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LA ACOT AL DETALLE: LOS 30 PROYECTOS DE LA AGENDA DE SEGURIDAD DE KAST, SUS CUATRO PILARES Y LAS REACCIONES CRUZADAS DEL CONGRESO

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional la noche del miércoles 5 de agosto de 2026 —un día después de que el Congreso despachara su megarreforma tributaria—, se ha convertido en apenas 48 horas en el eje central de la agenda pública chilena. Esta columna, que ya adelantó los primeros contornos de esta agenda en su cobertura de la propia cadena nacional, presenta ahora un informe exhaustivo, cruzando y verificando la información disponible en al menos una decena de fuentes distintas, sobre el contenido preciso de la ACOT, sus fundamentos declarados, la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios críticos, y el mapa completo de reacciones parlamentarias que generó este anuncio.

El contexto inmediato: del despacho de la megarreforma a la seguridad como prioridad absoluta

Kast abrió su cadena nacional valorando explícitamente el hito legislativo del día anterior: "ayer hemos dado un paso gigantesco hacia un mejor futuro para todos. El Congreso Nacional, luego de cuatro meses de análisis, debate democrático y aportes de distintos sectores, ha aprobado y despachado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años". Fue sobre esa base que el Mandatario anunció el giro hacia la seguridad pública como la nueva prioridad absoluta de su gestión, en lo que la propia Cooperativa.cl describió como el segundo de los tres pilares de lo que Kast ha denominado un "gobierno de emergencia": economía, seguridad y migración.

Qué es exactamente la ACOT: más de 30 proyectos, con instrucción directa al ministro Arrau

Según confirmó el propio comunicado oficial de la Presidencia, Kast "instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible". El propio Mandatario fue preciso en su cadena nacional sobre la composición de esta agenda: "son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso, que corresponden a mociones parlamentarias, y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile". Esta cifra y esta descripción fueron corroboradas de manera idéntica por múltiples medios —The Clinic, Cooperativa, VLN Radio, El Universal de México, entre otros—, lo que confirma la solidez de este dato central.

Los cuatro pilares declarados: perseguir, capturar, juzgar y condenar

El propio Presidente sintetizó la lógica de fondo de la ACOT en cuatro verbos, citados de manera consistente por VLN Radio y otras fuentes: "vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas". Esta fórmula retórica, que esta columna ya había registrado parcialmente en su cobertura de la propia cadena nacional, se confirma ahora como el armazón discursivo central de toda la agenda, y fue citada de manera prácticamente idéntica por Cooperativa.cl.

Los cuatro ejes temáticos concretos de la agenda

Cruzando la información entregada por BioBioChile, El Dínamo, Radio Maray y T13, es posible reconstruir con precisión los cuatro ejes temáticos en que se organiza el contenido concreto de la ACOT:

Primero, despliegue policial territorial. Contempla mayor despliegue policial en los barrios más complejos del país, combate a las estructuras financieras de las bandas criminales, y el mantenimiento de una presencia permanente en los 50 barrios más críticos identificados a nivel nacional. Este número específico —50 barrios— fue confirmado de manera independiente por una fuente adicional (Radio Bío-Bío / El Dínamo), que precisó que se trata de barrios "identificados como prioritarios por sus niveles de violencia y criminalidad".

Segundo, herramientas procesales. Incluye la ampliación del plazo de flagrancia de las actuales 12 horas a 24 horas, y la creación del delito autónomo de pertenencia a una organización criminal. Este segundo punto fue confirmado explícitamente por VLN Radio, que citó al propio Kast señalando respecto del crimen organizado que "se buscará establecer como delito autónomo la pertenencia a una organización criminal".

Tercero, control migratorio. Contempla la extensión de la retención migratoria para personas en situación irregular y el fortalecimiento de la capacidad de expulsión efectiva de quienes no tienen derecho a permanecer en Chile. El diputado UDI Hotuiti Teao, en sus declaraciones a La Tercera, se refirió específicamente a esta dimensión bajo el nombre "Plan Frontera Cero para combatir la inmigración irregular", lo que sugiere que ese sería el nombre específico asignado a este componente migratorio dentro del paquete completo.

Cuarto, reforma constitucional. Es, según el propio discurso presidencial, el elemento de mayor alcance simbólico e institucional de toda la agenda. Busca consagrar la seguridad como un deber explícito del Estado, crear un régimen penitenciario especial para líderes del narcotráfico que continúan operando desde la cárcel, y fortalecer los mecanismos de decomiso de bienes provenientes del crimen organizado.

La frase constitucional central, verificada en múltiples fuentes

Uno de los pasajes más citados de todo el discurso presidencial, y que esta columna verificó de manera idéntica en al menos tres fuentes independientes —Cooperativa, El Maule Informa (que publicó el discurso completo) y Prensa Presidencia—, es el siguiente: "por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Y será un mandato que ningún Gobierno, de ningún color, podrá desconocer". Esta frase confirma la intención explícita del Ejecutivo de blindar esta agenda frente a eventuales cambios de administración futuros, transformándola en una obligación constitucional permanente y no en una política de gobierno específica.

El régimen penitenciario especial: la frase sobre los narcotraficantes presos

Sobre uno de los componentes más específicos de la reforma —el régimen penitenciario especial para líderes de bandas que operan desde la cárcel—, VLN Radio recogió una declaración presidencial que no había sido registrada en coberturas anteriores de esta columna: "el narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida". Esta frase confirma que el objetivo declarado de esta medida es específicamente cortar la capacidad operativa de mando que ciertos líderes criminales mantienen pese a estar privados de libertad, un fenómeno que ha sido documentado en Chile en el contexto de bandas como el Tren de Aragua.

El mensaje a la "derecha más radical": sin agenda valórica

Un elemento que esta columna considera de la mayor relevancia política, y que Cooperativa.cl fue el único medio en registrar con precisión, es que Kast utilizó parte de su discurso para desahuciar explícitamente cualquier expectativa de que su gobierno impulsara una agenda valórica en paralelo a la de seguridad: "los tres ejes de este Gobierno son seguridad, economía y empleo, y en los tres vamos en la misma dirección que el país. No estamos distraídos con otras cosas". Esta columna interpreta esta frase como una respuesta directa a las presiones que sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario han ejercido en meses recientes con iniciativas como "Escucha su corazón" —que esta misma columna cubrió en su editorial sobre el proyecto de latidos fetales—, confirmando el diagnóstico que ya planteamos en nuestra cobertura sobre las declaraciones de Diego Schalper: existe una disputa activa dentro de la propia coalición de derecha sobre si la agenda de gobierno debe priorizar exclusivamente lo "técnico" (seguridad, economía, empleo) o incorporar también banderas valóricas del ala más conservadora.

La propuesta más controvertida: un nuevo estado de excepción para barrios críticos

El anuncio que generó mayor debate en las horas posteriores a la cadena nacional fue revelado por el propio biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en entrevista con 24 Horas esa misma noche. Según confirmaron de manera coincidente La Tercera, T13, BioBioChile y The Clinic, el Ejecutivo evalúa la creación de un nuevo tipo de estado de excepción constitucional, focalizado en sectores o barrios específicos de alta criminalidad, que —a diferencia de los estados de excepción tradicionales— no estaría bajo el mando de las Fuerzas Armadas, sino de Carabineros, con las FF.AA. actuando en un rol de "colaboración" mediante convenios específicos.

Alvarado fue explícito sobre el mecanismo: "se está evaluando establecer un nuevo estado de excepción constitucional, focalizado en determinados sectores o barrios en una ciudad, que estarían bajo el mando, no de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros con convenios de colaboración de las Fuerzas Armadas". Sobre los criterios de aplicación, precisó: "de acuerdo a ciertos parámetros o indicadores que señalen que es necesario intervenir de una manera más profunda para combatir a la delincuencia, se puede establecer por un periodo de tiempo esa excepción, bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas, y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad". Sobre qué barrios específicos podrían ser intervenidos, el biministro indicó que estarán definidos "por indicadores de criminalidad que existen y delincuencia", basados en estadísticas que maneja Carabineros como organismo especializado.

Es relevante señalar, con el rigor que esta columna exige, un antecedente adicional revelado por BioBioChile días antes del anuncio oficial: esta medida "responde a una promesa de campaña del presidente Kast y a solicitudes de alcaldes para combatir la delincuencia", y su diseño surge, en parte, "tras los reveses que ha enfrentado el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la ley de Escuelas Protegidas, cuyo articulado fue modificado en aspectos clave". Este dato conecta directamente con la cobertura que esta columna ya realizó sobre la judicialización de la megarreforma ante el Tribunal Constitucional, confirmando que el propio gobierno diseña ahora sus iniciativas de seguridad con mayor cautela jurídica, anticipando eventuales impugnaciones constitucionales.

El detalle adicional: 15 proyectos nuevos en las próximas semanas

Un dato de actualización que esta columna verificó en el propio "Lo Último" de La Tercera, publicado con posterioridad al anuncio inicial, es que el ministro Arrau ya profundizó los anuncios de seguridad confirmando que "se ingresarán 15 proyectos durante las próximas semanas", lo que sugiere una hoja de ruta escalonada de presentación legislativa, más que un envío simultáneo de la totalidad del paquete al Congreso.

El mapa completo de reacciones parlamentarias

Esta columna considera que el elemento más valioso de esta actualización es el mapa completo de reacciones parlamentarias, reconstruido a partir del reportaje específico que La Tercera dedicó a este tema, firmado por Cristóbal Palacios, que recogió declaraciones de siete parlamentarios de distintos sectores.

Renovación Nacional (respaldo entusiasta). La jefa de bancada de senadores RN, María José Gatica, calificó la seguridad como "prioridad absoluta" y valoró que Kast presentara "una agenda firme para combatir el crimen organizado, que incluye la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías", comprometiendo "todo mi respaldo" desde el Congreso. El jefe de bancada de diputados RN, Diego Schalper —el mismo dirigente que esta columna ya vinculó, a partir de fuentes propias de VDI Global, con las presiones internas que rodearon la salida de Mara Sedini— calificó la agenda como "una estrategia concreta, una agenda legislativa, de política pública y de persecución penal contra el crimen organizado y el terrorismo", y reveló haber conversado "en detalle" con el ministro Arrau, señalando con "profunda alegría" que varios proyectos de RN fueron incorporados a la ACOT, entre ellos el fortalecimiento de la Ley Nain-Retamal. El diputado RN Mauro González comprometió también los "votos y las capacidades" de su partido a disposición del gobierno.

Partido Socialista (respaldo condicionado y crítica al proceso). El diputado PS Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, calificó como "importante" que el gobierno priorice el combate al crimen organizado por sobre el mero "orden público", pero cuestionó duramente la falta de trabajo prelegislativo: "los anuncios que realiza el Presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley que están en actual tramitación y otros que esperamos poder conocer. Idealmente, el haber tenido un trabajo prelegislativo con las comisiones de seguridad de manera transversal en ambas cámaras hubiera sido ideal para avanzar". Leiva advirtió además que el PS espera "proyectos que entreguen mayores herramientas de persecución criminal, y no solo un aumento de penas que, en definitiva, no tiene una sanción efectiva".

Federación Regionalista Verde Social (respaldo activo). El diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución, expresó compartir "en buena parte" lo anunciado, calificándolo de "una propuesta seria", y agradeció explícitamente a Kast haber acogido una propuesta legislativa propia sobre "decomiso sin condena, para perseguir rápidamente los bienes de los delincuentes y venderlos, enajenarlos, y destruir la naturaleza económica que incentiva la comisión de delitos" —una confirmación adicional, proveniente de un parlamentario de oposición moderada, de que la nueva Agencia de Decomiso que esta columna ya había reportado forma parte efectiva del paquete.

Partido Comunista (rechazo frontal). La voz más crítica de todo el espectro parlamentario fue la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC —el mismo partido cuya insistencia en derogar parte de la Ley Nain-Retamal, en pleno luto por la muerte de un carabinero, esta columna ya documentó con dureza—. Serrano acusó que el Ejecutivo "sigue en campaña, sigue haciendo anuncios del proyecto de ley, pero no hemos escuchado una voluntad del Presidente de la República, y menos de sus diputados, de seguir la ruta del crimen organizado, de levantar el secreto bancario. Todo lo contrario". Fue más allá, acusando directamente al gobierno de favorecer "negocios que son ilícitos en nuestro país, como son cobrarles impuestos a las casas de apuesta", y sosteniendo que el Ejecutivo "está más preocupado hoy día de hacerle el favor a los más poderosos, a los más ricos y a los amigos de este gobierno" que de la seguridad ciudadana efectiva.

UDI (respaldo pleno). El diputado independiente pro-UDI Hotuiti Teao respaldó explícitamente "el compromiso de recuperar la seguridad pública", enumerando el decomiso de bienes, el "Plan Frontera Cero", la ampliación de la flagrancia, el fortalecimiento de atribuciones policiales y el régimen penitenciario más estricto como los ejes que su bancada respalda con mayor convicción.

Partido de la Gente (respaldo escéptico, con fiscalización activa). El diputado Fabián Ossandón (PDG) ofreció la posición más matizada de todo el arco político: valoró que Kast pusiera la seguridad como prioridad, pero advirtió que "los chilenos, y especialmente quienes vivimos en la Región de Antofagasta, ya hemos escuchado demasiados anuncios y promesas. Hoy existe una legítima desconfianza, porque la gente quiere resultados, no discursos". Ossandón se comprometió a revisar "uno a uno" los proyectos, respaldando lo que "sirva para enfrentar con decisión al narcotráfico", pero advirtiendo que su bancada "será implacable en fiscalizar que los compromisos no queden, una vez más, solo en palabras".

Lectura editorial: una agenda con respaldo transversal mayoritario, pero con dos flancos abiertos

Esta columna, que ya respaldó en términos generales el fondo de esta agenda de seguridad en su cobertura de la cadena nacional del miércoles, considera que este mapa completo de reacciones parlamentarias confirma un escenario más favorable de lo inicialmente previsto para la tramitación legislativa de la ACOT: RN, UDI y la FRVS ofrecen un respaldo activo y sustantivo, mientras que incluso el PS y el PDG —pese a sus reparos sobre el proceso y la credibilidad del gobierno— no rechazan el contenido de fondo de la agenda, sino que exigen mayor rigor procedimental y fiscalización de resultados.

El único rechazo frontal proviene del Partido Comunista, cuya crítica —centrada en la ausencia de avances sobre el secreto bancario y en una supuesta protección a "los más poderosos"— esta columna considera desconectada del contenido técnico real de la ACOT, que sí incluye herramientas de decomiso patrimonial y persecución de estructuras financieras del crimen organizado, según confirman de manera coincidente múltiples fuentes ya citadas en este informe.

El verdadero riesgo de esta agenda no está, entonces, en su respaldo parlamentario general —que parece sólido y transversal—, sino en dos flancos específicos que esta columna ya había identificado: primero, el riesgo de judicialización constitucional de cualquier norma que restrinja libertades individuales en el marco del nuevo estado de excepción focalizado, dado el precedente ya sufrido por el gobierno con la Ley de Escuelas Protegidas ante el Tribunal Constitucional; y segundo, el propio plazo autoimpuesto por Kast —aprobar toda la agenda "antes de Navidad"—, que la experiencia reciente de la tramitación de la megarreforma, marcada por bloqueos internos de la propia coalición, sugiere que podría resultar considerablemente más optimista que realista.

Conclusión: una agenda ambiciosa que ahora debe demostrarse en el Congreso

La ACOT representa, sin duda, el anuncio de política pública más ambicioso del gobierno de Kast desde su instalación, y cuenta, según confirma este informe cruzado con múltiples fuentes verificadas, con un respaldo parlamentario mayoritario que trasciende ampliamente los límites de la propia coalición de gobierno. Esta columna seguirá de cerca, en las próximas semanas, la presentación formal de los primeros 15 proyectos anunciados por el ministro Arrau, así como el desarrollo específico de la propuesta de estado de excepción focalizado en barrios críticos, que sigue en fase de evaluación y que constituye, hasta el momento, el componente más novedoso —y jurídicamente más delicado— de toda la agenda.