La nueva encuesta Cadem confirma lo que en el oficialismo muchos ya sabían. La desaprobación al Presidente José Antonio Kast llega al 68 %, y entre quienes desaprueban su gestión, la principal razón no es la economía ni la seguridad: son las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Es cierto que el Presidente tiene la facultad exclusiva de decidir si un ministro permanece o no en su cargo, y que ha decidido sostener a Fernando Rabat. Pero también es cierto que quienes hoy le reclaman claridad no son solo la oposición ni la prensa: son sus propios votantes, los que lo eligieron precisamente para poner orden y mano dura contra la delincuencia. Han pasado casi tres semanas desde que estalló la crisis, y el gobierno sigue sin lograr tomar el control de la agenda política del país. VDI Global, que ha defendido la legalidad de la actuación del ministro, debe decirlo con franqueza: la decisión jurídica era defendible; la conducción política de la crisis, no.

Lo que dice la encuesta

Según la última medición de Cadem:

• Desaprobación del Presidente: 68 %, un punto menos que la semana anterior.
• Aprobación: 29 %, tres puntos más que la medición previa.
• Entre quienes desaprueban su gestión, el 43 % lo atribuye a las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.
• El 42 % lo vincula con la caída del crecimiento y el aumento del desempleo.

La encuesta midió también la gira presidencial por Europa: el 86 % supo de ella, pero el 52 % la evaluó mal y solo el 40 % bien.

Los temas que más interesan a los chilenos son la economía y el empleo (73 %, once puntos más), el clima (66 %), la seguridad y la delincuencia (63 %, siete puntos más) y los asuntos internacionales (57 %).

El leve repunte de la aprobación es una buena noticia para La Moneda. Pero no cambia el cuadro de fondo: dos de cada tres chilenos desaprueban al gobierno, y la principal razón es una crisis que el propio gobierno se ha negado a cerrar.

Cómo llegamos aquí

La crisis estalló a fines de octubre, cuando se conoció que el Ministerio de Justicia había firmado 56 decretos de rebaja de condena: 54 a condenados por abusos y violaciones de menores y dos a condenados por crímenes de lesa humanidad.

El ministro Rabat sostuvo que actuó conforme a la ley, por la existencia de un vacío legal y porque los tribunales habían fijado un criterio que obligaba a conceder el beneficio de rebaja por comportamiento sobresaliente que establece la ley 19.856, de 2003. Reconoció luego que los 56 decretos ya se habían ejecutado y que lo más probable era que todos los beneficiados estuvieran en libertad. El 23 de octubre suspendió la tramitación de nuevos decretos y anunció urgencia para los proyectos que impedirían estos beneficios.

Desde entonces, la crisis no ha dejado de crecer:

• Se conoció que asesores del propio ministerio habrían advertido a Rabat, en abril y mayo, sobre las consecuencias de cambiar el criterio que aplicaba el gobierno anterior.
• El gobierno intentó comparar los decretos con resoluciones firmadas durante la administración de Gabriel Boric, pero el caso que citó ante el Congreso resultó tener circunstancias distintas a las presentadas.
• Un condenado por narcotráfico beneficiado con una rebaja fue detenido nuevamente en Arica.
• Un reportaje publicado este fin de semana sostiene que, pese a la suspensión anunciada, el ministerio siguió aprobando al menos una rebaja, en este caso a un condenado por homicidio.
• La oposición anunció una acusación constitucional, que el PPD asegura presentará en los próximos días con tres capítulos.
• El Presidente descartó un cambio de gabinete y reiteró su confianza en el ministro.

La facultad del Presidente

Hay que empezar por lo que es indiscutible. La Constitución entrega al Presidente de la República la facultad exclusiva de nombrar y remover a sus ministros. Ningún partido, ninguna encuesta y ninguna presión mediática puede obligarlo a sacar a un ministro que cuenta con su confianza.

VDI Global ha defendido ese principio, y también ha sostenido que la acusación constitucional contra Rabat carece de fundamento jurídico: un error de gestión, por grave que sea, no es una infracción constitucional. Eso sigue siendo cierto.

Pero tener la facultad no es lo mismo que tener la razón política. Un Presidente puede sostener a un ministro con todo derecho, y aun así equivocarse en la forma de manejar la crisis. Eso es lo que está ocurriendo.

Los votantes que reclaman

El dato más importante de la encuesta no es el 68 %. Es quiénes están detrás de ese número.

José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa clara: orden, seguridad y mano dura contra la delincuencia. Fue esa promesa la que convocó a millones de chilenos, muchos de ellos cansados de lo que percibían como impunidad y garantismo. Para esos votantes, ver que bajo su gobierno se firmaron decenas de rebajas de penas para abusadores de menores es una contradicción difícil de aceptar.

No se trata de la oposición, que siempre criticará al gobierno. Se trata de los propios electores del Presidente, los que lo eligieron para que hiciera exactamente lo contrario. Lo dijo esta semana el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton: es difícil explicar que un gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia terminó firmando estos decretos. Lo dijeron, a su manera, RN, Evópoli y la propia UDI, al pedir un cambio en el diseño político del gobierno. Y lo dicen las encuestas.

Esos votantes no le están pidiendo a Kast que renuncie a su facultad. Le están pidiendo claridad y certezas: que explique qué pasó, quién es responsable, qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir y por qué deben seguir confiando en su promesa.

Tres semanas sin agenda

El problema más grave para el gobierno no es la crisis en sí. Es que, casi tres semanas después, sigue sin lograr cambiar el tema.

Un gobierno que domina la agenda decide de qué se habla. Anuncia, propone, convoca, avanza. Un gobierno que pierde la agenda solo reacciona: responde preguntas, desmiente rumores, defiende a sus ministros y explica sus decisiones. Eso es lo que ha ocurrido desde fines de octubre.

En estas semanas, el país conoció la peor cifra de producción de cobre en veinte años, un desempleo de 9,8 %, una inflación que vuelve a subir y proyecciones de crecimiento inciertas para 2027. Son los temas que más preocupan a los chilenos, según la propia encuesta. Pero la conversación pública siguió girando en torno a Rabat.

El gobierno intentó cambiar el foco: la gira por Europa, el lanzamiento de programas de empleo, los anuncios legislativos. Nada lo logró. Y la encuesta muestra por qué: incluso la gira europea fue mal evaluada por la mayoría.

El costo de la indefinición

Sostener a Rabat sin resolver la crisis tiene un costo que crece cada día.

Primero, el costo político: la aprobación del Presidente está en su nivel más bajo, y los partidos aliados empiezan a tomar distancia.

Segundo, el costo legislativo: un gobierno debilitado tiene menos capacidad para sacar adelante su agenda en el Congreso, incluido el presupuesto y las reformas económicas que el país necesita.

Tercero, el costo de confianza: cada nueva revelación, cada decreto que aparece, cada condenado que vuelve a delinquir, erosiona la credibilidad de la promesa central del gobierno.

Y cuarto, el costo de oportunidad: cada día que el gobierno dedica a defender a su ministro es un día que no dedica a enfrentar la economía, el empleo y la seguridad.

Lo que el gobierno podría hacer

Mantener a Rabat es una decisión legítima. Pero si el Presidente decide hacerlo, debe acompañarla de medidas que devuelvan la iniciativa al gobierno:

• Explicar en detalle cómo se firmaron los decretos, quiénes advirtieron los riesgos y qué falló en el control interno.
• Aclarar si, efectivamente, se siguieron firmando rebajas después de la suspensión anunciada, y por qué.
• Asumir responsabilidades en los niveles técnicos y administrativos que correspondan.
• Acelerar de verdad la legislación que impida estos beneficios a los condenados por delitos contra menores, con urgencia efectiva y diálogo con la oposición.
• Rediseñar el equipo político, como piden los partidos aliados, para que la gestión de las crisis no dependa solo de la voluntad del Presidente.
• Recuperar la agenda con anuncios concretos en empleo y crecimiento, las dos preocupaciones que hoy dominan la opinión pública.

Lectura editorial

VDI Global debe reconocerlo: la persistencia de esta crisis nos sorprende. No porque creamos que el ministro cometió un delito, ni porque pensemos que la acusación constitucional tenga fundamento. Sino porque un gobierno que llegó al poder con una promesa tan clara sobre seguridad no ha sido capaz de explicar, con la misma claridad, cómo ocurrió exactamente lo contrario bajo su mandato.

El Presidente tiene la facultad de sostener a su ministro. Pero la facultad no reemplaza la conducción. Y la conducción, en política, consiste en algo más que resistir: consiste en dar respuestas, asumir costos, corregir errores y recuperar la iniciativa. Hasta ahora, el gobierno ha resistido. No ha conducido.

Los votantes de Kast no le están pidiendo que ceda ante la oposición. Le están pidiendo que sea coherente con lo que prometió. Le están pidiendo claridad y certezas. Y un Presidente que ignora a sus propios electores corre el riesgo de perderlos, no ante sus adversarios, sino ante la decepción.

El leve repunte de la aprobación muestra que todavía hay margen. El gobierno está a tiempo. Pero el tiempo, como muestran las encuestas, se está acabando.

Lo que viene

La oposición presentaría en los próximos días la acusación constitucional contra Rabat, con tres capítulos. El voto del Partido de la Gente y de los diputados oficialistas indecisos será decisivo. El Presidente viajará a Asia a mediados de noviembre. Y la próxima encuesta mostrará si el leve repunte de esta semana es el inicio de una recuperación o solo una pausa en la caída.