Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se presentaron como el gran hito deportivo y de proyección internacional del gobierno de Gabriel Boric. Tres años después, el legado que queda documentado por la propia Contraloría General de la República es otro: 194.000 millones de pesos, cerca de 219 millones de dólares, que la Corporación Santiago 2023 nunca logró rendir, más otro conjunto de irregularidades específicas que ya llegaron a la Fiscalía por denuncia directa del propio Ministerio del Deporte.

El número central: 194.000 millones sin rendir desde 2020

La contralora subrogante Dorothy Pérez lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados: desde 2020 hasta la fecha, solo se ha rendido un 31,5% de los recursos entregados por el Instituto Nacional del Deporte a la Corporación Santiago 2023, y de ese porcentaje, la Contraloría solo tomó razón formal del 5,2%. El saldo pendiente, 194.000 millones de pesos, llevó al organismo a iniciar una auditoría específica y a derivar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Es un problema que se arrastra desde antes de la propia celebración del evento. Ya en mayo de 2023, meses antes de la inauguración, la Contraloría había objetado transacciones del IND hacia la Corporación por más de 46.000 millones de pesos que no lograban aclararse, obligando a un primer round de restituciones que nunca se resolvió del todo.

El detalle que expone el ministro del Deporte: $23.727 millones observados

En agosto de este año, el propio ministro del Deporte, Francisco Riveros, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente contra la Corporación XIX Juegos Panamericanos. El documento detalla 23.727 millones de pesos observados por el IND, divididos en dos irregularidades concretas: 1.089 millones de dólares por la aplicación errónea de una tasa de IVA del 19% en circunstancias que correspondía aplicar solo el 15%, y otros 4.540 millones de dólares desembolsados en exceso por otras vías. A eso se suman viáticos sin respaldo documental, contrataciones irregulares y estatutos con defectos legales de origen.

La deuda con proveedores, y el episodio de las boletas de garantía

El desorden financiero no se limitó a la relación entre el Estado y la Corporación: también generó pasivos con contratistas privados. Según la propia denuncia, la Corporación adeuda a la empresa Fast la suma de 2.070.504 dólares por el saldo de uno de los contratos suscritos para los Juegos, y debe restituirle además 4.047.829 dólares adicionales por la ejecución que la propia denuncia califica de ilegal y arbitraria de dos boletas de garantía que la empresa había entregado como respaldo de cumplimiento contractual.

Cerrillos: obras abandonadas y vandalismo en un recinto que nunca se terminó a tiempo

Uno de los capítulos más gráficos de todo este expediente es el del Centro de Entrenamiento de Béisbol y Softbol, parte del convenio de recintos deportivos de Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos. Las obras se retrasaron tanto por demoras del propio IND en aprobar los fondos que el recinto ni siquiera estuvo terminado para los Juegos, debiendo construirse después del evento para el que originalmente estaba destinado. La Contraloría detectó, además, que el IND nunca exigió al Comité Olímpico un programa formal de administración del recinto, lo que derivó en obras abandonadas y actos de vandalismo documentados, incluido el robo de pasto sintético y de parte de la reja perimetral.

Una denuncia transversal que unió a oposición y oficialismo actual

Lo más relevante desde el punto de vista político es que la denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional para que se determine la eventual existencia de delitos no vino de un solo sector: la firmaron diputados de distintas bancadas, incluidos representantes del PDG, la DC y el Partido Libertario. El diputado Ricardo Briones (PDG) resumió el problema con precisión: "hablamos de miles de millones en recursos públicos que han carecido de los debidos procesos de rendición, dejando mantos de incertidumbre en su respecto, y resoluciones de Contraloría sin efectos". El diputado libertario Grohs fue igual de directo, calificando de "categóricos" tanto el informe de Contraloría como las conclusiones de la propia comisión investigadora.

Lectura editorial

Las cifras hablan por sí solas y no admiten mayor relativización: 194.000 millones de pesos sin rendir es una cifra que supera ampliamente cualquier margen de error administrativo razonable para un evento de esta naturaleza, y confirma que la gestión de Santiago 2023 careció de los controles más elementales de transparencia en el manejo de fondos públicos. Que apenas el 5,2% de lo rendido haya logrado pasar el filtro formal de la Contraloría es un indicador de fracaso administrativo que trasciende cualquier justificación de complejidad logística propia de unos juegos internacionales.

Es importante, con el mismo rigor que exigimos siempre, distinguir entre los distintos tipos de irregularidades documentadas. Los 194.000 millones sin rendir son, técnicamente, fondos no justificados administrativamente, lo que no equivale automáticamente a fondos robados o desviados con dolo: puede tratarse, en parte, de una falla de gestión y control interno. Pero los 23.727 millones observados específicamente por el ministro Riveros, con el error tributario del IVA y los desembolsos en exceso ya cuantificados, junto con la ejecución que la propia denuncia califica de "ilegal y arbitraria" de boletas de garantía contra un proveedor privado, apuntan a un nivel de irregularidad que va mucho más allá de un simple problema de papeleo administrativo.

Valoramos que esta denuncia haya logrado un respaldo transversal en el Congreso, y que el propio ministro del Deporte del actual Gobierno haya sido quien formalizara ante la Fiscalía las observaciones más específicas y graves. Es exactamente el tipo de continuidad institucional que corresponde exigir: que un problema heredado, iniciado bajo la organización conjunta de los gobiernos de Piñera y Boric, no quede archivado por conveniencia política, sino que se persiga con la misma seriedad independientemente de qué administración esté en curso cuando se descubren los hechos.

Conclusión

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, celebrados como el gran evento deportivo del gobierno de Boric, dejan como legado documentado casi 220 millones de dólares sin rendir, decenas de millones adicionales en irregularidades tributarias y de gestión específicamente cuantificadas, deudas millonarias con proveedores por ejecuciones de garantía que la propia denuncia califica de arbitrarias, y un recinto deportivo abandonado y vandalizado antes de siquiera terminar de construirse. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de esta investigación en la Fiscalía Metropolitana Occidente.