Chile tiene casi 10 % de desempleo, una economía que intenta salir de tres trimestres en rojo y un paro de camioneros que ya bloquea las carreteras. Es el peor momento para paralizar el país. Justo ahora, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Estudiantes de Chile y sus aliados anunciaron un calendario de movilizaciones contra el gobierno de José Antonio Kast que se extenderá durante todo noviembre y la primera semana de diciembre: marchas frente al Ministerio de Educación, protestas en todas las regiones y un «copamiento» del Ministerio de Vivienda para exigir la renuncia de su ministro. Los mismos actores que encabezaron las movilizaciones de 2019 vuelven a elegir la calle en lugar de las aulas y los lugares de trabajo. VDI Global lo dice con claridad: el país necesita estudiantes que estudien y trabajadores que trabajen, no un nuevo ciclo de agitación.

El Frente Común

La convocatoria fue presentada el martes por el llamado Frente Común, una coordinación integrada por cuatro organizaciones:

• La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presidida por José Manuel Díaz.
• La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), cuya vocera es Laura Mlynarz, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
• La Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace), que agrupa a estudiantes secundarios.
• El Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras.

El Frente Común surgió a fines de julio por iniciativa de la CUT y la Confech, con el objetivo de coordinar acciones contra el proyecto de Reconstrucción Nacional y la agenda laboral del gobierno. Díaz explicó que llevan más de un año trabajando juntos y que definieron un calendario que culminará en diciembre.

El calendario

Miércoles 11 de noviembre. La Confech convoca a una marcha nacional: frente al Ministerio de Educación en Santiago, ante el Congreso en Valparaíso y frente a las secretarías regionales de Educación en el resto del país. Su vocera emplazó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, a defender a los estudiantes.

Miércoles 18 de noviembre. La CUT convoca a manifestaciones en todas las regiones contra los recortes presupuestarios y en el marco de la negociación del reajuste del sector público.

Viernes 27 de noviembre. El Movimiento de Pobladores anuncia un «copamiento» del Ministerio de Vivienda para exigir la renuncia del ministro Iván Poduje.

Primera semana de diciembre. La CUT prepara una movilización nacional contra las propuestas laborales del gobierno.

Un ciclo que no se detiene

La convocatoria no es un hecho aislado. Desde que asumió el gobierno, en marzo, la Confech y sus aliados han protagonizado una seguidilla de movilizaciones:

• 3 de junio: paro y marcha nacional de la Confech y el Colegio de Profesores contra los recortes en educación, después de la Cuenta Pública.
• 1 de octubre: paro nacional de la Confech contra el Presupuesto 2027, con adhesión de la CUT.
• Fines de octubre: una nueva seguidilla de marchas, desde la ambientalista hasta las convocadas por la Coordinadora Feminista 8M contra el ministro Rabat.
• Noviembre: el nuevo calendario del Frente Común.

Es decir, en ocho meses de gobierno, la calle se ha convertido en la principal herramienta de oposición de estos sectores.

La conexión política

Las organizaciones del Frente Común se presentan como movimientos sociales independientes, pero su vínculo con los partidos de la oposición es evidente. La ofensiva de la Confech contra el Presupuesto reunió en el Ex Congreso a parlamentarios desde el Partido Comunista hasta el PPD, bajo la consigna «Ni un peso menos». Y el anuncio del calendario fue difundido con entusiasmo por la prensa del Partido Comunista.

Además, la convocatoria coincide con el paro de camioneros, en el que movimientos como No Más TAG han tomado protagonismo. Algunos analistas ya advierten que las fuerzas que encabezaron el estallido de 2019 buscan reactivar las marchas, aprovechando el desgaste del gobierno por la crisis Rabat y la situación económica.

Las demandas

¿Qué piden? Básicamente, que no se recorte el gasto público. La Confech rechaza los ajustes en el presupuesto de educación. La CUT se opone a los recortes y a la agenda laboral del gobierno, que incluye contratos por hora y cambios en la jornada. Los pobladores exigen retomar el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno anterior y la salida del ministro Poduje.

Algunas de esas preocupaciones pueden ser legítimas. Nadie quiere que se deteriore la educación pública ni que se frenen las soluciones habitacionales. Pero el país enfrenta una realidad fiscal que no admite fantasías: el gobierno heredó un déficit estructural, la economía crece poco y la deuda pública aumentó durante la última década. Ajustar el gasto no es un capricho ideológico; es una necesidad.

Quién representa a quién

Hay una pregunta que pocas veces se hace: ¿a cuántos representan estas organizaciones?

La CUT es la principal central sindical del país, pero la sindicalización en Chile alcanza solo a una minoría de los trabajadores. La gran mayoría de los chilenos, incluidos los millones que trabajan por cuenta propia o en la informalidad, no está representada por la CUT. Y la Confech agrupa a las federaciones de las universidades del Consejo de Rectores, cuyas directivas son elegidas en votaciones que suelen tener baja participación.

Eso no les quita el derecho a manifestarse. Pero sí obliga a dimensionar su representatividad: no hablan por «los trabajadores» ni por «los estudiantes» de Chile, sino por una parte organizada y políticamente comprometida.

El costo de la calle

Cada jornada de movilización tiene costos. Para los estudiantes, clases perdidas en un sistema que ya arrastra déficits de aprendizaje desde la pandemia. Para los trabajadores, horas no trabajadas en una economía que necesita producir. Para las ciudades, comercio cerrado, transporte interrumpido y, demasiadas veces, daños a la propiedad pública y privada.

Y hay un costo político mayor: la normalización de la calle como forma de hacer política. Chile vivió en 2019 lo que ocurre cuando la protesta se desborda. Nadie con responsabilidad debería jugar con ese fuego.

Lectura editorial

VDI Global respeta el derecho a manifestarse. Es un pilar de la democracia. Pero ese derecho no convierte cualquier movilización en legítima, ni obliga al país a aceptar que un grupo organizado paralice las aulas, ocupe ministerios y presione al gobierno cada vez que no está de acuerdo con una decisión.

La Confech debería explicar a los estudiantes que pierden clases qué ganan con una nueva marcha. La CUT debería explicar a los desempleados cómo un paro ayuda a crear empleo. Y los pobladores deberían saber que «copar» un ministerio para exigir la renuncia de un ministro no es diálogo, sino presión.

La democracia tiene sus cauces. El Presupuesto se discute en el Congreso, donde la oposición tiene voz y votos. La agenda laboral se tramitará como proyecto de ley. Y si los ciudadanos no están conformes con el gobierno, tienen las elecciones para expresarlo. La calle no reemplaza a las instituciones.

El gobierno, por su parte, debe actuar con firmeza y con inteligencia: garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, impedir las tomas y los desórdenes, y explicar con claridad por qué el ajuste fiscal es necesario. Y, sobre todo, recuperar la iniciativa con una agenda de crecimiento y empleo que les quite el oxígeno a quienes apuestan por el desgaste.

Chile necesita que sus estudiantes estudien y que sus trabajadores trabajen. Lo demás es política de barricada.

Lo que viene

La Confech marcha este miércoles 11 de noviembre frente al Mineduc, el Congreso y las seremis de Educación. La CUT convoca a movilizaciones nacionales el 18 de noviembre. Los pobladores anuncian el «copamiento» del Minvu el 27 de noviembre. Y la CUT prepara una nueva movilización para la primera semana de diciembre, contra la agenda laboral del gobierno. Todo esto mientras el paro de camioneros sigue sin acuerdo.