El viernes 24 de julio, un grupo de entre seis y diez estudiantes del Instituto Nacional José Miguel Carrera lanzó cerca de diez bombas molotov contra personal de Carabineros apostado en la vereda del liceo. Una de ellas impactó un automóvil estacionado en Arturo Prat, a metros del establecimiento. En el asiento trasero viajaban dos niños de 6 y 7 años. El vehículo comenzó a arder por la rueda delantera izquierda; una persona corrió hasta el auto, abrió la puerta trasera y sacó a ambos menores ilesos, según el registro que difundió Carabineros. Una semana después, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro presentó una querella por homicidio simple frustrado contra tres estudiantes de esa institución, en un expediente judicial —de carácter público— admitido por el 7° Juzgado de Garantía.

Esta columna reconstruyó, a partir del expediente judicial y de los antecedentes disponibles sobre los hechos previos de este caso, una cronología que no comienza el 24 de julio, sino varios meses antes.

Lo que dice, palabra por palabra, la querella del SLEP

El texto de la acción penal describe que uno de los encapuchados "desplegó una conducta idónea y directamente encaminada a producir la muerte de las personas que ocupaban el habitáculo cerrado e inflamable del automóvil". La pieza jurídica central de la querella es que la muerte de los menores "no se verificó por causas enteramente ajenas a su voluntad", sino por la intervención de un tercero que los rescató y entregó a su madre. Sobre esa base, el SLEP pide investigar, además del homicidio frustrado, los delitos de desórdenes públicos, incendio, uso de artefactos incendiarios, daños calificados y porte de arma cortante, contundente o herramienta usada como arma —tanto contra los tres estudiantes identificados en el expediente (dos de 17 años y uno de 16, cuyos nombres esta columna omite por tratarse de menores de edad) como contra "quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores".

El 24 de julio, reconstruido en detalle

El fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmó a la prensa el mismo viernes que "un grupo de alrededor de seis a siete estudiantes del Instituto Nacional comenzaron a horas de la mañana a lanzar elementos incendiarios a personal de Carabineros"; otros antecedentes policiales hablaron de un grupo de entre ocho y diez. El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9 de Carabineros, confirmó la detención en flagrancia de dos menores de 16 y 17 años, quienes horas más tarde fueron formalizados por lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

La rectora subrogante del establecimiento, Sandra Aravena, presentó ante la Fiscalía una denuncia de tres páginas con detalles adicionales sobre esa jornada: los registros de video muestran previamente a cuatro encapuchados con overoles blancos preparando las bombas molotov en el patio del establecimiento, con un quinto vigilando con un palo en la mano, mientras un grupo de estudiantes con uniforme presenciaba la escena agolpado. Según ese mismo informe, a las 08:55 horas aproximadamente, personal de apoyo a la educación ya había advertido que más de seis estudiantes se dirigían a un baño clausurado del cuarto piso "al parecer con claras intenciones de cambiarse de ropa", una alerta que —de confirmarse su cronología exacta en la investigación— sugiere que hubo una ventana de tiempo, antes del ataque, en la que la situación pudo haberse contenido.

No es la primera querella: al menos la quinta desde mayo

El propio expediente de la querella del 24 de julio sitúa estos hechos dentro de "un patrón de actos violentos y coordinados" que afecta a los establecimientos del SLEP desde el inicio del año escolar 2026. Los antecedentes disponibles confirman que esta caracterización no es retórica: se trata, en efecto, de una seguidilla de episodios con querellas propias.

• 28 de mayo de 2026: un encapuchado con overol blanco lanzó una bomba molotov contra un periodista de un equipo de prensa que cubría incidentes en el Instituto Nacional. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que su municipio presentaría una querella y declaró a la prensa que "no descartamos desde un homicidio frustrado a algún otro tipo de delitos", agregando que el trabajo conjunto con la Fiscalía Centro Norte y Carabineros ya había derivado, desde el año anterior, en que "más de una veintena de exestudiantes de esos establecimientos" quedaran con medidas cautelares por casos de violencia extrema.
• 31 de mayo de 2026: Desbordes fue crítico de la gestión del SLEP, llegando a afirmar que los liceos a su cargo "han retrocedido al mismo estado como si hoy nos estuviera gobernando el Partido Comunista" —una valoración política que esta columna atribuye expresamente al alcalde, sin adoptarla como propia— y confirmó que la querella municipal por homicidio frustrado ya había sido admitida a tramitación.
• 16 de junio de 2026: el Instituto Nacional debió suspender clases presenciales y pasar a modalidad online tras una amenaza de tiroteo, cuyas primeras pesquisas apuntaban a exalumnos recientemente desvinculados del establecimiento. El presidente José Antonio Kast condenó los hechos en esa oportunidad: "la violencia que hemos visto en algunos establecimientos educacionales emblemáticos no lleva a nada. No construye, no solamente destruye espacios físicos, sino que destruye el aprendizaje y el alma de los jóvenes". El entonces ministro de Seguridad, Marín Arrau, agregó que "no podemos normalizar la violencia y menos contra la autoridad en un establecimiento educacional".
• 6 de julio de 2026: en el regreso de las vacaciones de invierno, un grupo de al menos nueve encapuchados con overoles blancos forzó la puerta de una sala en el tercer piso del establecimiento y volvió a lanzar bombas molotov y fuegos artificiales, obligando a suspender las clases del primer día del segundo semestre. La rectora Aravena denunció en esa ocasión que la dirección del colegio había recibido, en un video, amenazas de muerte con armas de fuego dirigidas a todo el equipo directivo, un episodio que —según su propio relato— había obligado a terminar el primer semestre completo en modalidad online.
• 7 de julio de 2026: el SLEP Santiago Centro, junto con la Dirección de Educación Pública y el Gobierno, presentaron una nueva querella conjunta por los hechos del día anterior, sumando antecedentes sobre la participación de personas externas al establecimiento. La propia directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales, señaló que se trataba ya de "la cuarta querella que presenta el SLEP de Santiago por hechos violentos en el Instituto Nacional" desde que asumió la administración del recinto el 1 de enero de 2026. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, calificó las amenazas contra la rectoría de "inaceptables".
• 8 de julio de 2026: la Fiscalía Centro Norte y Carabineros abrieron una indagatoria paralela por la presunta quema deliberada de los overoles blancos y otras prendas usadas durante los ataques, en lo que las autoridades interpretaron como un intento de destruir evidencia, tras un nuevo incidente similar registrado ese mismo día en el Liceo Manuel Barros Borgoño.
• 15 de julio de 2026: el tribunal competente dictó veredicto condenatorio contra un estudiante identificado con las iniciales M.M.C., como autor de desórdenes públicos, porte de bombas molotov y maltrato de obra a Carabineros con lesiones leves, en un episodio previo ocurrido en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Se le impuso la pena de tres años de libertad asistida especial con internación parcial, tras reconocérsele la atenuante de irreprochable conducta anterior. El mismo tribunal tenía programado dar a conocer, precisamente el viernes 24 de julio —el mismo día del ataque al automóvil—, la sentencia contra un segundo estudiante, identificado como C.C.R., acusado de los mismos delitos en ese episodio anterior.
• 24 de julio de 2026: el episodio del automóvil con los dos niños de 6 y 7 años, ya descrito, que derivó en la querella por homicidio frustrado.

La participación de adultos externos: un patrón que se repite en las querellas y en boca de la Fiscalía

Tanto la querella del 7 de julio como la del 24 de julio incorporan referencias a la presencia de personas ajenas a la comunidad escolar durante las protestas, incluyendo a un exestudiante expulsado del Instituto Nacional en 2025. Este elemento no es nuevo en el diagnóstico de la propia Fiscalía: en una audiencia de formalización de otro caso relacionado con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el fiscal Alejandro Osorio —a cargo de una investigación centrada específicamente en la violencia en liceos emblemáticos— señaló que existe "un grupo de estudiantes que están dirigidos por otros grupos", precisando que incluso se le había advertido sobre la eventual participación de exalumnos que hoy ejercen como docentes en esos mismos establecimientos.

El antecedente familiar

El padre de uno de los tres estudiantes contra quienes se dirige la actual querella estuvo vinculado, en 2009, a un ataque incendiario contra dos camiones que transitaban por la Ruta 5 Sur, en la Región de La Araucanía —el mismo año en que nació el joven hoy judicializado—. Por esos hechos, el hombre permaneció en prisión preventiva por más de un año antes de ser absuelto, al no poder comprobarse su participación porque los responsables actuaron encapuchados. Se vinculó entonces a la causa mapuche y fue uno de los líderes de una huelga de hambre de detenidos en 2010 que forzó una negociación con el primer gobierno de Sebastián Piñera. Este antecedente corresponde a la trayectoria del padre del estudiante, no a una conducta atribuible directamente al propio menor, distinción que esta columna considera necesario mantener con claridad.

Un conflicto político de fondo: Desbordes contra el Ministerio de Educación

La seguidilla de querellas ha ido acompañada de una disputa abierta entre el alcalde Desbordes y el Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Cataldo (PC). Desbordes ha acusado en más de una ocasión un "silencio total" del ministerio frente a los episodios de violencia y ha cuestionado la gestión del SLEP; voces del Ejecutivo han respondido que el ministro "condena claramente" cada episodio y que se mandató a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y al director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, para abordar las movilizaciones mediante un acuerdo que involucra a distintas instituciones. El propio Kast, en un encuentro con directores de colegios, reconoció que en los liceos emblemáticos "se perdió el respeto: se perdió el respeto entre compañeros, se perdió el respeto entre los profesores, se perdió el respeto entre los directores", y llamó a respaldar a los equipos directivos.

Es pertinente señalar, con el mismo rigor, que esta controversia también ha sido leída en clave crítica hacia el propio gobierno desde columnas de orientación de izquierda, que han vinculado el recrudecimiento de la violencia escolar a recortes presupuestarios en educación y a lo que califican como una omisión política del Ejecutivo frente a esta problemática. Esta columna presenta ambas lecturas —la crítica de Desbordes hacia el Mineduc desde una posición de derecha, y la crítica de esos sectores hacia el propio gobierno de Kast desde la izquierda— como lo que son: posiciones políticas atribuidas a quienes las sostienen, no como hechos verificados por esta redacción.

El cargo de homicidio frustrado: qué implica y por qué no es un exceso retórico

Conviene detenerse en la figura penal invocada, porque no se trata de una calificación menor ni de un recurso retórico de la querella. El homicidio frustrado exige acreditar que el imputado desplegó una conducta objetivamente idónea y dirigida a matar, y que el resultado de muerte no se produjo por causas ajenas a su voluntad. Es exactamente la fórmula que reproduce el texto de la querella del SLEP: el fuego alcanzó el vehículo y comenzó a consumirlo con los niños dentro, y solo la intervención inmediata de un tercero evitó el desenlace fatal. Esta misma calificación —homicidio frustrado o, en su variante agravada, homicidio calificado frustrado— no es inédita en la violencia escolar reciente en Chile: el propio alcalde Desbordes ya la había mencionado explícitamente en mayo, a propósito del ataque contra el periodista, y una querella con una calificación jurídica equivalente (homicidio calificado, en su forma consumada y frustrada) fue la que en marzo de 2026 presentó el Ministerio de Seguridad tras el ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que terminó con una inspectora asesinada y cuatro heridos. Se trata de un hecho completamente distinto en sus circunstancias y en su gravedad —un homicidio consumado, no solo frustrado, y perpetrado por un solo estudiante armado con arma blanca, no por un grupo con artefactos incendiarios—, y esta columna lo menciona únicamente para ilustrar que el sistema persecutorio chileno ha estado dispuesto, en más de una ocasión durante este mismo año, a calificar como intento de homicidio hechos de violencia escolar que en apariencia podrían leerse como "solo" desórdenes o daños materiales, cuando la conducta y el riesgo vital concreto lo ameritan.

Lectura editorial

Esta columna sostiene que el valor de la querella no reside únicamente en la gravedad del episodio del 24 de julio —que por sí sola ya la justificaría plenamente—, sino en que se inscribe en una secuencia documentada de al menos cinco acciones judiciales en menos de dos meses, con una escalada que pasó de la amenaza (el video con armas de fuego contra la rectoría en junio), a la agresión a un tercero (el ataque al periodista en mayo), y finalmente a un hecho que, según la propia narrativa jurídica del SLEP, estuvo a punto de terminar con la muerte de dos niños de 6 y 7 años que no tenían ninguna relación con el conflicto escolar. Que el mismo día del ataque al automóvil un tribunal tuviera programado dictar sentencia contra otro estudiante por hechos anteriores, y que la Fiscalía ya investigara en paralelo un presunto intento de destruir evidencia una semana antes, sugiere que la respuesta institucional —judicial, policial y educativa— ha ido, hasta ahora, un paso por detrás de una violencia que se reconfigura y persiste pese a las condenas y querellas ya en curso. La pregunta que esta secuencia de hechos deja planteada no es si corresponde perseguir penalmente lo ocurrido —la evidencia disponible sugiere que sí, con claridad—, sino qué tan preparadas están las autoridades para desarticular, antes del próximo episodio, una dinámica que el propio expediente judicial describe como coordinada y reiterada.

Hay, además, un elemento que esta columna considera especialmente relevante para el debate público de las próximas semanas: la disputa de responsabilidades entre el municipio, el SLEP, el Ministerio de Educación y la Fiscalía no puede convertirse en el eje central de la discusión mientras persista, de fondo, un riesgo concreto y verificado para terceros absolutamente ajenos al conflicto escolar —como los dos niños de 6 y 7 años del 24 de julio, o el periodista agredido en mayo—. Cualquiera sea la valoración política que se haga sobre el desempeño del SLEP Santiago Centro o del Ministerio de Educación, el hecho objetivo es que, pese a al menos cuatro querellas previas presentadas en apenas dos meses, el patrón de encapuchamiento, preparación previa y lanzamiento de artefactos incendiarios no solo no se detuvo, sino que produjo su episodio de mayor riesgo vital conocido hasta ahora. Esta columna seguirá esta causa judicial en las próximas semanas, en particular la determinación de si existió o no la coordinación organizada que el propio SLEP pide investigar, y la eventual participación de adultos externos o exalumnos, un extremo que —de confirmarse judicialmente— alteraría de forma sustancial la lectura pública de este conflicto, hoy centrada casi exclusivamente en los estudiantes actualmente matriculados.