El canciller israelí, Gideon Sa'ar, anunció el domingo 27 de septiembre que Israel retirará las credenciales diplomáticas a los funcionarios de la Oficina de Representación de Países Bajos en Ramala. Tendrán siete días para devolver los documentos emitidos por Israel; después, sus privilegios e inmunidades expiran. Es la respuesta directa a la prohibición neerlandesa de importar productos de las localidades israelíes en Judea y Samaria, vigente desde el martes 22. El gobierno de La Haya lamentó la medida el lunes.

## La decisión de Sa'ar

El anuncio llegó en la noche del domingo, hora israelí. Sa'ar planteó el asunto en términos simples: si Países Bajos quiere seguir representando sus intereses ante los palestinos, puede hacerlo desde territorio de la Autoridad Palestina y no desde territorio del Estado de Israel. Añadió una advertencia de alcance más amplio: "Cualquier país que actúe de forma hostil y unilateral contra Israel perderá influencia".

En la práctica, la medida no cierra la misión neerlandesa. Un funcionario israelí la describió como un paso dramático, pero precisó que no obliga a clausurar la oficina. Lo que cambia es la situación de quienes trabajan en ella. Sin credenciales israelíes, los diplomáticos pierden la libertad de movimiento que hoy tienen en Judea y Samaria y en los cruces controlados por Israel. Además, según reportes de prensa, quedarían expuestos a eventuales acciones legales si se reúnen con personas vinculadas al terrorismo.

La mayoría de los países europeos atiende sus relaciones con la Autoridad Palestina desde oficinas en Ramala o Jerusalén cuyo personal vive y circula con documentos israelíes. Esa es la palanca que Sa'ar decidió mover. Es una herramienta que Israel controla por completo, porque la acreditación de esos funcionarios depende de una concesión israelí y no de ningún tratado que obligue a mantenerla. Por eso la decisión no necesita pasar por la Knéset ni por el gabinete: basta una firma de la cancillería.

## Qué prohíbe la ley neerlandesa

El decreto de sanciones que entró en vigor el martes 22 de septiembre prohíbe importar, comprar y vender en Países Bajos bienes producidos en las localidades israelíes de Judea y Samaria, además de servicios que faciliten ese comercio. De acuerdo con versiones de prensa, su alcance incluye también Jerusalén Este y los Altos del Golán. La norma se aplica a las empresas y también al equipaje de los viajeros.

Las penas no son simbólicas. Según la normativa, las infracciones intencionales pueden castigarse con hasta seis años de cárcel, y las no intencionales con hasta uno, aunque la fiscalía anunció que se concentrará en las violaciones sistemáticas y deliberadas. El gobierno neerlandés fundamenta la medida en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024 sobre los territorios, que a su juicio obliga a los Estados a no contribuir económicamente a los asentamientos. Israel rechazó esa opinión en su momento y sostiene que el estatus jurídico de esas zonas está en disputa y debe resolverse por negociación directa.

Nada de esto fue sorpresivo. La fecha del 22 de septiembre se conocía desde julio, cuando se hizo público el calendario de entrada en vigor, y la aduana neerlandesa publicó en su sitio una guía para empresas y viajeros bajo el título de decreto temporal de sanciones. Es decir, Israel tuvo dos meses para anticipar la medida y La Haya tuvo dos meses para medir la reacción israelí. Ninguno de los dos cambió de posición.

Hay, además, un problema práctico que en Países Bajos nadie discute: muchos productos de esas localidades no tienen una etiqueta que permita identificarlos y a veces se mezclan con bienes producidos dentro de la Línea Verde. Aplicar la ley exige, por lo tanto, revisar el origen caso a caso.

## El primer control en Schiphol

El domingo la ley dejó de ser teoría. La aduana neerlandesa revisó el equipaje de pasajeros de un vuelo de El Al llegado de Tel Aviv a Ámsterdam en busca de artículos provenientes de Judea y Samaria. No se reportaron detenciones. Fue el primer control visible desde la entrada en vigor, cinco días antes.

La imagen es la que molesta en Jerusalén: ciudadanos israelíes sometidos a una revisión específica por el origen de lo que llevan en la maleta, en un país con el que Israel intercambió cerca de 4.800 millones de dólares el año pasado, según estimaciones difundidas tras el anuncio. Esas mismas cifras sitúan a Países Bajos como destino de alrededor de un tercio de las exportaciones agrícolas de esas localidades.

## No es la primera represalia

La relación entre ambos gobiernos venía deteriorándose. A fines de agosto, Sa'ar expulsó a los representantes neerlandeses del centro de coordinación civil-militar para Gaza que opera en Kiryat Gat bajo patrocinio estadounidense, citando medidas contra Israel.

Países Bajos tampoco está solo en Europa. El Reino Unido anunció el 8 de septiembre su propia prohibición a productos de los asentamientos, y los gobiernos de Londres, París y Ottawa emitieron después una declaración conjunta comprometiéndose a aplicar medidas similares, según se informó entonces.

Sobre cómo ha respondido Israel a esos otros países, las versiones publicadas no coinciden. Algunas afirman que Israel ya había tomado represalias parecidas contra el Reino Unido, Francia y Canadá. Otras sostienen lo contrario: que esos tres países aplicaron restricciones similares sin enfrentar una respuesta comparable, y plantean la pregunta por el trato diferenciado. VDI Global no encontró confirmación independiente de medidas equivalentes contra diplomáticos británicos, franceses o canadienses.

## La respuesta de La Haya

El lunes por la mañana, el canciller neerlandés, Tom Berendsen, dijo lamentar profundamente lo que calificó como una decisión innecesaria. Insistió en que la suspensión de importaciones no está dirigida contra Israel.

Es el argumento central del gobierno neerlandés: distinguir entre el Estado de Israel dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, con el que dice querer mantener relaciones normales, y las localidades más allá de la Línea Verde. Dicho en simple, la norma permite el comercio con Israel propiamente tal y bloquea solo lo producido fuera de él.

El problema es que para Israel esa distinción es artificial. Jerusalén Este fue anexada y es parte de la capital. El Golán tiene aplicada la ley israelí desde 1981 y Estados Unidos reconoció la soberanía israelí allí en 2019. Y Judea y Samaria, para el gobierno israelí y para buena parte de los juristas que lo respaldan, son territorios cuyo estatus nunca fue resuelto por un tratado y que no pertenecieron a ningún Estado palestino, porque ese Estado no existía.

## Lectura editorial

La crítica fácil dirá que Israel sobreactúa. Conviene mirar la secuencia. Países Bajos legisló unilateralmente sobre un conflicto territorial que los Acuerdos de Oslo reservaron a la negociación entre las partes, tipificó con penas de cárcel el comercio de productos hechos por ciudadanos israelíes, y el primer día de aplicación revisó maletas de pasajeros de El Al. Frente a eso, Israel no expulsó embajadores ni rompió relaciones. Retiró un privilegio que concede voluntariamente a diplomáticos acreditados ante otra entidad.

La proporción está bien calibrada. Sa'ar podría haber ido contra la embajada en Tel Aviv o contra el comercio bilateral, y no lo hizo. Eligió golpear justo donde La Haya pretende tener influencia, que es la relación con la Autoridad Palestina, y dejar intacta la relación con Israel que el gobierno neerlandés dice querer preservar. Es coherente con el argumento de Berendsen, llevado a sus últimas consecuencias: si la medida no es contra Israel, que sus diplomáticos trabajen sin depender de Israel.

Lo más discutible de la política israelí es otra cosa: la aparente diferencia de trato con Londres, París y Ottawa, si esa versión se confirma. Una represalia que se aplica al país pequeño y se evita con los grandes pierde fuerza como mensaje. Si el principio es que quien actúa de forma hostil pierde influencia, ese principio tiene que valer para todos.

Chile ofrece un contraste útil. El gobierno de José Antonio Kast nombró en junio embajador en Tel Aviv a Gabriel Zaliasnik, después de cerca de dos años sin embajador en Israel, y normalizó una relación que la administración anterior había dejado en mínimos. Europa camina en la dirección contraria. No sería raro que, en unos años, Israel encuentre más interlocutores en Santiago, Buenos Aires o Asunción que en La Haya.

## El día después

El plazo de siete días vence en torno al domingo 4 de octubre, justo al terminar las fiestas de Sucot. Hasta entonces, Países Bajos puede devolver las credenciales y reorganizar su oficina desde zonas bajo control de la Autoridad Palestina, pedir la mediación de Bruselas o responder con medidas propias. Berendsen no anunció ninguna el lunes.

Su margen es estrecho. El gobierno neerlandés presentó la ley como una obligación derivada de la opinión de la Corte Internacional de Justicia, y retroceder a una semana de su entrada en vigor equivaldría a admitir que la presión israelí funciona. Escalar, en cambio, pondría en juego una relación comercial que La Haya dice querer proteger.

Del lado israelí, la pregunta es si la represalia se queda en Ramala o se convierte en doctrina. Si el Reino Unido aplica su propia prohibición en las próximas semanas, Sa'ar tendrá que decidir si trata a Londres como trató a La Haya.

Queda un tercer actor que no ha hablado: la Autoridad Palestina, que en teoría es la anfitriona de la misión neerlandesa y que tendría que garantizar, sin pasar por Israel, el trabajo de diplomáticos que desde el lunes cuentan los días.