abstención sin opinión. La sesión de este jueves, realizada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue presidida por el embajador de República Democrática del Congo, mientras los representantes de Bahréin y Pakistán actuaron como escrutadores de los votos. No hay funcionarios de la Secretaría presentes en la sala, no queda registro oficial del resultado y las papeletas se destruyen inmediatamente después del conteo, por lo que los candidatos solo conocen los resultados a través de los países que los patrocinan.

Pese a ese blindaje formal de confidencialidad, es habitual que los países con los candidatos mejor posicionados filtren los resultados a medios especializados en la cobertura de Naciones Unidas, como Reuters y PassBlue, que fueron las fuentes que permitieron reconstruir el resultado completo de esta primera ronda.

Los resultados: Bachelet, empatada en el cuarto lugar

El resultado de esta primera votación exploratoria fue elocuente. La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo la mejor votación de toda la ronda, con 10 países alentando su candidatura, solo uno desalentándola y cuatro absteniéndose de opinar. Detrás de ella apareció una de las sorpresas del proceso, la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, con una votación notablemente similar: nueve alientos, dos desalientos y cuatro abstenciones. En tercer lugar quedó el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y figura cercana al presidente Javier Milei, con siete apoyos, dos rechazos y seis países que prefirieron no manifestarse.

Bachelet, patrocinada formalmente por México y Brasil, quedó en un cuarto lugar que comparte, en número de votos positivos, con el expresidente de Senegal, Macky Sall: ambos recibieron seis alientos. La diferencia entre ambos radica en los rechazos: Sall recibió siete desalientos, uno más que la expresidenta chilena, que sumó cinco votos en contra y cuatro abstenciones. Cierran la lista la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, con cinco apoyos, dos rechazos y ocho abstenciones, y el ugandés Olara Otunnu, quien se sumó a la carrera apenas horas antes de esta primera votación y obtuvo solo dos apoyos, cinco rechazos y ocho abstenciones.

Es un dato revelador, y que esta columna considera central para dimensionar correctamente el resultado, que los tres candidatos mejor posicionados de esta primera ronda pertenezcan al grupo regional de América Latina y el Caribe —Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi—, precisamente la región que, según la rotación geográfica informal que se ha ido consolidando en la práctica de Naciones Unidas, muchos consideran que debería ocupar el cargo tras el mandato del portugués António Guterres. Bachelet, pese a representar formalmente a ese mismo bloque regional, quedó fuera del podio de los tres mejor posicionados dentro de su propia región, un dato que por sí solo debilita el argumento de que su candidatura representa, de manera natural o preferente, la aspiración latinoamericana al cargo.

El origen de la debilidad: la pérdida del patrocinio chileno

Uno de los elementos más relevantes de este proceso, y que esta columna ya había anticipado como un factor de fragilidad estructural para la candidatura de Bachelet, es que su propio país de origen no la patrocina oficialmente. La candidatura de la expresidenta fue impulsada originalmente por el gobierno de Gabriel Boric en 2025, pero tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el actual gobierno decidió retirarle ese patrocinio, dejando a Bachelet dependiendo exclusivamente del respaldo de México y Brasil para sostener su candidatura ante la comunidad internacional.

Esta decisión del gobierno de Kast, que en su momento generó cuestionamientos desde sectores de oposición, adquiere hoy una lectura distinta a la luz de este resultado: que ni siquiera el propio Estado chileno respalde oficialmente a su candidata más visible en la carrera por la Secretaría General de la ONU es una señal que otros países del Consejo de Seguridad difícilmente pueden ignorar al momento de evaluar el peso real de su candidatura. Un aspirante a liderar el organismo multilateral más importante del mundo necesita, como mínimo, la cohesión y el respaldo pleno de su propio país de origen; la ausencia de ese respaldo formal chileno es, en los hechos, una fragilidad que ningún otro candidato mejor posicionado de esta ronda enfrenta respecto de sus propios gobiernos.

El veto que realmente importa: la posición de Estados Unidos

Más allá del resultado numérico de esta primera ronda, el elemento más decisivo de todo el proceso —y el que esta columna considera la verdadera piedra de tope para las aspiraciones de Bachelet— es la posición que adopte Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, junto a China, Rusia, Reino Unido y Francia. Un voto de "desaliento" por parte de cualquiera de estos cinco países equivale, en la práctica, a un veto que inhabilita por completo a un candidato para continuar en la competencia, independientemente de cuántos otros países lo respalden.

Al término de la votación de este jueves, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se acercó a los medios de comunicación para entregar una declaración que fue interpretada como una señal de cautela deliberada: "dejaremos que el proceso siga su curso. Necesitamos un secretario general que reforme esta institución, que la haga más austera, más adecuada para cumplir su propósito y más relevante en el escenario internacional". Waltz agregó que el proceso completo podría tardar "meses", una declaración que los analistas interpretaron en el sentido de que Washington aún no cuenta con un candidato definido ni ha encontrado en ninguno de los actuales postulantes uno que le convenza plenamente como para respaldarlo desde ya.

Los antecedentes que pesan contra Bachelet ante Washington

Lo más relevante para evaluar las verdaderas chances de Bachelet es un antecedente que esta columna considera decisivo: ya en abril de este año, el propio Waltz —una figura muy cercana a Donald Trump— había cuestionado públicamente la candidatura de la expresidenta chilena, haciéndose eco de críticas específicas sobre su desempeño como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, particularmente en lo relativo a su postura frente a las violaciones de derechos humanos en China, y sobre su posición favorable al aborto. Waltz añadió en esa oportunidad que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, compartía esas mismas críticas hacia la figura de Bachelet.

Este antecedente es crucial porque confirma que la resistencia estadounidense hacia Bachelet no es una novedad surgida de esta primera votación, sino una posición ya conocida y sostenida desde hace meses por dos de las figuras de política exterior más influyentes de la administración Trump. La gestión de Bachelet al frente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos fue, en efecto, objeto de fuertes cuestionamientos internacionales por la publicación tardía —y en opinión de numerosas organizaciones de derechos humanos, insuficientemente contundente— de un informe sobre la situación de la minoría uigur en la región china de Xinjiang, un informe que se dio a conocer apenas minutos antes de que ella dejara el cargo, tras años de presión internacional para que se hiciera público. Esa gestión, sumada a su reconocida posición favorable al derecho al aborto —un tema que divide profundamente a la actual administración estadounidense de otros gobiernos con posturas más progresistas en la materia—, configura un perfil que choca de manera directa con las prioridades y sensibilidades de la Casa Blanca actual.

La defensa del entorno de Bachelet: "lo de hoy es solo la primera ronda"

El círculo cercano a la expresidenta ha intentado, comprensiblemente, moderar el impacto político de este resultado. La excanciller Antonia Urrejola, una de las voces más autorizadas del entorno de Bachelet, ofreció una explicación técnica sobre las etapas que aún restan del proceso: "el proceso de selección tiene muchas instancias y es bien engorroso. Lo de hoy es la primera. Y es un sondeo (...) la lógica es de descarte más que de elección. Se repite ronda tras ronda hasta que eso queda claro. Con Guterres fueron seis rondas. Acá se esperan por lo menos cinco más. Después, cuando el Consejo decide que ya es hora de mostrar las cartas, se pasa a papeleta de color: los cinco permanentes votan en rojo, y los diez electos, en blanco".

Urrejola fue explícita en señalar cuál es, a su juicio, el verdadero punto de inflexión del proceso: "ahí un 'desaliento' en rojo se lee como veto anunciado, y ahí recién sabes quién está definitivamente fuera de la carrera y quién no. Ese es el verdadero punto de inflexión del proceso, no el de hoy". Sin desconocer la validez técnica de este argumento —en efecto, la elección de Guterres en 2016 se resolvió tras cinco rondas de votación entre julio y octubre, con eliminación progresiva de los candidatos con menor apoyo—, esta columna considera que restarle importancia al resultado de esta primera ronda por su carácter "solo exploratorio" es, en el mejor de los casos, una lectura parcial de la realidad: si bien es cierto que las votaciones posteriores pueden modificar el orden, también es cierto que los candidatos que parten rezagados en las primeras rondas suelen enfrentar enormes dificultades para revertir esa tendencia, precisamente porque la percepción de debilidad inicial condiciona las negociaciones de pasillo que se desarrollan en paralelo a cada ronda formal.

Las negociaciones de pasillo: el terreno más opaco del proceso

Uno de los aspectos menos conocidos, pero más determinantes, de este proceso es lo que ocurre entre una votación y otra: negociaciones reservadas en las que los distintos candidatos ofrecen, de manera informal, altos cargos dentro de la estructura de Naciones Unidas a ciudadanos de los cinco países con derecho a veto, como forma de asegurar su respaldo o al menos neutralizar su oposición. Este mecanismo, pese a estar formalmente prohibido por al menos 15 resoluciones de la Asamblea General de la ONU desde 1980, sigue operando en la práctica: Estados Unidos ha controlado el Departamento de Asuntos Políticos desde 2007, Francia ha controlado el Departamento de Operaciones de Paz con cinco franceses consecutivos al mando, China ha controlado el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) con cuatro funcionarios chinos consecutivos, y Reino Unido ha controlado la coordinación humanitaria (OCHA) desde 2006.

Esta arquitectura informal de reparto de poder implica que la elección del secretario general no depende exclusivamente del mérito o del perfil profesional de cada candidato, sino también de su capacidad —o la de sus países patrocinadores— de ofrecer garantías de reparto de cargos que satisfagan a los cinco miembros permanentes. En este terreno, precisamente, la debilidad del respaldo formal chileno hacia Bachelet vuelve a jugar en su contra: sin el peso institucional pleno de su propio país de origen, su margen de negociación en este tipo de acuerdos de pasillo se ve necesariamente limitado frente a candidatos que sí cuentan con el respaldo estatal completo de sus respectivos gobiernos.

Lo que viene: el debate de Montevideo y las próximas rondas

Pese al revés de esta primera medición, Bachelet no ha suspendido su campaña. Hasta el cierre de esta nota, la expresidenta se había reunido y conversado ya con altos representantes de 14 de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, incluyendo a las diez naciones rotativas sin poder de veto: Somalia, Liberia, República Democrática del Congo, Dinamarca, Letonia, Grecia, Panamá, Colombia, Bahréin y Pakistán. El país pendiente en esa ronda de contactos es, significativamente, el propio Estados Unidos, cuya posición definitiva sigue siendo la gran incógnita del proceso.

Actualmente en Chile, Bachelet ya prepara su viaje de regreso a Uruguay, donde el próximo 3 de agosto se realizará un nuevo debate entre los distintos candidatos a la Secretaría General, en el marco de la ronda de audiencias públicas que acompaña este proceso de selección. Ese debate, y las rondas de votación exploratoria que previsiblemente se sucederán en las semanas siguientes —el propio precedente de la elección de Guterres sugiere que podrían necesitarse al menos cinco rondas adicionales—, serán el verdadero termómetro de si la candidatura de Bachelet logra revertir esta posición desfavorable, o si confirma la tendencia que esta primera medición ya dejó entrever.

Lectura editorial: por qué esta candidatura insiste en un sitial que no le corresponde

Esta columna sostiene que el resultado de esta primera votación no es un simple accidente de proceso, sino la confirmación de un diagnóstico que ya era razonable sostener antes de esta ronda exploratoria: Michelle Bachelet insiste en aspirar a un cargo de la máxima relevancia internacional pese a acumular, simultáneamente, tres debilidades estructurales que ningún otro candidato mejor posicionado enfrenta con la misma intensidad. Primero, la ausencia del respaldo pleno de su propio país de origen, tras la decisión del gobierno de Kast de retirarle el patrocinio oficial que le había otorgado la administración anterior. Segundo, un historial cuestionado en su gestión como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, particularmente en lo relativo a su manejo de la situación de la minoría uigur en China, que hoy es utilizado activamente por la administración Trump como argumento para resistir su candidatura. Tercero, una posición sobre el aborto que la enfrenta directamente con las sensibilidades de uno de los cinco países con poder de veto sobre su candidatura, en momentos en que ese mismo país ya ha manifestado abiertamente sus reparos hacia su figura.

La combinación de estos tres factores no es, en absoluto, un cúmulo de circunstancias adversas puramente coyunturales: refleja, más bien, un patrón consistente de decisiones y posiciones que la propia Bachelet adoptó a lo largo de su carrera, y cuyo costo político hoy se materializa en el terreno donde más pesa este tipo de antecedentes: la evaluación reservada y sincera que los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU hacen de cada candidato, sin las presiones de la opinión pública que sí condicionan otros procesos electorales. Que Bachelet haya quedado empatada en el cuarto lugar con el expresidente de un país africano sin respaldo continental propio, y por detrás de tres candidatos latinoamericanos que si acaso comparten con ella la región de origen, es la evidencia más clara hasta ahora de que su aspiración a la Secretaría General de Naciones Unidas enfrenta un desafío que trasciende ampliamente el mero trámite protocolar de una primera ronda exploratoria.

Conclusión: el proceso continúa, pero la señal ya fue enviada

Esta columna reconoce, con el mismo rigor que exige cualquier análisis político serio, que el proceso formal de elección del secretario general de la ONU está lejos de concluir, y que la propia experiencia histórica de procesos anteriores —como el que culminó con la elección de Guterres en 2016, tras seis rondas de votación— demuestra que los resultados de una primera ronda exploratoria no son necesariamente definitivos. Sin embargo, la combinación específica de factores que hoy debilita la candidatura de Bachelet —la falta de respaldo estatal chileno pleno, el historial cuestionado en derechos humanos que ya fue señalado explícitamente por figuras clave de la administración Trump, y una posición ideológica sobre el aborto que choca con las sensibilidades de uno de los cinco países con poder de veto— configura un escenario en el que insistir en esta candidatura, sin abordar de frente ninguna de esas tres debilidades estructurales, corre el riesgo de convertirse en la persecución de un sitial que, a la luz de la evidencia disponible hasta ahora, la comunidad internacional no parece dispuesta a concederle con la facilidad que su entorno más cercano ha proyectado públicamente.