Hernán Larraín lo volvió a hacer. El exministro de Justicia del segundo gobierno de Sebastián Piñera y expresidente de la UDI publicó una columna en La Tercera para advertir que derogar la ley de rebajas de condena, como impulsan el gobierno de José Antonio Kast y el Congreso, agravaría la crisis y abriría la puerta a un rebrote del «populismo punitivo». De paso, atribuyó el origen del problema a una equivocada interpretación ministerial de la ley, en una crítica directa al ministro Fernando Rabat. La respuesta del oficialismo fue inmediata y transversal: republicanos, Renovación Nacional y hasta su propia UDI le salieron al paso. Un diputado republicano resumió el ánimo con una frase brutal: «gracias a Dios, hoy Larraín no es diputado ni senador». VDI Global se pregunta: ¿está en condiciones de dar lecciones sobre política penitenciaria quien estuvo cuatro años a cargo del Ministerio de Justicia y no reformó el sistema que hoy defiende?

Lo que dijo Larraín

En su columna, Larraín cuestionó la decisión del gobierno de respaldar un proyecto para derogar la ley 19.856, de 2003, que permite reducir las penas de los internos con comportamiento sobresaliente. La ley concede una rebaja de dos meses por cada año de cumplimiento, que aumenta a tres desde la mitad de la condena.

Sus argumentos fueron tres:

• La reinserción. Sostuvo que las rebajas incentivan la buena conducta y la participación en programas de rehabilitación, y que eliminarlas sin una política integral de reinserción podría aumentar la reincidencia y empeorar la situación de las cárceles.
• El populismo punitivo. Advirtió que el afán del gobierno y del Congreso de resolver la crisis derogando la ley la agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo.
• El error de Rabat. Atribuyó el origen de la crisis a una interpretación ministerial equivocada de la ley, que calificó como un fallo de naturaleza política y no jurídica.

Larraín dijo estar dispuesto a revisar el mecanismo y ampliar las exclusiones, y recordó que durante el gobierno de Piñera se excluyó a los abusadores de menores del beneficio. Cerró con una apelación a la prudencia para evitar, en sus palabras, una tragedia al estilo de Shakespeare.

La respuesta del oficialismo

Las críticas llegaron desde todos los partidos de gobierno, según CNN Chile:

• Alejandro Riquelme (Republicano) dijo discrepar profundamente del exministro y sostuvo que las posiciones garantistas como la suya han contribuido a la inseguridad. Agregó que la decisión de derogar corresponde al Congreso y al Ejecutivo, no a un exministro.
• Andrés Longton (RN), uno de los impulsores del proyecto, aclaró que la iniciativa no busca eliminar la reinserción, sino trasladar esos mecanismos a un nuevo sistema. Y advirtió que no se puede seguir avalando un sistema que libera a delincuentes de alto riesgo.
• Eduardo Cretton (UDI) argumentó que la ley fue hecha en un contexto de seguridad distinto al actual.
• Iván Moreira (UDI) defendió la derogación y su reemplazo por una ley que restrinja los beneficios, porque ya no basta con parchar una norma pensada para otro Chile.

La única voz de apoyo vino del senador independiente Matías Walker, quien coincidió en que eliminar el beneficio para todos los delitos, incluidos hurtos y robos, terminaría con los incentivos a la buena conducta, y propuso concentrarse en excluir a los condenados por delitos sexuales contra niños.

No es la primera vez

Larraín ya había chocado con el Partido Republicano durante la crisis Rabat. Y no es la primera vez que un dirigente histórico de la centroderecha tradicional critica en público al gobierno de Kast en medio de una crisis. Evelyn Matthei anunció que votaría a favor de la acusación constitucional contra Rabat. Dirigentes de RN y la UDI pidieron cambios en el diseño político de La Moneda. Y ahora Larraín cuestiona tanto al ministro como la solución legislativa que propone el gobierno.

El giro del gobierno

Para entender la columna, hay que entender el giro del gobierno. Al comienzo de la crisis, el Ejecutivo defendió la aplicación de la ley vigente. Pero tras el escándalo por los beneficios concedidos a condenados por abusos contra menores, y con una desaprobación del 68 % en la última encuesta Cadem, pasó a respaldar la derogación total de la ley, para reemplazarla por un nuevo sistema más restrictivo.

Es un giro discutible desde el punto de vista de la coherencia, pero comprensible desde el punto de vista político: los chilenos exigen que los abusadores de niños no salgan antes de tiempo, y la ley de 2003 ya no responde a la realidad de la seguridad en Chile.

El debate de fondo

Hay que reconocer que el debate sobre la reinserción es legítimo. Ningún sistema penitenciario funciona bien sin incentivos a la buena conducta, y la reincidencia es uno de los principales problemas de la seguridad pública. Una derogación sin reemplazo dejaría un vacío.

Pero eso no es lo que propone el gobierno. Como explicó Longton, el proyecto busca sustituir la ley de 2003 por un nuevo sistema, con requisitos más estrictos y exclusiones más amplias. La discusión no es entre reinserción y populismo, como plantea Larraín, sino entre un sistema que fracasó y uno nuevo que corrija sus fallas.

La pregunta incómoda

Aquí está el punto central. Hernán Larraín fue ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 2018 y 2022. Durante esos cuatro años tuvo en sus manos la política penitenciaria del país, la ley de rebajas que hoy defiende y la reinserción que hoy reclama. Si la ley necesitaba ajustes y la reinserción requería mecanismos robustos, como él mismo escribe, tuvo la oportunidad de impulsarlos.

El sistema que el gobierno de Kast heredó, con cárceles hacinadas, una seguridad deteriorada y una ley de rebajas que permitió la crisis actual, es también el sistema que dejaron los gobiernos anteriores, incluido aquel del que Larraín fue ministro.

Por eso, la crítica de un exministro que no resolvió el problema cuando tuvo el poder para hacerlo suena menos a consejo técnico y más a defensa de su propio legado. Y llega en el peor momento: cuando el gobierno de su propio sector enfrenta una acusación constitucional y necesita el respaldo de los suyos.

Lectura editorial

VDI Global cree que Hernán Larraín no está en la mejor posición para dar consejos hoy sobre política penitenciaria. No porque no tenga derecho a opinar, que lo tiene, sino porque su autoridad en la materia está comprometida por su propia gestión. Quien tuvo cuatro años el Ministerio de Justicia y no reformó la ley de rebajas ni construyó el sistema de reinserción que hoy exige, no puede presentarse como el árbitro de la prudencia.

Su columna, además, contribuye a debilitar al gobierno de su propio sector en el peor momento. Calificar como un error político la actuación de Rabat, cuando el propio Larraín reconoce que la acusación constitucional carece de fundamento, y calificar como populismo la respuesta legislativa del gobierno, entrega argumentos a la oposición justo cuando se prepara para presentar su libelo.

La respuesta del oficialismo, de republicanos a la UDI, muestra que la nueva derecha y una parte de la centroderecha tradicional entienden lo que los chilenos exigen: que los abusadores de niños cumplan sus condenas y que el sistema penitenciario deje de premiar a los delincuentes de alto riesgo. La ley de 2003 fue hecha para otro Chile. Este Chile necesita una nueva.

La reinserción importa. Pero el debate debe darse sobre el nuevo sistema, no sobre la defensa de uno que fracasó. Y quienes lo administraron durante años deberían tener la humildad de reconocerlo antes de dar lecciones.

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Lo que viene

El proyecto para derogar y reemplazar la ley 19.856 sigue su tramitación en el Congreso, con el respaldo del gobierno. La oposición presentaría esta semana la acusación constitucional contra Rabat. Y el debate sobre el nuevo sistema de beneficios penitenciarios definirá cómo se equilibran la seguridad y la reinserción.