El Ministerio de Exteriores palestino condenó el ataque israelí del jueves contra el Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, y lo calificó de “masacre” y “crimen de guerra”. En su comunicado habla de genocidio como si fuera un hecho probado, acusa a Israel de bloqueo, hambruna y desplazamiento forzado, y pide a Estados Unidos que presione a Jerusalén. La declaración no nombra a Muhammad Abu Ismail, el comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás al que apuntaba el ataque. Tampoco menciona el uso militar del hospital que denuncian el Ejército israelí y el Shin Bet, ni le pide a Hamás una sola cosa. Hay muertos y hay preguntas legítimas sobre el ataque. Pero una cancillería que pide que se juzgue a otro tiene que contar los hechos completos.

Qué pasó en el hospital

Esto es lo que se puede afirmar con las fuentes disponibles al 13 de noviembre.

• Hora y lugar: poco después de la medianoche del jueves 12, un ataque israelí alcanzó el área quirúrgica del Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.
• Víctimas: Associated Press, Times of Israel y Médicos Sin Fronteras informaron seis muertos y al menos 20 heridos, según fuentes médicas locales. Europa Press y la agencia que replicaron La Tercera e Infobae hablan de “al menos siete”. AFP habría atribuido el séptimo muerto a un incidente distinto. Uno de los fallecidos es el cirujano Rizk Abu Shaira.
• Objetivo declarado: según las FDI y el Shin Bet, el ataque apuntaba a Muhammad Abu Ismail, quien asumió el mando de la Brigada de Jan Yunis después de que Israel matara a su antecesor, Muhammad al-Yazouri, en septiembre. También a Muawad Abu Zarifa, jefe de un equipo de ingeniería, y a Khaled Abu Anza, jefe de comunicaciones de operaciones de inteligencia.
• Resultado: a la hora de esta publicación, Israel no ha confirmado si Abu Ismail murió.

Lo que sostiene Israel

Según el Ejército y el Shin Bet, Hamás tenía en el complejo un centro de mando y control, almacenaba armas y usaba el lugar como puesto de observación, refugio y sala de interrogatorios y tortura de su aparato de seguridad interna. Toda la segunda planta habría funcionado como cuartel de Hamás, con acceso restringido a los pacientes comunes. Abu Ismail habría planificado decenas de ataques contra las tropas en violación del alto el fuego y habría estado a cargo de rehenes durante la guerra, también dentro del hospital.

Las FDI afirman que usaron munición de precisión y vigilancia aérea, que atacaron solo la sala donde operaba el comandante y que advirtieron varias veces a la dirección del hospital que debía expulsar a Hamás, con un último aviso poco antes del ataque.

Lo que no está verificado

Hay que decirlo con la misma claridad. Israel no ha mostrado públicamente pruebas como imágenes, documentos o testimonios con nombre. El director del hospital dijo a AP que no recibió ninguna advertencia, y MSF afirma lo mismo. Además, el antecedente pesa: en agosto de 2025 un ataque israelí contra el mismo hospital mató a unas 20 personas, y las FDI reconocieron después que esa decisión fue un error.

VDI Global no da por probadas las afirmaciones israelíes. Tampoco va a dar por probadas las palestinas. El problema de la declaración de Ramala empieza justamente ahí.

Primer punto: miente al presentar el genocidio como un hecho establecido

El comunicado dice que “la vida de más de dos millones de palestinos no puede seguir siendo rehén del genocidio” y habla de condiciones que facilitan “el genocidio y el desplazamiento forzado”. No lo plantea como una acusación ni como una causa en curso. Lo presenta como un hecho.

No lo es. Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023. En enero de 2024, la Corte dictó medidas provisionales y consideró plausibles ciertos derechos invocados bajo la Convención contra el Genocidio, que es un umbral procesal. En septiembre de este año, el proceso seguía en la etapa de escritos. No hay sentencia de fondo. Ningún tribunal ha declarado a Israel culpable de genocidio.

Una cancillería sabe distinguir entre una demanda y una condena. Si afirma como hecho lo que ningún tribunal ha resuelto, dice algo que no es verdad. Y al hacerlo da a entender que el juicio ya terminó.

Segundo punto: tergiversa al convertir un ataque en una acusación general

La declaración empieza por el hospital y en dos párrafos pasa al bloqueo, la hambruna, la destrucción de infraestructura, el desplazamiento forzado, la retirada total de las tropas y un Estado con Jerusalén como capital.

Cada una de esas cuestiones es distinta. Necesita pruebas propias y responsables identificados. Juntarlas en un solo texto da una sensación de evidencia acumulada, pero ninguna de las acusaciones queda probada por estar al lado de las otras.

Sobre el hospital, el comunicado sostiene que el ataque es “un crimen de guerra” y no aporta ningún elemento que lo demuestre. No hay investigación independiente, ni análisis del objetivo, ni datos sobre la presencia o ausencia de combatientes, ni evaluación de proporcionalidad.

El derecho internacional humanitario protege especialmente a los hospitales. Como recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja, esa protección puede perderse si el lugar se usa para actos dañinos al enemigo, y solo después de una advertencia y cumpliendo requisitos estrictos. Aun en ese caso siguen vigentes las obligaciones de distinción, proporcionalidad y precaución. Además, que una parte del recinto pierda la protección no convierte todo el complejo en blanco militar.

Para hablar de crimen de guerra hay que responder esas preguntas. La declaración palestina no responde ninguna. Se limita a contar los muertos y a darle nombre al delito.

Tercer punto: omite a conciencia a Hamás y la acusación israelí

Esta es la omisión más grave, y no puede atribuirse a un descuido.

El Ejército israelí dio el nombre del objetivo, su cargo y los de otros dos miembros de Hamás. Describió el supuesto uso de la segunda planta y lo informó públicamente horas antes del comunicado. La Cancillería palestina tenía esa información y no la menciona. No la rebate, no la desmiente y no pide que se investigue. La deja fuera del texto.

Es una decisión deliberada. Si Ramala estuviera segura de que en el hospital no había ningún comandante de Hamás, lo habría dicho. Habría pedido inspectores internacionales para la segunda planta y una investigación independiente. No hizo nada de eso.

La declaración tampoco le pide nada a Hamás:

• No le exige dejar de usar instalaciones civiles.
• No le exige desarmarse.
• No dice qué pasa con los rehenes.
• No dice quién va a impedir que Hamás reconstruya su estructura militar si Israel se retira.

Usar un hospital con fines militares es en sí mismo una violación del derecho internacional humanitario, porque convierte a pacientes y médicos en escudos humanos. Eso no libera a Israel de sus propias obligaciones. Pero quien pide a Estados Unidos que presione a una sola de las partes demuestra hacia quién apunta su exigencia de responsabilidades.

Cuarto punto: la pregunta que la Autoridad Palestina no se hace

El comunicado es de la Autoridad Palestina, que tiene sede en Ramala. En Gaza no manda la Autoridad Palestina. Manda Hamás, que expulsó a la Autoridad a balazos en 2007.

La declaración pide “la retirada completa de las tropas israelíes” para que el Gobierno palestino “asuma sus responsabilidades”. No explica cómo lo haría en un territorio donde no tiene control efectivo, ni quién controlaría los pasos fronterizos, ni quién impediría el ingreso de armas o el desvío de la ayuda, ni quién garantizaría la seguridad de Israel. Hace diez meses que funciona la Junta de Paz respaldada por Washington, y esas preguntas siguen sin respuesta.

Lectura editorial

Una denuncia política no reemplaza una investigación, y la declaración palestina es solo una denuncia política.

La muerte del doctor Abu Shaira y de los demás fallecidos es un hecho grave. Merece una investigación seria, y VDI Global no va a minimizarla. Tampoco va a pasar por alto que Israel todavía no ha mostrado pruebas públicas del uso militar del hospital, ni que el antecedente de agosto de 2025 exige cautela. Pedir pruebas a Israel es legítimo.

Pero esa misma exigencia vale para Ramala, y ahí la declaración no se sostiene. Presenta como sentencia lo que es una demanda pendiente. Convierte un ataque concreto en una acusación general. No le exige nada a Hamás, la organización que según toda la evidencia acumulada desde el 7 de octubre ha usado sistemáticamente hospitales, escuelas y túneles bajo zonas civiles. Y omite la información que había que examinar: quién estaba en la segunda planta del Nasser.

Así funciona la guerra comunicacional contra Israel. No necesita inventar víctimas, porque las víctimas existen. Le basta con borrar el contexto. Si en el texto no aparece el comandante, no aparece el cuartel en la segunda planta, no aparecen los rehenes y no aparece Hamás, lo único que queda es un ejército que dispara contra un hospital. Así se titula en Chile y en buena parte de Occidente, y así se arma una opinión pública.

Una cancillería que pide responsabilidades internacionales debería aceptar ese mismo escrutinio sobre lo que ocurre en su propio territorio. La Cancillería palestina eligió no hacerlo.

Lee también: «Hospital Nasser: lo que los titulares de La Tercera, BioBio y El Mercurio no dijeron sobre Hamás» [enlazar nota VDI Global]

Lo que viene

• Abu Ismail: confirmación israelí de su muerte o supervivencia.
• Pruebas: si las FDI publican material sobre el uso de la segunda planta, como lo hicieron en otros hospitales de Gaza.
• Investigación: si alguna instancia independiente, como la ONU, el CICR o MSF, pide acceso al lugar, y si Hamás lo permite.
• Junta de Paz: la reacción de Washington, que hasta ahora condenó “la explotación de hospitales” por parte de Hamás.
• CIJ: el calendario de escritos del caso Sudáfrica contra Israel, sin fecha de sentencia de fondo.

¿Quién estaba en la segunda planta del Nasser? Mientras Ramala no responda esa pregunta, su declaración sirve como propaganda, pero no como prueba.