El abogado y analista internacional José Rodríguez Elizondo lanzó una advertencia sobre el sur del país. El gobierno de Javier Milei no discute la soberanía plena de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. Pero, según su análisis, Argentina mantiene vigentes decretos que parecen condicionar la entrada y salida oriental del Estrecho para los buques que van o vienen de las Malvinas. Y hay militares argentinos, en servicio y en retiro, que justifican ese condicionamiento con una supuesta soberanía parcial o una potestad de vigilancia. A cinco semanas del zarpe del Danstar, la advertencia no puede ser más oportuna.

La tesis de Rodríguez Elizondo

Rodríguez Elizondo distingue dos planos. En el oficial, Buenos Aires reconoce los tratados. En agosto, tras las polémicas declaraciones de un alto mando de su Fuerza Aérea, la Cancillería argentina reiteró que su posición sobre el Estrecho es la que fijan el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y que ambos rigen plenamente y son definitivos.

En el plano práctico, la historia es otra. Siguen vigentes normas internas que, a juicio del analista, condicionan el acceso oriental al Estrecho en la ruta hacia las Malvinas. A eso se suma un discurso que circula entre uniformados argentinos y que reclama para Argentina un derecho a vigilar esas aguas. Rodríguez Elizondo recuerda incluso un texto en que un almirante argentino cuestionaba el régimen de navegación del Estrecho, pese a que el artículo V del tratado de 1881 seguía intacto.

Su conclusión es inquietante: Chile estaría frente a “un gambito que no atinamos a prever”.

Lo que dice el tratado

El Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado tras la mediación papal que evitó la guerra de 1978, es claro. Su artículo 10 obliga a Argentina a mantener, “en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos” por sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes.

No hay matices. No hay excepciones por bandera, por destino ni por carga. Un buque que sale del Estrecho rumbo al Atlántico tiene garantizado el paso por las aguas argentinas cercanas a la boca oriental. Así lo ha recordado también el exdiputado por Magallanes Rodrigo Álvarez: el tratado le impide a Argentina oponerse al tránsito de cualquier nave que use el Estrecho.

Un patrón, no un exabrupto

La advertencia no surge de la nada. El 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó a Magallanes y al Paso Drake en una referencia a la soberanía argentina. Sostuvo que había que hacer presencia allí porque es una llave bioceánica. Meses antes, el contraalmirante Hernán Moreno había relativizado también la soberanía chilena.

La Directiva de Política de Defensa Nacional argentina, aprobada en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, definió el Estrecho y el Mar de Drake como espacios donde resulta clave fortalecer la exploración, el estudio y el control conjunto. Y en septiembre, días después de la declaración conjunta de Kast y Milei que reafirmó la soberanía chilena, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a hablar de la necesidad de controlar el Atlántico Sur, el Estrecho y el acceso a la Antártida.

No todo apunta en la misma dirección. A fines de agosto, el jefe de la Armada argentina, almirante Juan Carlos Romay, dijo en una entrevista que el Estrecho pertenece a Chile, sin que nadie se lo preguntara. Fue un reconocimiento inédito de un alto mando argentino. Pero un almirante no deroga decretos.

También hay antecedentes concretos. En 2024, paneles solares instalados por la Armada argentina en un puesto de vigilancia cerca del Hito 1, en Tierra del Fuego, quedaron unos tres metros dentro de territorio chileno. Solo se retiraron después de un ultimátum del gobierno de entonces.

El Danstar, la prueba concreta

La tesis de Rodríguez Elizondo cobra urgencia por un caso puntual. La primera semana de diciembre, el carguero chileno Danstar zarpará de Punta Arenas hacia las Malvinas, cruzando el Estrecho y saliendo por su boca oriental. Fuentes diplomáticas chilenas aseguran que Buenos Aires evalúa detenerlo, escoltarlo o multarlo, aunque el gobierno argentino no lo ha confirmado.

Si eso ocurre, la discusión dejará de ser teórica. Cualquier acción contra el Danstar a la salida del Estrecho pondría a prueba el artículo 10 del tratado de 1984. Y Chile sabrá si los decretos que menciona Rodríguez Elizondo son letra muerta o una herramienta que Argentina está dispuesta a usar.

Lectura editorial

La relación entre los gobiernos de Kast y Milei es una buena noticia para la región. Comparten una visión económica, una agenda contra el crimen organizado y una posición clara frente a las dictaduras del continente. Precisamente por eso, este es el momento de resolver lo que la cercanía política permite resolver.

El Estrecho de Magallanes es chileno. Está escrito en dos tratados, lo reconoce la Cancillería argentina y lo dijo el jefe de su Armada. Lo que falta es que la práctica coincida con el papel. Cualquier decreto que condicione el tránsito por la boca oriental, en cualquier ruta y con cualquier destino, contradice el tratado de 1984. Si Buenos Aires de verdad considera ese tratado definitivo, derogar esas normas no debería costarle nada.

La Cancillería chilena tiene que pedirlo por escrito, con claridad y antes de diciembre. No se trata de escalar, sino de no dejar ambigüedades que otros puedan llenar. La historia del sur enseña que las pretensiones limítrofes argentinas rara vez se presentan de frente. Avanzan con un decreto aquí, una directiva allá, una declaración de un general y una presencia que se vuelve costumbre.

Tampoco conviene sobrerreaccionar. Las palabras de un brigadier o de una exministra no son la política oficial del gobierno argentino, y Chile no gana nada tratando cada declaración como una crisis. Pero la prudencia no puede convertirse en silencio. Un país que no defiende con firmeza sus derechos cuando son claros termina defendiéndolos cuando ya son discutidos.

El tratado de 1984 costó una mediación papal y casi una guerra. Chile no puede permitir que se erosione en silencio.

Lo que viene

El Danstar zarpará la primera semana de diciembre. Hasta entonces, la Cancillería tiene la oportunidad de pedir a Buenos Aires una señal concreta: la derogación de los decretos que condicionan el tránsito por el Estrecho, o al menos una declaración expresa de que no se aplicarán a buques chilenos.

Si esa señal llega, la alianza Kast-Milei habrá pasado su primera prueba seria. Si no llega, habrá que tomar nota.

Fuente: Ex-Ante, entrevista a José Rodríguez Elizondo (29 de octubre de 2026). Con información de Ex-Ante, Infobae, BioBioChile y El Dínamo.