El Juzgado de Garantía de Copiapó inició este domingo 27 de septiembre la formalización de los imputados en una investigación por corrupción en compras públicas que toca a Gendarmería, al Ejército y al Servicio de Reinserción Social Juvenil. En la primera jornada, dedicada a la arista Gendarmería, la Fiscalía de Atacama cifró el perjuicio fiscal en más de mil millones de pesos. Dos funcionarios de Gendarmería quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional. La audiencia continúa este lunes.

## Qué pasó el domingo

La jornada se concentró en ocho imputados vinculados a la arista Gendarmería, de acuerdo con la exposición del Ministerio Público. Los delitos que la Fiscalía les atribuye son fraude al fisco, cohecho, asociación criminal y lavado de activos. El periodo investigado va desde febrero de 2022 hasta este año.

El fiscal Luis Miranda, que lleva la causa junto al fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, sostuvo ante el tribunal que determinados proveedores habrían recibido información privilegiada, se habrían coordinado de antemano con funcionarios públicos y habrían hecho pagos irregulares. Todo en condicional. Es la hipótesis del persecutor y deberá probarla.

Dentro de esa exposición apareció un detalle llamativo: una mujer adulta mayor, imputada por lavado de activos, habría recibido pagos irregulares por entre 20 y 30 millones de pesos que luego distribuía. Una versión conocida tras la audiencia precisa que tendría 76 años. Las empresas mencionadas en la investigación son Comercializadora Santa María, con domicilio en Buin, y FyF SpA.

Sobre las cautelares, los reportes coinciden en que dos funcionarios de Gendarmería quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional; algunos reportes de prensa suman a la mujer adulta mayor entre quienes habrían recibido esas medidas. El fiscal explicó que las cautelares responden a la participación atribuida y a las circunstancias particulares de cada imputado. No está claro todavía si se trata de medidas provisorias mientras dura la audiencia o de la resolución definitiva del tribunal para esos imputados; eso debería despejarse cuando termine la formalización.

## El origen del caso

La investigación nació en Copiapó a partir de una denuncia de la propia Gendarmería. El fiscal nacional Ángel Valencia entregó la conducción a la Fiscalía Regional de Atacama, que trabajó con la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica y con brigadas especializadas de la PDI.

El viernes 25 de septiembre se realizó el control de detención de los imputados. Ese mismo día, la PDI informó la incautación de bienes por más de 230 millones de pesos: un inmueble, camiones de alto tonelaje y un vehículo, según detalló el subprefecto Luis Valenzuela, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Copiapó. Las diligencias se extendieron a tres regiones, Atacama, Biobío y Metropolitana, con procedimientos en comunas como Copiapó, Mulchén, San Bernardo, Estación Central y Buin.

El mapa de los procedimientos dice algo sobre la hipótesis del Ministerio Público. Una causa que nació en Copiapó terminó con diligencias en Mulchén, San Bernardo, Estación Central y Buin, la comuna donde tiene domicilio Comercializadora Santa María. Si todo se redujera a funcionarios de una unidad regional, no habría necesidad de salir de Atacama. Que la PDI haya ido tras bienes en tres regiones sugiere que la Fiscalía cree que el dinero viajó lejos de donde se firmaban las órdenes de compra. Tendrá que probarlo.

El número total de imputados no es idéntico en todas las versiones. Las versiones previas a la audiencia hablan, en su mayoría, de diez; otro recuento, hecho al informar sobre los operativos, contó nueve detenidos. La diferencia puede deberse a imputados que no fueron detenidos, pero no hay confirmación oficial desagregada.

## Las otras aristas

El domingo se expuso solo una parte. Quedan pendientes las aristas del Ejército y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, el organismo que reemplazó al Sename en la atención de adolescentes infractores de ley. Los reportes previos también mencionaban al Servicio de Salud entre las instituciones con adquisiciones bajo revisión. Sobre la parte militar, de acuerdo con antecedentes conocidos antes de la audiencia, se investigarían compras de suministros; no hay todavía una cifra pública del daño en esa arista.

Trascendió, además, que en la arista Gendarmería se habrían revisado cerca de 60 órdenes de compra y que en 13 de ellas se habrían detectado pagos irregulares. Es un dato relevante, pero por ahora sostenido por una sola versión y sin confirmación oficial.

La audiencia, que podría extenderse hasta mediados de semana, retomará este lunes con los antecedentes sobre el Ejército y el ex-Sename.

## Los cargos, en simple

Los cuatro delitos que la Fiscalía imputa no son intercambiables y cada uno obliga a probar algo distinto.

El fraude al fisco, previsto en el Código Penal, castiga al funcionario que, interviniendo en una operación en razón de su cargo, defrauda o consiente que se defraude al Estado. Aquí el perjuicio es el centro: por eso importa tanto que la Fiscalía haya puesto una cifra sobre la mesa desde la primera jornada.

El cohecho apunta al intercambio. Un funcionario que solicita o acepta un beneficio para hacer, omitir o acelerar algo propio de su cargo, y el particular que lo ofrece. Para acreditarlo, la Fiscalía tendrá que vincular el pago con la decisión; que una compra haya salido cara no alcanza.

La asociación criminal es la figura que la ley de crimen organizado de 2023 incorporó en reemplazo de la antigua asociación ilícita. Exige demostrar una estructura con cierta permanencia, coordinada para cometer delitos. Es la acusación más exigente de probar y también la que más pesa en la negociación posterior.

El lavado de activos, por último, persigue el paso siguiente: esconder o disimular el origen del dinero. Ahí entran los bienes incautados y el rol de terceros que, según la Fiscalía, recibían y repartían fondos.

Ninguno de estos cargos está probado. La formalización es el acto en que el Ministerio Público comunica formalmente a una persona que la investiga por determinados hechos, y desde ese momento corre un plazo para cerrar la investigación. Recién después viene la acusación y, si corresponde, el juicio oral.

## Por qué importa

Hay casos de corrupción que se leen como una cifra más. Este no debería leerse así. Gendarmería administra las cárceles de un país donde el crimen organizado ya aprendió a operar desde adentro de los penales. Cada peso que se pierde en compras amañadas es un peso que no llega a vigilancia, a infraestructura o a condiciones de trabajo para los funcionarios que sí hacen su trabajo. Lo mismo vale para el Ejército, que en los últimos años ha asumido tareas de apoyo en fronteras e infraestructura crítica.

La mecánica que describe la Fiscalía no es sofisticada. Información anticipada para un proveedor, coordinación previa con quien decide la compra, dinero que vuelve por terceros. Si se acredita, lo grave es que funcionó durante al menos cuatro años sin que los controles internos la detuvieran. Y el caso partió por una denuncia de la propia institución, lo que al menos muestra que dentro de Gendarmería hubo quienes no miraron para otro lado.

## Lectura editorial

La agenda de seguridad del Gobierno descansa, en buena parte, en instituciones como Gendarmería y el Ejército. Por eso mismo no se puede tolerar que sus presupuestos de compra se conviertan en una caja para proveedores con amigos adentro. Un Estado que pide más recursos para cárceles y fronteras está obligado a demostrar que los usa bien, y casos como este son el argumento favorito de quienes prefieren que nada cambie en materia penitenciaria.

Hay un punto a favor del sistema: la denuncia salió desde dentro, la Fiscalía Nacional asignó una conducción especializada y la PDI siguió el dinero hasta bienes concretos. Eso es lo que se espera. Lo que falta es que el caso llegue a juicio con pruebas sólidas y no se quede, como tantos otros, en una formalización vistosa seguida de años de trámites.

Los imputados tienen derecho a defenderse y a que se presuma su inocencia. La Fiscalía tiene la carga de probar cada una de sus afirmaciones. Pero las instituciones afectadas no necesitan esperar una sentencia para revisar sus procesos de compra. Gendarmería y el Ejército deberían explicar qué controles fallaron y qué cambiaron desde que se conoció la denuncia.

## Próxima estación

Este lunes 28 el tribunal escuchará los antecedentes de las aristas Ejército y Servicio de Reinserción Social Juvenil. Al cierre de la formalización, el juzgado deberá fijar las medidas cautelares de todos los imputados y el plazo de investigación. La Fiscalía no ha informado públicamente si pedirá prisión preventiva para alguno de ellos.

Hay tres cosas que mirar en los próximos días. La primera, cuánto suma el perjuicio cuando se agreguen las aristas del Ejército y del ex-Sename, porque la cifra de mil millones corresponde solo a Gendarmería. La segunda, qué plazo de investigación fija el tribunal, que marcará cuándo podría haber una acusación. La tercera, qué dicen las defensas, que hasta ahora no han entregado su versión en público y que tendrán la palabra cuando se discutan las cautelares definitivas. Tampoco se han conocido declaraciones institucionales de Gendarmería ni del Ejército sobre la audiencia.

Mil millones de pesos en una sola arista. Faltan dos.