Ocho integrantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos entrenaron durante dos semanas, entre el 8 y el 22 de septiembre, junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4 de la Armada argentina en Ushuaia, a pocos kilómetros de la frontera chilena. La Armada argentina debió confirmar oficialmente esta presencia recién después de que circularan fotografías de equipamiento militar estadounidense en el propio aeropuerto de la ciudad, sin que el Gobierno de Javier Milei haya precisado hasta ahora bajo qué instrumento legal específico autorizó el ingreso de esas tropas extranjeras, en momentos en que Argentina intensifica simultáneamente su reclamo sobre las Malvinas y avanza en la construcción de una nueva base naval en el extremo austral.

Un patrón que se repite: decretos de excepción para eludir al Congreso

Este episodio no es aislado dentro de la relación militar entre Washington y Buenos Aires en el extremo sur. En septiembre de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 —firmado por el propio Milei junto a Patricia Bullrich y otros diez funcionarios— autorizó el ingreso de hasta 30 efectivos de Naval Special Warfare, las fuerzas especiales de la Marina estadounidense, para el "Ejercicio Tridente", con la Base Naval Ushuaia entre las sedes utilizadas. En abril de 2026 se repitió exactamente el mismo esquema con el Decreto 264/2026, que habilitó a unos 50 militares estadounidenses para el ejercicio "Daga Atlántica", sumado a la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina.

En ambos casos anteriores, el Ejecutivo argentino recurrió a decretos de excepción invocando "naturaleza excepcional" para saltarse el trámite parlamentario ordinario, pese a que la propia Casa Rosada admitió haber remitido el asunto al Congreso "oportunamente" sin que este llegara a tratarlo. Para el entrenamiento de estos ocho marines en Ushuaia, sin embargo, la Armada no informó públicamente ningún decreto específico asociado, lo que alimentó directamente el reclamo de sectores políticos argentinos —incluido el propio peronismo— para que el Gobierno precise bajo qué marco legal exacto se desarrolló esta actividad, dado que la Ley 25.880 exige explícitamente que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre ejercicios militares combinados con fuerzas extranjeras.

Técnicas de guerra en frío extremo, a las puertas de Chile

Según el comunicado oficial de la Armada argentina, publicado en su propia Gaceta Marinera, los marines estadounidenses practicaron junto a sus pares argentinos "técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención", además de entrenamientos de supervivencia y movilidad. El objetivo declarado fue "compartir experiencias y técnicas" y consolidar "los lazos profesionales y de camaradería" entre ambas fuerzas.

Este entrenamiento ocurre exactamente en el mismo período en que Javier Milei anunció, el 3 de septiembre, la reactivación del proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, presentada oficialmente como una apuesta por fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y sus capacidades logísticas vinculadas a la Antártida —el mismo proyecto que, según hemos documentado en coberturas anteriores, se ha entrelazado reiteradamente con declaraciones ambiguas de autoridades argentinas sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

La paradoja chilena: evaluar comprar a Estados Unidos los aviones para vigilar a Estados Unidos

Mientras Washington entrena tropas en suelo argentino a metros de la frontera con Chile, la Fuerza Aérea chilena evalúa en paralelo su propia modernización con tecnología del mismo origen. El general de la FACh Milton Zablah confirmó en una entrevista a TVN que, de cara al reemplazo de los Northrop F-5 Tiger III que actualmente custodian los cielos de Magallanes, los cazas F-35 estadounidenses son "una de las opciones" bajo evaluación, aunque no la única. El propio embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, confirmó por su parte la existencia de conversaciones en curso para la eventual venta de estos aviones a Chile.

El resultado es una configuración geopolítica que merece ser leída con toda su complejidad: Chile evaluaría comprar a Estados Unidos la próxima generación de cazas destinados, precisamente, a reforzar su capacidad disuasiva sobre el Estrecho de Magallanes, en el mismo momento en que ese mismo país despliega marines en territorio argentino, a pocos kilómetros de esa misma frontera austral, bajo un marco legal que el propio Congreso argentino todavía no logra esclarecer con precisión.

Lectura editorial

Este episodio confirma la centralidad estratégica que el extremo austral del continente ha recuperado en el tablero geopolítico regional, con Estados Unidos posicionándose activamente en ambos lados de la frontera: entrenando tropas en Ushuaia y, simultáneamente, ofreciendo a Chile su tecnología aérea de última generación para modernizar la vigilancia sobre Magallanes. No vemos en esto, necesariamente, una contradicción estratégica que deba alarmar a Chile: Washington puede sostener relaciones de cooperación militar simultáneas con ambos países sin que eso implique, por sí solo, una amenaza a la soberanía chilena, siempre que Chile mantenga la claridad y firmeza que ha demostrado en los últimos meses frente a cualquier ambigüedad sobre el Estrecho.

Lo que sí merece atención es la fragilidad institucional que este episodio expone del lado argentino: que un despliegue de tropas extranjeras en un punto tan sensible como Ushuaia se conociera primero por fotografías filtradas que por comunicación oficial del propio Gobierno, y que persista la duda sobre el instrumento legal exacto que lo autorizó, es exactamente el mismo patrón de opacidad institucional que hemos documentado reiteradamente respecto a las declaraciones ambiguas de autoridades argentinas sobre el propio Estrecho de Magallanes. Un gobierno que exige del Congreso transparencia legislativa sobre estas materias, y que sin embargo recurre sistemáticamente a decretos de excepción para eludirla, no está en una posición sólida para reclamar certeza jurídica en sus fronteras con Chile.

Para Chile, la lección estratégica es clara: la eventual incorporación de F-35 a la flota austral no debe leerse como una respuesta reactiva a la presencia estadounidense en Ushuaia, sino como la continuación natural del proceso de modernización que hemos documentado extensamente —desde el misil Python V exhibido este mes hasta el fortalecimiento presupuestario que el propio Senado comprometió hace días—. Chile tiene el derecho soberano de elegir sus propios proveedores de defensa, con total independencia de la configuración militar que Argentina decida sostener con terceros países en su propio territorio.

Conclusión

Ocho marines estadounidenses entrenando técnicas de frío extremo en Ushuaia, sin que el propio Congreso argentino tenga plena claridad sobre el marco legal que autorizó su presencia, confirman que el extremo austral del continente se ha convertido en un espacio de intensa actividad militar internacional. Que Chile evalúe, en paralelo, adquirir tecnología estadounidense de última generación para reforzar su propia capacidad disuasiva sobre Magallanes es una decisión soberana y estratégicamente coherente, que Chile debe sostener con la misma firmeza institucional que ha exhibido en cada episodio de esta prolongada controversia austral. VDI Global seguirá de cerca tanto la evolución del proceso de modernización aérea chilena como el debate legal que este episodio sigue generando en el propio Congreso argentino.