Un examen de ADN con una probabilidad de identificación superior al 99,9999% confirmó que la mujer detectada viviendo en Mar del Plata, Argentina, corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo, militante del MIR que figuraba oficialmente como detenida desaparecida desde 1973, y cuyo nombre consta en el Museo de la Memoria como fusilada en el Puente Toltén el 10 de octubre de ese año, junto a otros militantes de la Unidad Popular. El caso, confirmado este lunes por el Poder Judicial, constituye un antecedente excepcional que obliga a revisar con la máxima seriedad los procesos de verificación histórica en casos de derechos humanos, sin que ello implique poner en duda el enorme cuerpo de evidencia judicial acumulado durante décadas sobre la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El caso: 53 años dada por muerta

Vera Contardo tenía 27 años y ejercía como profesora de educación básica en Neltume —tras dejar a una hija al cuidado de sus padres en Valdivia— cuando fue vista por última vez en 1973, presuntamente detenida y ejecutada por efectivos militares en Panguipulli. Conocida entonces por su apodo político "Anita", su caso forma parte del listado de 1.469 personas detenidas desaparecidas reconocidas oficialmente por el Estado chileno, y aparece también consignada como tal en el Informe Rettig, el documento fundacional de la política de reparación en derechos humanos en Chile tras el retorno a la democracia.

El hallazgo: un reportaje de Chilevisión y la confirmación judicial

Fue un reportaje de Chilevisión el que reveló que la mujer, hoy de 79 años, se encontraría viviendo en la ciudad argentina de Mar del Plata. Tras esa revelación, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, se reunió este lunes con los familiares de Vera Contardo para compartirles los resultados del informe pericial de ADN 12-SCL-ADN-412-26, correspondiente al perfil genético y a las muestras de sus familiares disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal. El Poder Judicial fue explícito en el nivel de certeza científica alcanzado: "se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%".

El secreto de la investigación

El Poder Judicial precisó que la causa se mantendrá "bajo estricto secreto de la investigación", prohibiendo la divulgación del informe pericial genético de ADN, con el argumento de que "los datos contenidos en el peritaje genético revisten la calidad de datos personales sensibles en los términos del artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, encontrándose su tratamiento y custodia amparados por la garantía constitucional del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República".

Lo que este caso exige, y lo que no invalida

Esta columna considera que un antecedente de esta naturaleza —una persona catalogada oficialmente como ejecutada y desaparecida durante 53 años, que resulta estar viva— es de una relevancia mayúscula, y exige que las instituciones a cargo de administrar el registro histórico de los detenidos desaparecidos revisen con el máximo rigor la solidez de cada caso individual dentro de esa lista, en particular aquellos en que no existió reconocimiento formal de restos ni prueba pericial que confirmara la ejecución más allá de testimonios de la época.

Corresponde, sin embargo, ser igual de riguroso en no extraer de este caso puntual una conclusión que la evidencia no respalda: el hallazgo de Bernarda Vera con vida no invalida ni pone en entredicho el enorme cuerpo de prueba judicial, forense y testimonial —incluyendo hallazgos de restos óseos plenamente identificados mediante ADN, condenas penales firmes contra responsables, y documentación exhaustiva del propio aparato represivo— que sustenta la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Se trata de un caso individual excepcional dentro de un listado de 1.469 personas, y su tratamiento correcto es el de una rectificación puntual y bienvenida —que además representa una noticia profundamente positiva para la familia de Vera Contardo, que recupera a una persona querida que creía perdida hace más de cinco décadas—, no el de un cuestionamiento generalizado a los procesos de verificación histórica que Chile ha construido durante los últimos treinta años.