El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra la costurera penquista Verónica Margot Farías Flores por falso testimonio reiterado, después de detectar que había declarado como testigo en al menos 29 causas civiles de indemnización vinculadas al Informe Valech, todas ellas patrocinadas por el mismo estudio jurídico. Es el segundo esquema de este tipo que el CDE descubre en pocos meses: antes ya había detectado un patrón casi idéntico en demandas ligadas al estallido social.

La pregunta que la desnudó

El 3 de febrero de este año, Pamela Paris Provoste, de 44 años, declaró ante la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa por la demanda de 150 millones de pesos que había interpuesto contra el Fisco, representado por el CDE. Su demanda se basaba en el daño psicológico heredado de su abuelo materno, Orlando Provoste Labraña, obrero forestal registrado en el Informe Valech como víctima de tortura durante la dictadura.

En primera instancia, el tribunal había valorado el testimonio de una testigo, Farías Flores, aunque igual rechazó la indemnización. Cuando la Corte le preguntó directamente a la propia demandante si conocía a esa testigo, la respuesta fue tajante: "no, no es efectivo". Consultada sobre la frecuencia con que se reunían, insistió: "no, no es efectivo" que se reunieran. Es decir, la demandante negó bajo juramento conocer a la persona que había declarado a su favor.

Lo que Farías Flores dijo bajo juramento

Según reconstruye la querella del CDE, Farías Flores había declarado el 22 de mayo de 2025 que conocía a la demandante desde hacía cinco años, que la había conocido en casa de un matrimonio amigo, y que en esas reuniones sociales la propia Paris Provoste le habría contado que fue criada por sus abuelos, que su abuelo había sido detenido por carabineros en 1973 y torturado, que ella tenía siete años en ese momento, y que como consecuencia de la tortura su abuelo se volvió "ausente, rencoroso, odioso, violento y alcohólico". Todo un relato detallado y emotivo, que la propia demandante después negó de plano ante la Corte.

Los 29 casos, siempre con el mismo abogado

La querella del CDE, presentada el 31 de marzo por el abogado Georgy Schubert, es explícita sobre la escala del patrón: solo en los tres tribunales civiles de Concepción, Farías Flores prestó testimonio en 29 causas de indemnización vinculadas a las comisiones Valech y Rettig, todas patrocinadas por el mismo abogado, Francisco Amigo Cartagena. Una revisión de esas causas encontró casos de familiares de víctimas que ya habían obtenido indemnizaciones de 50 y 35 millones de pesos, sin que se sepa con certeza si esos demandantes sabían que Farías Flores declararía a su favor.

El CDE logró acreditar que, en al menos dos causas de herederos —incluida la de Paris Provoste—, la testigo "ha faltado a la verdad en las narraciones de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos". El 2 de junio, el organismo amplió su querella para incluir también al propio estudio jurídico de Amigo, por el presunto uso de testigos falsos como estrategia sistemática. Ex-Ante consultó al estudio sobre estos hechos y no obtuvo respuesta. Las tres acciones penales están siendo investigadas por la Fiscalía de Concepción, sin formalizados hasta la fecha.

No es la primera vez: el mismo esquema ya se había visto en las causas del 18-O

Este caso no es aislado. El propio CDE ya había detectado un patrón prácticamente idéntico en demandas de indemnización vinculadas al estallido social: Humberto Rojas Sánchez declaró en al menos 45 demandas contra el Estado, incluyendo tres relacionadas con el 18-O y ocho con la dictadura. La coincidencia de mecanismo —un testigo recurrente, patrocinado siempre por el mismo estudio jurídico, declarando en decenas de causas distintas— sugiere que no se trata de errores aislados, sino de una fórmula que algunos estudios de abogados habrían replicado deliberadamente para maximizar el éxito de sus demandas de indemnización contra el Fisco.

Lectura editorial

Este caso exige una distinción que no admite ambigüedad: una cosa es el sufrimiento real, documentado y acreditado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de miles de chilenos que efectivamente fueron torturados durante la dictadura, y otra completamente distinta es el uso fraudulento de ese sufrimiento por parte de abogados y testigos profesionales que instrumentalizan el sistema judicial para obtener indemnizaciones con relatos fabricados. Lo segundo no cuestiona ni debilita lo primero. Al contrario: cada testimonio falso que se cuela en el sistema erosiona la credibilidad de las demandas legítimas, y termina siendo una afrenta directa contra las verdaderas víctimas y sus familias, cuyo dolor real corre el riesgo de quedar contaminado por la sospecha que generan estos esquemas fraudulentos.

Que una misma testigo haya declarado en 29 causas distintas, siempre patrocinadas por el mismo estudio jurídico, y que en al menos dos de ellas la propia demandante haya negado bajo juramento conocerla, no es un incidente aislado: es la evidencia de un mecanismo diseñado para fabricar el respaldo testimonial que muchas demandas legítimas, presentadas décadas después de los hechos, probablemente no logran reunir por el simple paso del tiempo. Que el mismo esquema ya se haya detectado antes en las causas del estallido social confirma que no estamos ante un caso puntual, sino ante una práctica que algunos estudios jurídicos parecen haber convertido en modelo de negocio.

Valoramos la actuación del Consejo de Defensa del Estado en ambos frentes, y consideramos que la Fiscalía de Concepción debe avanzar con celeridad hacia la formalización de responsabilidades, tanto de la testigo como del estudio jurídico involucrado. La reparación a las víctimas reales de la dictadura es una obligación del Estado que este medio respalda sin reservas; precisamente por eso, el fraude que se aprovecha de esa obligación merece la persecución penal más rigurosa.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía de Concepción acelere la formalización de Verónica Farías Flores y del estudio jurídico de Francisco Amigo Cartagena, dada la escala ya acreditada de 29 causas.
• Que el CDE revise sistemáticamente el resto de las 29 causas identificadas, para determinar en cuántas de ellas los propios demandantes desconocían el uso de este testigo, y en cuántas hubo coordinación directa.
• Que se investigue si este mismo estudio jurídico, o testigos similares, operan también en otras jurisdicciones del país, más allá de Concepción.
• Que las indemnizaciones ya pagadas —$50 y $35 millones en los casos identificados— sean revisadas para determinar si corresponde su restitución, sin que ello afecte a los herederos que hayan actuado de buena fe y sin conocimiento del fraude.

Conclusión

El fraude judicial descubierto por el Consejo de Defensa del Estado en las demandas de indemnización por víctimas de la comisión Valech es un golpe directo a la credibilidad del sistema de reparación que Chile construyó, con enorme esfuerzo institucional, para hacerse cargo de una de las páginas más dolorosas de su historia reciente. Perseguir con firmeza a quienes instrumentalizan ese sistema con testigos fabricados no es un ataque a las víctimas: es, precisamente, la forma de protegerlas. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de esta investigación en la Fiscalía de Concepción.