¿DE VERDAD SE JUSTIFICA ESE HOMENAJE? LA COMISIÓN QUE BUSCA DÓNDE ERIGIR EL MONUMENTO A PIÑERA

La comisión encargada de materializar el monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera visitó este viernes, bajo la lluvia, la Plaza de la Ciudadanía, frente al propio Palacio de La Moneda, en la búsqueda del emplazamiento definitivo para la estatua que el Congreso aprobó erigir en su memoria. Con una fecha tentativa de inauguración fijada para antes de septiembre de 2027, esta columna considera pertinente hacer la pregunta que muchos ciudadanos se formulan en privado, y que rara vez se plantea con la franqueza que merece en el debate público: ¿se justifica realmente este homenaje, en esta forma y en este momento, o corresponde a una decisión apresurada que la propia historia debería haber decantado con mayor distancia temporal?

Lo que se decidió y quiénes lo impulsan

La visita de este viernes reunió a un grupo de figuras estrechamente vinculadas al legado político de Piñera: los exministros Rodrigo Hinzpeter y Alberto Espina, el alcalde de Santiago Mario Desbordes, el rector de la Universidad Católica Juan Carlos de la Llera, el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Alessandri, la directora de la Fundación Presidente Piñera —y su hija—, Magdalena Piñera Morel, y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. La instancia buscaba evaluar alternativas de localización para la futura estatua, en el marco de una ley que, según explicó el propio diputado Alessandri, fue aprobada por el Congreso "de forma transversal y mayoritaria".

El alcalde Desbordes calificó la iniciativa como algo que "estoy seguro valora la enorme mayoría de las chilenas y chilenos, porque destaca a la figura de un expresidente muy querido, dos veces Presidente de Chile y que hoy está en el corazón de todos nuestros compatriotas". El exministro Hinzpeter, por su parte, enmarcó el proyecto dentro de una tradición de homenaje a expresidentes ya existente en el espacio público santiaguino: "se está comenzando el trabajo para que a los presidentes que he mencionado, Aylwin y Alessandri, en el futuro más corto posible los acompañe de modo permanente el Presidente Piñera". El propio diputado Alessandri fue explícito sobre los plazos: "podría demorarse doce meses, muy cerca de un año. Hay todo un financiamiento que se va a buscar en la ciudadanía (...) estamos en julio, yo diría que antes de septiembre 2027 podríamos estar inaugurando la estatua".

El argumento a favor: un reconocimiento inusualmente rápido, pero respaldado transversalmente

El argumento más sólido a favor de esta iniciativa, y que sus impulsores han planteado con insistencia, es que el propio Congreso —integrado por representantes de todo el espectro político chileno— aprobó la ley que autoriza este monumento con un respaldo descrito como transversal y mayoritario, lo que sugiere que, más allá de las diferencias ideológicas que pudieran existir sobre la gestión específica de Piñera, existe un consenso amplio en la clase política chilena sobre la pertinencia de honrar a un expresidente que ejerció el cargo en dos ocasiones distintas —2010-2014 y 2018-2022— y que falleció en febrero de 2024 en un accidente aéreo mientras piloteaba un helicóptero en el lago Ranco, un hecho que generó una conmoción nacional considerable independiente de las posiciones políticas de cada ciudadano.

Como reconoció el propio Jorge Alessandri, "muchas veces a los presidentes se les reconoce muchos años después, a este Presidente (Piñera) se le ha reconocido muy rápido por una alta mayoría del país". Esta columna ya documentó, en su análisis de la encuesta Panel Ciudadano UDD sobre el manejo de crisis presidenciales, que Piñera obtuvo una valoración de 81% por su gestión de la pandemia de Covid-19 y de 79% por el terremoto de 2010, cifras extraordinariamente superiores a las que hoy exhiben tanto Kast como Boric por sus respectivas gestiones de emergencias recientes. Ese dato, aunque no se refiere directamente al monumento, sí confirma que existe una base real de valoración ciudadana hacia la figura de Piñera, particularmente en su capacidad de conducción durante crisis de gran escala, que puede sustentar razonablemente el argumento de un reconocimiento público a su legado.

El argumento en contra: la velocidad del homenaje y las heridas aún abiertas

Frente a ese argumento, corresponde presentar con el mismo rigor las razones que llevan a cuestionar la pertinencia de este homenaje, al menos en la forma y en el momento en que se está concretando. La primera objeción, y quizás la más evidente, es la que el propio Alessandri reconoce implícitamente al señalar que "muchas veces a los presidentes se les reconoce muchos años después": la práctica histórica de erigir monumentos a expresidentes en espacios públicos centrales de Santiago, como los ya existentes a Patricio Aylwin y a Jorge Alessandri —este último, antecesor homónimo del propio diputado que hoy impulsa la iniciativa—, se ha desarrollado tradicionalmente con una distancia temporal considerablemente mayor respecto de la gestión de cada mandatario, permitiendo que la evaluación histórica se decante con mayor perspectiva y menor carga de la coyuntura política inmediata. Que el monumento a Piñera se proyecte a menos de cuatro años de su fallecimiento, y en un contexto político donde su legado sigue siendo objeto de disputa activa entre sectores de gobierno y oposición, introduce un riesgo real de que el homenaje se perciba, por una parte relevante de la ciudadanía, como una decisión políticamente instrumentalizada por el sector que hoy gobierna Chile, antes que como un consenso genuinamente decantado por el paso del tiempo.

La segunda objeción, de fondo más sustantivo, tiene que ver con los aspectos más cuestionados de la gestión de Piñera que esta misma columna ya ha documentado en coberturas anteriores. Su segundo gobierno enfrentó el estallido social de octubre de 2019, un período marcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden que motivaron informes críticos de organismos internacionales y una acusación constitucional en su contra en 2019, aunque esta no prosperó. Esta columna también documentó, en su repaso histórico sobre exministros que criticaron a sus propios gobiernos, las críticas del excanciller Roberto Ampuero hacia la política exterior de Piñera —particularmente su viaje a Cúcuta y su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela—, decisiones que, según el propio Ampuero, contribuyeron a su salida de la Cancillería en 2019. Que un sector significativo de la ciudadanía chilena asocie la figura de Piñera con ese período de fuerte conflictividad social y con decisiones de política exterior que generaron controversia incluso dentro de su propio gabinete, es un antecedente que no puede omitirse al evaluar la pertinencia de un homenaje monumental tan temprano en el tiempo.

La cuestión del financiamiento: recursos ciudadanos en un momento de estrechez fiscal

Un tercer elemento que esta columna considera relevante señalar es la forma de financiamiento anunciada por el propio Alessandri: "hay todo un financiamiento que se va a buscar en la ciudadanía". Sin cuestionar la legitimidad de recaudar fondos privados para un monumento de esta naturaleza —una práctica habitual en la construcción de homenajes públicos en muchos países—, esta columna no puede dejar de notar la coincidencia temporal con un momento de particular estrechez fiscal para el país: Chile atraviesa actualmente un ciclo económico complejo, documentado extensamente en nuestra cobertura sobre la caída de aprobación del gobierno de Kast, con un Imacec negativo durante varios meses consecutivos y un desempleo en máximos de varios años. Que la clase dirigente destine tiempo y recursos institucionales —incluyendo la participación activa del subsecretario del Patrimonio Cultural en la búsqueda de emplazamiento— a la construcción de un monumento conmemorativo, en paralelo a la gestión de una crisis económica y de una reciente emergencia climática de la magnitud del sistema frontal que ha ocupado gran parte de la agenda pública reciente, es una decisión de prioridades que, sin ser necesariamente incorrecta, sí merece ser sometida a un escrutinio público más riguroso del que hasta ahora ha recibido.

Un antecedente que merece contextualizarse: el ubicación simbólica frente a La Moneda

Resulta significativo, además, que la ubicación evaluada con mayor atención sea la Plaza de la Ciudadanía, situada directamente frente al Palacio de La Moneda, el mismo edificio que Piñera gobernó en dos ocasiones y que hoy ocupa José Antonio Kast, presidente de un sector político con estrechos vínculos ideológicos e históricos con el propio legado de Piñera. La propia hija del expresidente, Magdalena Piñera Morel, expresó su satisfacción con esa posible ubicación en términos explícitamente personales y simbólicos: "me produce mucho orgullo y me da mucha alegría que su estatua pueda estar al frente de esa preciosa gran bandera que mi padre puso para las celebraciones del Bicentenario", en referencia al asta bandera bicentenario que efectivamente instaló el propio Piñera durante su primer mandato. Esta columna reconoce la legitimidad emocional de ese deseo familiar, pero no puede dejar de señalar que emplazar el monumento precisamente frente a la sede del poder ejecutivo, bajo la administración de un gobierno ideológicamente afín, refuerza la percepción de que este homenaje, más allá de su respaldo legislativo transversal, cumple también una función de reafirmación identitaria para un sector político específico, en un momento en que ese mismo sector enfrenta un desgaste de aprobación documentado por esta columna en profundidad.

Un ejercicio de balance: ni negacionismo del legado, ni glorificación acrítica

Esta columna no sostiene que Sebastián Piñera carezca de méritos que ameriten reconocimiento público: su gestión de la pandemia de Covid-19, respaldada por una valoración ciudadana extraordinariamente alta según encuestas recientes, su rol histórico como uno de los pocos presidentes chilenos en ejercer el cargo en dos ocasiones no consecutivas, y su fallecimiento en un accidente que conmocionó genuinamente al país, son elementos reales que sustentan un reconocimiento público legítimo. Lo que esta columna cuestiona no es la pertinencia de honrar su memoria en algún momento y de alguna forma, sino la velocidad con que se está concretando este homenaje específico —un monumento físico y permanente en el espacio público más simbólico del país—, apenas cuatro años después de su muerte y en pleno período de disputa política activa sobre su legado, así como la coincidencia de este esfuerzo institucional con un momento de estrechez económica que exigiría, en principio, que la atención de la clase dirigente y los recursos ciudadanos se concentraran prioritariamente en otras urgencias.

Lo que correspondería exigir: mayor deliberación pública, no necesariamente cancelación

Esta columna no propone que se cancele el proyecto del monumento, que cuenta con el respaldo legal del propio Congreso Nacional aprobado de manera transversal. Lo que sí correspondería exigir es que el proceso de definición de su emplazamiento, diseño y financiamiento se realice con mayor transparencia y con una instancia de deliberación pública más amplia que la que hasta ahora ha tenido, que incluya explícitamente a voces críticas del legado de Piñera, y no únicamente a figuras estrechamente vinculadas a su propio círculo político y familiar. Un monumento que aspire a representar genuinamente un consenso nacional, y no solo el consenso de un sector político específico, debería construirse con ese nivel de apertura, precisamente para evitar la percepción de que se trata de una reivindicación facciosa antes que de un homenaje verdaderamente transversal a la figura de un expresidente fallecido.

Conclusión: la pregunta sigue abierta

La pregunta que titula esta columna —¿de verdad se justifica ese homenaje?— no admite, honestamente, una respuesta unívoca y definitiva: depende, en gran medida, de si se pondera con mayor peso el respaldo legislativo transversal y la valoración ciudadana documentada hacia la gestión de crisis de Piñera, o si se pondera con mayor peso la velocidad inusual del proceso, las heridas aún abiertas de su segundo mandato, y el momento de estrechez económica en que se despliegan estos esfuerzos institucionales. Esta columna, fiel a su compromiso de presentar los hechos con el rigor que la ciudadanía merece, deja planteada esta tensión sin resolverla artificialmente, confiando en que el propio debate público chileno —y no solo la comisión encargada de buscar el mejor emplazamiento— tenga la oportunidad de pronunciarse con la profundidad que una decisión de esta naturaleza simbólica merece.