El abogado Luis Hermosilla, formalizado en el Caso Audios, entregó su quinta declaración ante la Fiscalía, y esta vez las consecuencias políticas fueron inmediatas: el Gobierno confirmó que evalúa la permanencia del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, mientras diputados de oposición ya piden su renuncia. Según reveló Canal 13, Hermosilla detalló pagos mensuales en efectivo entregados por orden del expresidente Sebastián Piñera, y amplió su relato sobre una red de conversaciones con Zaliasnik para definir nombramientos judiciales.

"No emití boletas, desconozco completamente su origen"

Hermosilla fue explícito sobre el mecanismo de pago: "fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie". Y agregó, sobre la naturaleza informal de esos fondos: "no emití boletas por estos montos recibidos y desconozco completamente su origen".

Según su relato, nunca conversó de manera directa con Piñera: fue el exministro Andrés Chadwick quien le informó sobre los pagos, consistentes en 100 UF mensuales para él y para el penalista Samuel Donoso, vinculados a causas del estallido social y la pandemia en las que estaban involucradas altas autoridades. El dinero se entregaba en efectivo, de forma trimestral, desde fines de 2020 hasta mediados de 2022 —extendiéndose incluso después de que Piñera dejara La Moneda en marzo de 2022—, primero por Benjamín Salas Kantor, hoy jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de Justicia, y luego por Andrés Sotomayor. Hermosilla precisó que la Fiscalía cuenta además con registros de chats que documentan el período exacto de esos pagos.

"Zaliasnik tenía más acceso que yo"

Sobre su vínculo con el embajador, Hermosilla fue directo: "con Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales". Describió además la cercanía interna del grupo: "Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso son muy cercanos entre sí, incluso más cercanos que ellos conmigo", y ubicó esas conversaciones sobre nombramientos como un trío habitual —Donoso, Zaliasnik y el propio Hermosilla— con la participación recurrente de Héctor Mery, hoy ministro del Tribunal Constitucional y en ese entonces jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia bajo Hernán Larraín.

Es relevante precisar que Zaliasnik no aparece solo mencionado en este testimonio: es imputado formal en la querella que el Consejo de Defensa del Estado sostiene contra Donoso por las gestiones en el nombramiento de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Santiago. Hermosilla remató con la frase que más ha resonado en la última semana: que Zaliasnik "tenía más acceso que yo a magistrados de las cortes de Apelaciones e incluso de la Suprema".

La reacción del Gobierno: cautela pública, evaluación interna

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso: "las situaciones que afectan a personas en el ámbito de los tribunales están radicadas en esa instancia. Yo, por ahora, no voy a emitir juicio sobre el particular, y espero que los tribunales sean los que vayan resolviendo la investigación". Pero al ser consultado específicamente por la continuidad de Zaliasnik en su cargo, no descartó una revisión: "siempre quienes tenemos la responsabilidad de autoridad, tenemos que ir ponderando las situaciones que van sucediendo... y es una evaluación de carácter permanente". Según Emol, el tema ya encendió las alertas en La Moneda, y la situación del embajador está siendo evaluada a la luz de estos nuevos antecedentes.

Diputados de oposición, por su parte, ya pidieron abiertamente su renuncia.

Lectura editorial

Esta quinta declaración eleva de manera considerable la presión sobre el embajador de Chile en Israel, y lo hace en un momento particularmente delicado: Zaliasnik ha sido, durante este año, una pieza central de la recomposición de la relación bilateral con Israel que hemos documentado con detalle, desde su acreditación ante el presidente Herzog hasta su visita a la base de Palmachim. Que su nombre aparezca ahora, con este nivel de detalle, en el centro de una investigación por presunta injerencia en nombramientos judiciales, es un problema serio que el Gobierno no puede resolver únicamente con cautela declarativa.

Insistimos en el mismo estándar que hemos aplicado desde el primer día de esta cobertura: se trata del testimonio de un imputado que declara sobre su propia causa, con motivos evidentes para repartir responsabilidad entre terceros, y que debe leerse con ese filtro hasta que la evidencia documental —los propios chats que la Fiscalía ya tendría en su poder— lo confirme o lo desmienta. La condición de imputado formal de Zaliasnik en la querella por el caso Ulloa, sin embargo, ya no permite tratar este asunto como una simple mención incidental: es parte activa de una investigación judicial en curso.

La respuesta de Alvarado, técnicamente correcta al no adelantar juicio sobre un proceso judicial abierto, deja sin embargo una pregunta pendiente que el propio Gobierno tendrá que responder pronto: ¿cuánto tiempo puede sostenerse la representación diplomática de Chile ante Israel bajo la sombra de una investigación de esta naturaleza, sin que ello termine dañando la propia credibilidad de la política exterior que este Gobierno ha construido con tanto esfuerzo en los últimos meses?

Conclusión

La quinta declaración de Luis Hermosilla confirma que el caso de los nombramientos judiciales ya no es solo un problema del pasado gobierno de Piñera: es, hoy, un problema político activo para la administración de Kast, con su propio embajador en Israel en el centro de la controversia. VDI Global seguirá de cerca tanto el desarrollo judicial de esta investigación como la decisión que finalmente adopte La Moneda respecto de la continuidad de Zaliasnik.