Fueron removidos de la magistratura por la Corte Suprema por haber viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica. Hoy, cerca de 14 de los 18 jueces expulsados se organizan para demandar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya contrataron a dos conocidos abogados peruanos, Julio Arbizu y Ronald Gamarra, y alegan que se vulneró su derecho al debido proceso. Tienen todo el derecho a hacerlo. Pero hay algo profundamente perturbador en la escena: magistrados sancionados por faltar a la probidad, la virtud que es la base misma de la función judicial, se presentan ahora como víctimas de un Estado que no habría respetado sus garantías. Buscan en la tutela internacional la integridad que no demostraron en el ejercicio de su cargo. Es un intento de disfrazar una falta ética como un problema de procedimiento. Y el país no debería aceptarlo.

Los hechos

El caso tiene su origen en el escándalo de las licencias médicas que estalló en 2025, cuando un informe de la Contraloría reveló que miles de funcionarios públicos habían viajado al extranjero mientras estaban con licencia, es decir, mientras supuestamente no podían trabajar por razones de salud. El Poder Judicial no quedó al margen.

Bajo la conducción de su presidenta, Gloria Ana Chevesich, la Corte Suprema revisó más de un centenar de investigaciones preliminares y en junio abrió 56 cuadernos de remoción. El pleno comenzó a deliberar el 2 de septiembre.

El proceso se apoyó en el artículo 80 de la Constitución, que faculta a la Corte Suprema para remover a los jueces que no hayan tenido buen comportamiento, por requerimiento del Presidente de la República, a petición de parte o de oficio. La decisión requiere el voto de la mayoría de sus integrantes: 11 de 21 ministros.

Los resultados fueron llegando por etapas:

• 11 de septiembre: la Corte removió a los primeros 11 jueces y rechazó la remoción de otros 26. En varios casos no se alcanzó el quórum o hubo empate.
• 6 de octubre: removió a otros cuatro y rechazó cuatro casos más. El total llegó a 15.
• Noviembre: la presidenta de la Corte informó que las remociones aprobadas llegaron a 18, sin revelar los nombres de los afectados ni los fundamentos de cada caso. Los fallos todavía no han sido redactados.

Un grupo de jueces recurrió al Tribunal Constitucional con requerimientos de inaplicabilidad, que suspendieron temporalmente la tramitación de sus casos.

La demanda internacional

Según la prensa, cerca de 14 de los 18 jueces removidos preparan una presentación colectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. Entre ellos figuraría el juez Daniel Urrutia, cuyo caso se refiere a dos viajes al extranjero con licencia médica.

Los magistrados contrataron a los abogados peruanos Julio Arbizu y Ronald Gamarra, ambos con trayectoria en la persecución de la corrupción en su país. Los propios afectados saben que el proceso será largo y que podría durar una década.

Antes de llegar al sistema interamericano deberán agotar las instancias nacionales. La mayoría contempla presentar recursos de reposición ante la propia Corte Suprema. Pero, ante la probabilidad de que el máximo tribunal mantenga sus decisiones, ya preparan en paralelo la estrategia internacional.

Los argumentos de los jueces

Los magistrados sostendrán, principalmente, dos cosas.

La primera es una eventual vulneración del debido proceso, un reproche que han planteado también el gremio de los jueces y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

La segunda es la falta de criterios uniformes. Según los afectados, la Corte habría resuelto de manera distinta situaciones similares, sin establecer parámetros claros para determinar cuándo un viaje al extranjero con licencia médica justifica la remoción.

Hay que reconocerlo: algunas de esas críticas tienen asidero. Que la Corte no haya publicado los nombres ni los fundamentos de cada caso, que los fallos aún no estén redactados y que casos aparentemente similares hayan tenido resultados distintos son debilidades reales del proceso. También llama la atención que todos los jueces de mayor rango, los ministros de corte, hayan salvado de la remoción. Volveremos sobre eso.

Pero las debilidades del procedimiento no cambian el fondo. Y el fondo es la conducta.

Qué es la probidad de un juez

La probidad no es una formalidad administrativa. Es la base de la función judicial.

Un juez de la República no es un funcionario cualquiera. Es la persona a la que el Estado le entrega el poder de decidir sobre la libertad, el patrimonio, la familia y el honor de los demás. Ese poder solo es legítimo si quien lo ejerce es percibido como íntegro. La sociedad acepta que un juez le quite la libertad a una persona o le ordene pagar una deuda porque confía en que ese juez actúa con rectitud, imparcialidad y apego a la verdad.

Por eso, los estándares éticos de un juez son, y deben ser, más altos que los de cualquier otro servidor público. Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, adoptados en el marco de Naciones Unidas como referencia internacional, establecen la integridad y la corrección como valores esenciales de la judicatura. Señalan que el juez debe asegurarse de que su conducta esté por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable, y que no basta con hacer justicia: también debe verse que se hace. La propia Corte Suprema chilena adoptó sus principios de ética judicial en esa misma línea.

El artículo 80 de la Constitución no habla de delitos. Habla de buen comportamiento. Es un estándar ético, no penal. Y es deliberadamente exigente, porque la confianza en la justicia depende de él.

Por qué la falta es grave

Una licencia médica es una declaración formal: la persona no puede trabajar por razones de salud. El Estado, y en último término los contribuyentes, financian ese reposo para que el trabajador se recupere. Viajar al extranjero durante ese período, salvo situaciones excepcionales y justificadas, contradice el sentido mismo de la licencia.

En el caso de un juez, la falta tiene agravantes que no tienen otros funcionarios.

Primero, porque los jueces son precisamente quienes deben juzgar los fraudes, incluidos los fraudes con licencias médicas. Un magistrado que incurre en la misma conducta pierde la autoridad moral para sancionarla en otros.

Segundo, porque la ausencia de un juez no es neutra. Cada día de licencia significa audiencias postergadas, causas que se retrasan y colegas que deben asumir una carga adicional. Detrás de cada expediente hay personas que esperan justicia.

Tercero, porque un juez conoce mejor que nadie las reglas. No puede alegar ignorancia. Sabe qué es una licencia, qué obligaciones impone y qué consecuencias tiene su mal uso.

No todos los casos son iguales, y la propia Corte lo reconoció al rechazar la remoción de decenas de jueces cuyas situaciones consideró justificadas. Pero respecto de los 18 removidos, el máximo tribunal concluyó, con la mayoría exigida por la Constitución, que su conducta fue incompatible con la función judicial.

La paradoja de la tutela

Aquí está el centro del problema. Los jueces removidos tienen derecho a recurrir. El sistema interamericano existe precisamente para proteger a las personas frente a los abusos del Estado, y nadie debería negarles ese camino.

Pero una cosa es ejercer un derecho y otra es lo que se intenta con él. Lo que buscan estos magistrados no es solo revisar un procedimiento. Es transformar una falta ética en una vulneración de derechos. Es cambiar el relato: dejar de ser jueces que faltaron a la probidad para convertirse en víctimas de un Estado arbitrario. Es pedir a un organismo internacional que tutele la integridad de actos que, en su esencia, carecieron de ella.

Ningún tribunal internacional puede devolverle a un juez la confianza que perdió al viajar con licencia médica. Puede, a lo sumo, declarar que el procedimiento tuvo defectos. Pero el debido proceso protege el derecho a ser juzgado con garantías; no convierte en correcta una conducta incorrecta.

Hay, además, una ironía difícil de ignorar. Para defenderse, los magistrados recurrieron a abogados conocidos por su trabajo contra la corrupción. La lucha por la probidad pública termina, así, al servicio de quienes fueron sancionados por faltar a ella.

Lo que la Corte Suprema debe corregir

La crítica a los jueces removidos no exime a la Corte Suprema de su propia responsabilidad. Si el máximo tribunal quiere que este proceso sea recordado como un acto de depuración institucional y no como una purga arbitraria, debe hacer tres cosas.

Redactar y publicar los fallos. Las sanciones deben estar fundamentadas, caso a caso, con razones claras. La reserva de nombres puede tener sentido mientras los procesos estén abiertos, pero los fundamentos deben conocerse.

Explicar los criterios. Si situaciones similares tuvieron resultados distintos, la Corte debe explicar por qué. La uniformidad es parte de la justicia.

Aplicar el mismo estándar a todos. Que ninguno de los ministros de corte investigados haya sido removido alimenta la percepción de una doble vara. La probidad no puede exigirse con más rigor a los jueces de base que a los de mayor jerarquía.

Esas correcciones no debilitan la depuración. La fortalecen. Un proceso transparente y uniforme es la mejor defensa ante la Comisión Interamericana.

Lectura editorial

El caso de las licencias médicas es una prueba para el Poder Judicial chileno. Por primera vez en mucho tiempo, la Corte Suprema decidió aplicar con rigor el estándar de buen comportamiento que exige la Constitución. Lo hizo de forma imperfecta, con debilidades de procedimiento que deben corregirse. Pero lo hizo. Y el mensaje es correcto: la toga no es un privilegio, es una responsabilidad.

La respuesta de los jueces removidos va en la dirección contraria. En lugar de asumir su falta, buscan convertir su sanción en una causa de derechos humanos. Es una estrategia legítima en lo jurídico, pero cuestionable en lo moral. Un juez íntegro, sancionado por una falta que cometió, debería empezar por reconocerla. La integridad no se defiende denunciando a quienes la exigen.

VDI Global defiende el debido proceso para todos, también para los jueces. Pero también defiende algo anterior: la idea de que quienes juzgan a los demás deben estar a la altura de lo que exigen. La justicia chilena no puede permitirse jueces que pidan a otros un estándar que ellos mismos no cumplen. Y tampoco puede permitir que la defensa de los derechos humanos se use como refugio para eludir la responsabilidad ética.

La confianza en la justicia se construye con jueces probos, no con jueces que litigan contra la exigencia de probidad.

Lo que viene

Los jueces removidos presentarán recursos de reposición ante la Corte Suprema, requisito previo para acudir a la Comisión Interamericana. El Tribunal Constitucional mantiene pendientes los requerimientos que suspendieron otros casos. La Corte Suprema deberá redactar los fallos de las 18 remociones. Y el debate sobre la ética judicial seguirá abierto mientras la ciudadanía espera que la justicia predique con el ejemplo.