En una misma semana, Chile vio bloquear sus carreteras por camioneros que declaran que no les importa que se les aplique la ley, vio a conductores de microbuses suspender recorridos y concentrarse en rutas, vio a la Confederación de Estudiantes marchar frente al Ministerio de Educación y escuchó a la CUT anunciar movilizaciones hasta diciembre. Cada grupo invoca un reclamo distinto: el precio del diésel, los peajes, los subsidios atrasados, el presupuesto de educación, la agenda laboral. Algunos de esos reclamos son atendibles. Pero todos comparten un método: la presión directa que busca paralizar el funcionamiento normal del país para doblarle la mano al gobierno, en lugar de canalizar las demandas por las instituciones. VDI Global reunió y cruzó la información de esta semana para examinar ese patrón. Lo que encontramos es una convergencia de desobediencia que, sin necesidad de un mando único, produce un efecto común: un gobierno asediado desde la calle a ocho meses de asumir.

1. El paro de camioneros: de un reclamo sectorial al desafío abierto

El paro comenzó el 9 y 10 de noviembre, convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, de Cristián Sandoval, y respaldado por la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, de Freddy Martínez. Las dos grandes organizaciones del sector, la CNTC de Sergio Pérez y la CNDC de Juan Araya, se negaron a sumarse y negocian directamente con el gobierno.

Lo que ofreció el gobierno. El Ejecutivo hizo concesiones significativas en pocos días: anunció revertir las alzas de 42 pesos en el diésel y 39 en las gasolinas previstas para el jueves y congelar el precio de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027. En la mesa, ofreció un congelamiento de 74 días; los camioneros pedían 120.

La respuesta. Fuerza del Norte rechazó formalmente la oferta en una carta en la que agradeció el gesto, pero dijo que no podía ser irresponsable firmando el acuerdo. Sandoval anunció que no despejará las rutas hasta que el gobierno vuelva a sentarse a conversar, aun ante una eventual aplicación de la ley. Uno de los titulares de la jornada lo resumió con la frase de un dirigente: «No nos importa que nos apliquen la ley».

La magnitud. Según Cooperativa, en el Biobío había el jueves más de mil camiones apostados en más de nueve puntos, 700 de ellos en un tramo de 40 kilómetros de la Ruta 5 Sur entre Los Ángeles y Mulchén. Hubo cortes intermitentes en Tarapacá, Valparaíso, Santiago y el Biobío, y restricciones en accesos portuarios.

La anarquía, según los propios camioneros. El presidente de la CNDC, Juan Araya, describió el cuadro con crudeza: dijo que hay una anarquía en la que aparece un cacique por todas partes. Es decir, ni siquiera los líderes históricos del gremio reconocen una conducción en la movilización.

2. La ampliación: de los camiones a todo el transporte

Lo que comenzó como un paro de camioneros se fue transformando, día a día, en una movilización de todo el transporte:

• No Más TAG, movimiento contra los cobros de autopistas, se convirtió en uno de los impulsores del paro. Su vocero, Andrés Alarcón, anunció el martes que el paro seguiría en todo el país y advirtió que las paralizaciones podrían volverse más radicales.
• Buses interurbanos, operadores de grúas, transportistas de cama baja y motociclistas se sumaron a la convocatoria.
• Taxis. Narciso Molina, de Taxis Oficiales del Aeropuerto, se sumó en la Ruta 68 y pidió eliminar el impuesto específico a los combustibles.
• Colectiveros. Su vocero, Jaime Valdenegro, pidió una respuesta concreta al gobierno.
• Fedequinta. La Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso, con cerca de 800 transportistas, había descartado sumarse y planeaba una marcha al Congreso. Pero cambió de postura e inició una paralización indefinida desde la noche del miércoles, con presencia en las rutas 68 y 78, hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio.
• Microbuses del Biobío. Conductores de las líneas Los Alces y Expresos del Carbón, entre Arauco, Lota y Concepción, suspendieron recorridos y se concentraron en la Ruta 160.
• Los Lagos. Transportistas de Puerto Montt también anunciaron su adhesión.

3. Los micreros de Valparaíso: un conflicto que viene de antes

Los conductores de microbuses del Gran Valparaíso son un caso aparte, y merecen una mirada cuidadosa. Su conflicto no nació esta semana. Ya el 9 de enero de 2026, bajo el gobierno anterior, convocaron un paro por las tarifas rebajadas para adultos mayores y estudiantes. En febrero, la nueva Federación de Conductores paralizó 17 recorridos. En marzo, los conductores de Sol del Pacífico iniciaron un paro indefinido en la zona costera. Y a fines de abril, los conductores de Marga Marga paralizaron los servicios entre Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso, Viña del Mar y Concón, denunciando una deuda de miles de millones de pesos en subvenciones impagas y el alza de los combustibles. Ese paro terminó con un acuerdo con el gobierno.

En junio volvieron a alertar que llevaban nueve meses sin recibir los pagos de los subsidios. Es decir, el reclamo de los micreros de Valparaíso tiene un fundamento concreto, una deuda del Estado que arrastra varios gobiernos, y un historial de movilizaciones que no comenzó con Kast.

Eso no justifica dejar a miles de pasajeros sin transporte. Pero obliga a distinguir: no todos los que se movilizan lo hacen por las mismas razones.

4. Estudiantes y la CUT: el calendario político

En paralelo, el Frente Común, integrado por la CUT, la Confech, la Red Nacional de Centros de Estudiantes y el Movimiento Nacional de Pobladores, presentó el martes su calendario: marcha de la Confech el 11 de noviembre frente al Ministerio de Educación, movilización nacional de la CUT el 18, «copamiento» del Ministerio de Vivienda el 27 para exigir la renuncia del ministro Iván Poduje, y una nueva jornada de la CUT en la primera semana de diciembre contra la agenda laboral.

El historial de las movilizaciones estudiantiles de este año no es pacífico. La marcha de la Confech del 3 de junio terminó con 35 detenidos y enfrentamientos. La del 1 de octubre, a la que se sumaron la CUT y el Colegio de Profesores, dejó entre 25 y 32 detenidos, según el balance, y estuvo marcada por la agresión a estudiantes de la Universidad Católica que realizaban una contraprotesta: varios terminaron en el hospital.

Según Emol, la CUT y la Confech anunciaron que protestarán en medio de la crisis generada por el paro de camioneros. Un análisis publicado en Edición Cero, de un sociólogo cercano a la izquierda, reconoció que el conflicto camionero irrumpió antes que el calendario del Frente Común y lo obligó a reacomodar su agenda, sumándose al conflicto a remolque de un actor cuya conducción ideológica no controla.

5. La izquierda y el paro: el doble estándar

Aquí aparece uno de los datos más reveladores. La izquierda chilena no siempre ha visto con simpatía a los camioneros movilizados.

En agosto de 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera y en plena pandemia, la bancada comunista calificó el paro de camioneros como «sedicioso y terrorista», según declaró la diputada Carmen Hertz, y pidió invocar la Ley de Seguridad del Estado y detener a sus cabecillas. El diputado Amaro Labra llegó a denunciar un monopolio de los camioneros. En noviembre de 2022, el gobierno de Gabriel Boric invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que mantenían el paro, y presentó querellas.

Hoy, con Kast en La Moneda, el tono es otro. La senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez sostuvo que esta es una crisis que inició el gobierno y que no es capaz de manejar, y acusó al Ejecutivo de ofrecer migajas a los camioneros. El senador frenteamplista Diego Ibáñez celebró que el Presidente se diera cuenta de la urgencia de usar el mecanismo de estabilización de precios. Y los partidos de oposición de La Araucanía declararon abiertamente su respaldo al paro de camioneros.

Los mismos bloqueos que en 2020 eran «terrorismo» y que en 2022 justificaban la Ley de Seguridad del Estado, en 2026 son la consecuencia lógica de un gobierno insensible. El método no cambió. Cambió el gobierno.

6. Lo que no está probado

Para que el análisis sea serio, hay que decir también lo que no muestran los hechos.

No hay evidencia pública de una coordinación central entre los camioneros, los micreros, la Confech y la CUT. Fuerza del Norte no es una organización de izquierda: fue la misma que en 2022 mantuvo el paro contra el gobierno de Boric cuando las grandes confederaciones ya habían llegado a un acuerdo. Su vocero de No Más TAG aseguró que no tienen contacto con fuerzas políticas. Y, como reconocen los propios analistas de izquierda, la oposición quedó en buena medida al margen del conflicto: una columna en El Mostrador lo describió como una oposición que mira desde la berma.

VDI Global no afirma que exista un plan único. Afirma algo distinto, y más preocupante: que no hace falta un plan. Basta con que distintos grupos adopten el mismo método, la paralización como forma de presión, y que una parte de la clase política esté dispuesta a justificarlo cuando gobierna un adversario. El resultado es el mismo: un gobierno obligado a negociar bajo amenaza, con el país detenido.

7. El patrón

Cruzando los hechos, aparecen cinco rasgos comunes:

1. Un reclamo inicial atendible. El precio del diésel, la deuda de los subsidios, el presupuesto de educación. Nadie discute que existan problemas reales.
2. El rechazo de las concesiones. El gobierno congeló los combustibles hasta febrero y revirtió las alzas. Fue rechazado. Cada concesión se convierte en el piso de la siguiente exigencia.
3. La ampliación de las demandas. De los combustibles se pasó al TAG, a los peajes, al impuesto específico. Del presupuesto se pasó a la renuncia de ministros.
4. El desafío a la ley. Los bloqueos de carreteras, el «copamiento» de un ministerio, las marchas no autorizadas, las agresiones. La advertencia de aplicar la ley es recibida con indiferencia.
5. La convergencia en el tiempo. Todos los conflictos se concentran en las mismas semanas, cuando el gobierno enfrenta la crisis Rabat, una acusación constitucional, el debate presupuestario y una desaprobación del 68 %.

Lectura editorial

VDI Global sostiene que lo que Chile vive esta semana es un patrón de desobediencia que, invocando reclamos en apariencia justificados, tiene un efecto común: paralizar al gobierno. No hace falta que exista una conspiración para que el resultado sea insurreccional en su lógica. Cuando un dirigente declara que no le importa que se le aplique la ley, cuando un movimiento anuncia que sus acciones pueden volverse más radicales, cuando una organización estudiantil marcha fuera del recorrido autorizado y sus manifestantes golpean a quienes piensan distinto, y cuando un gremio rechaza cada concesión para exigir la siguiente, la democracia enfrenta un desafío que va más allá del precio del diésel.

Chile conoce esta historia. En octubre de 2019, demandas legítimas sobre el costo de la vida se transformaron en una ola de violencia y paralización que terminó con un acuerdo constitucional firmado bajo presión. Ese precedente enseñó a muchos que la calle consigue lo que las urnas no dan. Y esa lección es la que hoy se pone a prueba.

El doble estándar de la izquierda es la prueba más clara de que el problema no es el reclamo, sino el gobierno al que se dirige. Quienes en 2020 calificaron a los camioneros de terroristas y en 2022 aplicaron la Ley de Seguridad del Estado no pueden hoy presentar los mismos bloqueos como la expresión legítima del descontento.

El gobierno de Kast debe hacer dos cosas a la vez. Primero, atender lo que es justo: pagar las deudas con los micreros, ordenar la política de combustibles, escuchar a los pequeños transportistas. Segundo, y con la misma firmeza, hacer cumplir la ley: despejar las rutas, sancionar a quienes las bloquean, impedir la ocupación de edificios públicos y proteger a quienes no adhieren a las movilizaciones. Un gobierno que solo concede alimenta el patrón. Un gobierno que solo reprime lo legitima. La salida es la autoridad: justa con los reclamos, implacable con los métodos.

Los chilenos eligieron este gobierno en las urnas. Tienen derecho a que gobierne, y no a que lo gobiernen las barricadas.

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Lo que viene

El paro de camioneros continúa, con negociaciones paralelas entre el gobierno, las grandes confederaciones y Fuerza del Norte. Kast viaja este viernes a Asia. La CUT convoca a movilizaciones nacionales el 18 de noviembre, los pobladores al «copamiento» del Ministerio de Vivienda el 27, y la CUT prepara otra jornada en diciembre. La acusación constitucional contra Rabat podría presentarse en los próximos días.