A poco más de cuatro meses de haber asumido, el gobierno de José Antonio Kast acumula ya 36 autoridades que han dejado sus cargos: dos ministras, cinco subsecretarios y 29 seremis, en un listado que incluye renuncias, remociones, nombramientos frustrados y desvinculaciones por motivos que van desde críticas de gestión hasta resultados positivos en exámenes de drogas. Esta columna ha documentado extensamente, en coberturas anteriores, episodios puntuales de esta crisis de gestión de personas —la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert, el caso del subsecretario de Hacienda con test de drogas positivo—, pero el listado completo, sistematizado ahora en su totalidad, revela algo más grave que la simple acumulación de episodios aislados: un patrón estructural de falta de rigor en los procesos de nombramiento que constituye una responsabilidad directa e ineludible del propio gobierno, independientemente de que la conducta individual de cada autoridad saliente merezca, en cada caso específico, un juicio distinto.

El panorama completo: 36 salidas en 133 días de gobierno

El desglose que compiló Emol, y que esta columna reproduce con el detalle que merece por su valor como documento de seguimiento político, muestra una cronología casi ininterrumpida de salidas desde el 26 de marzo —apenas 15 días después de la instalación del gobierno— hasta el 31 de julio, cuando se conoció la renuncia del seremi de Vivienda del Maule, Patricio Ponce. En ese lapso de poco más de cuatro meses, prácticamente no hubo semana sin al menos una salida, remoción o nombramiento frustrado, un ritmo que por sí solo constituye una anomalía respecto de cualquier estándar razonable de estabilidad en la conducción de un gobierno recién instalado.

Categoría 1: la falla más grave y más evitable — nombramientos sin verificar requisitos básicos

Esta columna considera que el conjunto de casos más grave, y el que sostiene con mayor solidez el titular de esta pieza, es el de las autoridades que debieron dejar sus cargos —o cuyo nombramiento debió desistirse antes siquiera de asumir— por no cumplir con requisitos legales básicos y perfectamente verificables de antemano. El caso de Jorge Ravelo, cuyo nombramiento como seremi de Energía de Los Lagos se retiró por no contar con estudios superiores de una carrera de al menos diez semestres de duración, es el ejemplo más elocuente: se trata de un requisito objetivo, establecido por ley, que cualquier proceso mínimamente riguroso de verificación de antecedentes debería haber detectado antes de anunciar públicamente el nombramiento, no después.

Ese mismo patrón se repite en al menos cuatro casos adicionales: Lizet Tapia, seremi de Desarrollo Social de Antofagasta, debió renunciar porque su Licenciatura en Historia solo cuenta con ocho semestres académicos, por debajo del mínimo exigido; Anggel Colque dejó la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de esa misma región por no contar con título profesional, al ser egresada de Derecho sin haber rendido el examen correspondiente; Nataly Cruz duró apenas ocho días como seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no acreditar la experiencia profesional mínima exigida desde la obtención de su título; y Viviana Torres debió dejar la Seremi del Trabajo de Coquimbo por una razón idéntica, un requisito académico que no cumplía. A esto se suma el caso de Gustavo Baehr, quien dejó la Seremi de las Culturas de la Región Metropolitana a solo dos semanas de su nombramiento, tras ser cuestionado por no tener experiencia en el área.

Es imposible sostener, frente a esta acumulación de casos idénticos en su naturaleza, que se trate de errores aislados o de mala fortuna: son, en los hechos, la evidencia de que el equipo encargado de la selección y nombramiento de autoridades regionales del gobierno de Kast no verificó, de manera sistemática y antes de hacer pública cada designación, el cumplimiento de requisitos legales básicos que son de conocimiento público y de fácil comprobación. Esta es, sin matices, una responsabilidad exclusiva y absoluta del propio gobierno: ninguna de estas personas mintió sobre su propia formación académica de manera oculta o difícil de detectar; simplemente, nadie en el proceso de selección se tomó el trabajo de verificar información que estaba disponible con una simple consulta a los registros académicos correspondientes.

Categoría 2: nombramientos frustrados por publicaciones antiguas en redes sociales

Un segundo grupo de casos, igualmente evitable con un mínimo de diligencia previa, corresponde a nombramientos que debieron desistirse antes de concretarse por publicaciones antiguas en redes sociales de los propios designados. El caso de Alexander Nanjarí, cuyo nombramiento como seremi de Educación del Biobío se retiró 24 horas después de haberse anunciado, tras conocerse publicaciones suyas sobre diferencias de edad en relaciones amorosas —"10 años de diferencia es un problema?", "10 años no son nada", "mucho mejor si es más joven"—, es un ejemplo particularmente bochornoso: se trata de contenido públicamente disponible en redes sociales, no de información oculta o de difícil acceso, que cualquier revisión mínima del perfil digital de un candidato a una cartera de Educación debería haber detectado antes de anunciar su designación, no después de que se hiciera viral.

El caso de Patricia Dinamarca, cuya asunción como seremi de Educación de Los Lagos nunca se concretó tras conocerse publicaciones antiguas en que respaldaba manifestaciones del estallido social, sigue el mismo patrón: información pública, verificable de antemano, que terminó generando un bochorno evitable para el propio gobierno. Y el caso de Aldo Ibani, primera salida confirmada del gobierno, vinculado a la presunta venta de productos falsificados durante su época universitaria, revelada también a través de redes sociales, completa este patrón de designaciones anunciadas sin el debido escrutinio digital previo.

Categoría 3: los casos que sí corresponden a responsabilidad individual, no gubernamental

Es necesario, con el mismo rigor que exige cualquier análisis serio, distinguir estos casos de aquellos que corresponden, en cambio, a la responsabilidad individual y no institucional de quien ocupaba el cargo. El caso más reciente y de mayor perfil es el del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien presentó su renuncia tras conocerse que el análisis de una muestra de un test de drogas realizado en junio arrojó un resultado positivo, pese a que aún está pendiente el resultado de la contramuestra y a que el propio exsubsecretario insiste en que el examen contiene un error, habiendo anunciado que se someterá a nuevos exámenes para "demostrar, con total transparencia" que cumple con los estándares exigidos. Esta columna considera que, en este caso específico, la responsabilidad —de confirmarse el resultado— recaería en la conducta personal del propio exsubsecretario, no en un fallo de proceso del gobierno, que además actuó con la celeridad esperable al solicitar su renuncia apenas conocido el resultado preliminar.

De manera similar, casos como el del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, cuya renuncia fue solicitada por el Minsal tras conocerse una investigación del Ministerio Público por presuntos delitos sexuales que derivó en su detención, o el del seremi de Trabajo de Tarapacá, Cristián Cabezas, quien enfrentaba dos denuncias por acoso y maltrato laboral bajo la Ley Karin, corresponden a conductas que, de confirmarse judicial o administrativamente, serían enteramente atribuibles a la responsabilidad personal de cada individuo, no a una falla de diseño institucional del gobierno. Lo mismo aplica al caso de Jorge Salazar, contra quien surgieron acusaciones por presuntas irregularidades durante su gestión previa como presidente de Deportes Valdivia, un antecedente de su trayectoria anterior al cargo público que ocupaba.

Categoría 4: conflictos internos y "diferencias" que sí reflejan un problema de coordinación gubernamental

Existe un tercer grupo de casos que ocupa un terreno intermedio, pero que esta columna considera igualmente atribuible, en gran medida, a fallas de diseño y coordinación del propio gobierno: las salidas motivadas por conflictos internos entre autoridades de una misma cartera. El caso del exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, quien renunció por "profundas diferencias de fondo y forma" con la ministra Ximena Lincolao respecto de una reestructuración que incluiría despidos, y el caso de Daniela Castro, removida como subsecretaria de la Mujer por su conflictiva relación con la ministra Judith Marín, son ejemplos de un patrón que esta columna ya documentó extensamente en su cobertura sobre el testimonio de Mara Sedini: la ausencia de mecanismos claros de resolución de conflictos internos antes de que estos escalen públicamente, un problema de diseño que corresponde exclusivamente a la responsabilidad del Ejecutivo en la conformación de sus equipos.

Categoría 5: el listado de renuncias por "motivos personales" que exige mayor transparencia

Un grupo numeroso de esta lista corresponde a renuncias explicadas bajo la fórmula genérica de "motivos personales", que incluye desde el excéntrico caso del actor de teleseries Renato Münster, quien duró un solo día como seremi de Culturas y las Artes de la Región Metropolitana, hasta al menos ocho casos adicionales —Patrick Dungan, Ángela Valdebenito, Diego Muñoz, Carlos Montero, Camila Alonso, Karina Trujillo, Mauricio Montealegre, Francisco Farías y Mario Sepúlveda— cuyas razones específicas de salida no fueron detalladas públicamente por el propio gobierno. Esta columna considera que la reiteración de esta fórmula genérica, en un número tan elevado de casos, plantea legítimas dudas sobre si detrás de esa etiqueta uniforme se esconden, en realidad, evaluaciones de desempeño insatisfactorias, conflictos internos no explicitados, o simplemente un proceso de selección tan apresurado que terminó designando a personas cuya idoneidad para el cargo resultó cuestionable una vez en funciones. La opacidad de esta explicación estándar es, en sí misma, un problema de transparencia que corresponde exclusivamente al propio gobierno resolver, ofreciendo explicaciones más específicas a la ciudadanía sobre el desempeño real de cada autoridad saliente.

Por qué el titular de esta columna está justificado: la responsabilidad del proceso, no de cada individuo

Esta columna sostiene que la "responsabilidad absoluta del gobierno" a la que alude el titular no se refiere a que cada una de las 36 salidas sea, individualmente, culpa exclusiva de La Moneda —como ya se estableció, casos como el test de drogas o las denuncias por acoso laboral corresponden a la conducta personal de cada autoridad—, sino a que el patrón sistemático de fallas en el proceso de selección y verificación de antecedentes —requisitos académicos no verificados, publicaciones en redes sociales no revisadas, conflictos internos no anticipados entre ministros y subsecretarios— es, en su conjunto, una responsabilidad institucional que recae exclusivamente sobre quienes diseñaron y ejecutaron el proceso de conformación de los equipos de gobierno desde el nivel central. Un gobierno que se presentó a la ciudadanía bajo la promesa explícita de eficacia y gestión técnica, como esta columna ya documentó en su análisis sobre la caída de aprobación de Kast, no puede eludir la responsabilidad de que, en apenas cuatro meses, 29 de sus seremis regionales hayan tenido que dejar sus cargos, muchos de ellos por fallas de verificación que cualquier proceso mínimamente riguroso de debida diligencia habría detectado antes, y no después, de anunciar cada nombramiento.

El costo político y de gestión que esto representa

Más allá del bochorno mediático puntual de cada caso, esta rotación acelerada de autoridades tiene un costo real en la capacidad de gestión del Estado: cada seremi que asume por pocas semanas o pocos días antes de renunciar representa tiempo perdido en la instalación de políticas regionales, recursos administrativos destinados a procesos de nombramiento que debieron repetirse, y una señal de inestabilidad que dificulta la coordinación efectiva entre el nivel central y las regiones, precisamente en un período en que el gobierno de Kast ha debido enfrentar emergencias de la magnitud del sistema frontal que esta columna ha cubierto extensamente, y que exige coordinación regional sólida y sostenida en el tiempo, no autoridades que apenas alcanzan a familiarizarse con sus funciones antes de dejar el cargo.

Lo que corresponde exigir: un proceso de selección con estándares mínimos de verificación

Esta columna exige al gobierno de Kast una revisión completa y pública de su proceso de selección y nombramiento de autoridades regionales, que incorpore, como mínimo, la verificación previa y sistemática de los requisitos legales de cada cargo —formación académica, experiencia profesional mínima— antes de anunciar cualquier designación, así como una revisión razonable del historial público en redes sociales de cada candidato, un estándar de diligencia que cualquier empresa privada de tamaño mediano exige hoy en sus propios procesos de contratación, y que no hay razón institucional válida para que el Estado chileno no aplique con el mismo rigor a sus propias autoridades públicas. La reiteración de este tipo de fallas, más allá del cuarto o quinto mes de gobierno, dejaría de ser una explicación razonable atribuible a la etapa de instalación, y pasaría a confirmar un problema estructural y persistente de gestión de personas que el propio gobierno de Kast tiene la responsabilidad ineludible de corregir.