Un dictamen de la Contraloría General de la República, firmado por la contralora Dorothy Pérez, determinó que el ministro de Defensa, Fernando Barros, se enmarcó en el "estándar legal de prevención de conflictos de intereses" al comprometerse a abstenerse de tramitar el cable submarino Chile-China, dado que la empresa involucrada, China Mobile International Chile SpA, usó como domicilio legal la dirección del estudio jurídico fundado por el propio ministro.

El origen: una consulta ciudadana sobre un domicilio compartido

El pronunciamiento de Contraloría responde a una presentación de la ciudadana María Rosa Izquierdo Ilufi, quien solicitó determinar si Barros enfrentaba un conflicto de interés por su vínculo profesional previo con la filial chilena de China Mobile International. El dato que motivó la consulta es concreto: CMI Chile SpA utilizó como domicilio legal la misma dirección del estudio Barros & Errázuriz, fundado por el hoy ministro. Desde el estudio negaron haber asesorado a la empresa en su solicitud de concesión marítima —trámite que hoy se procesa en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente de Defensa—, precisando que su colaboración se limitó a la constitución de la sociedad en Chile.

Lo que Defensa comprometió, y lo que Contraloría validó

Ante la consulta del organismo fiscalizador, el Ministerio de Defensa informó que Barros se abstendrá de conocer todos los asuntos de personas o empresas a las que haya asesorado, o de las que haya sido director, durante los dos años previos a su nombramiento, extendiendo ese criterio a los casos llevados por su antiguo estudio jurídico. Para las situaciones no cubiertas por esa regla general, se comprometió a una revisión caso a caso, apartándose si surge cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad.

La contralora Pérez concluyó que esa fórmula se ajusta al estándar legal de prevención de conflictos de interés, recordando que la ley obliga a los ministros a inhibirse incluso ante conflictos meramente potenciales, y que corresponde apartarse cuando se han prestado servicios profesionales a un interesado dentro de los últimos dos años. El propio dictamen menciona expresamente que dentro de esa abstención podría quedar comprendido el cable submarino, y advierte que Contraloría fiscalizará su cumplimiento efectivo, tanto en este como en otros casos futuros.

El proyecto sigue su curso

En paralelo a este dictamen, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó este lunes que la tramitación del cable "sigue su curso natural", aclarando que China Mobile todavía no cuenta con ningún permiso otorgado. De Grange calificó a China y Estados Unidos como "dos socios estratégicos para Chile".

Lectura editorial

La conducta de Fernando Barros en este episodio merece un reconocimiento directo: comprometerse formalmente ante Contraloría a inhibirse de cualquier decisión vinculada a exclientes de su antiguo estudio jurídico, y hacerlo de manera ordenada frente a una consulta ciudadana legítima, es exactamente el estándar de probidad que corresponde exigir a cualquier autoridad con trayectoria previa en el sector privado. Que el propio organismo fiscalizador haya validado esa fórmula, con la advertencia explícita de que seguirá controlando su cumplimiento, confirma que el mecanismo de control institucional está funcionando como debe.

Vale la pena, con todo, no perder de vista el contexto en que este cable submarino se tramita: es un proyecto que ya generó, bajo la administración anterior, sanciones directas de Estados Unidos contra tres autoridades chilenas. Que hoy avance con Barros correctamente apartado del proceso resuelve el problema de probidad personal del ministro, pero no despeja por sí solo las implicancias estratégicas más amplias de un proyecto que sigue moviéndose en terreno sensible para la relación con Washington.

Conclusión

Fernando Barros actuó correctamente al someterse al escrutinio de Contraloría y comprometer una abstención formal frente a un conflicto de interés real, y el organismo fiscalizador validó esa conducta sin reparos. El cable submarino Chile-China, mientras tanto, sigue su trámite bajo la supervisión de un ministro que ya quedó correctamente al margen de cualquier decisión sobre el proyecto. VDI Global seguirá de cerca el avance de esta tramitación.