La exvocera Camila Vallejo dice que es incomprensible que el Presidente Kast mantenga al ministro de Justicia Fernando Rabat tras las 56 rebajas de condena a abusadores y violadores de menores. Tiene un punto. Pero en 2017, cuando la ministra de Justicia cuestionada era de su propio gobierno y los niños estaban muertos bajo custodia del Estado, Vallejo propuso el reproche, lo votó a favor en la comisión y después, en la Sala, se abstuvo. El informe se cayó.

Lo que dijo esta semana

El 29 de octubre, en Turno AM, Vallejo sostuvo que si Rabat seguía en el cargo era porque Kast lo estaba protegiendo, que por razones menos graves el gobierno ya había sacado a ministras y que, por liberar a pedófilos, no se había usado la misma vara. El 1 de noviembre, en radio Nuevo Mundo, recogida por La Tercera y CNN Chile, fue más lejos: dijo que el Presidente respaldaba a un ministro que había mentido, cambiado versiones y ocultado información para culpar al gobierno anterior, y que eso era diluir responsabilidades.

La misma vara. Diluir responsabilidades. Vale la pena medir a Vallejo con esas dos expresiones.

El caso que la indigna

El 21 de octubre, Interferencia reveló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos de rebaja de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. La ley 21.421, de febrero de 2022, excluye a estos condenados del beneficio, pero no fijó qué pasaba con los delitos cometidos antes de su vigencia, y la Corte Suprema fue acogiendo amparos contra su aplicación retroactiva.

Rabat dijo que cumplía la jurisprudencia del máximo tribunal. Los documentos lo complicaron. La presidenta de la Corte Suprema precisó que los decretos los dictó el ministerio, no la Corte. Interferencia mostró que en mayo Rabat firmó un rechazo y dos días después lo anuló. BioBioChile revisó 33 casos y encontró orden judicial expresa en uno solo. Y el decreto del gobierno de Boric que Rabat exhibió en la Cámara como prueba de que el gobierno anterior hizo lo mismo correspondía a una víctima adulta.

El 26 de octubre, Kast reconoció un error propio, suspendió las rebajas y mantuvo al ministro. El subsecretario Luis Silva salió tras publicar un video sin avisar a La Moneda. Diputados del PC y del PS denunciaron a Rabat y Silva por presunta prevaricación administrativa, y la oposición anunció una acusación constitucional.

Este medio lo dice sin rodeos: fue un error grave, defendido mal durante cinco días. Hasta ahí, la crítica de Vallejo tiene sustento. El problema empieza cuando se abre el archivo.

Agosto de 2016: las lágrimas

El 11 de abril de 2016 murió Lissette Villa, de 11 años, en el Cread Galvarino del Sename. Se informó un paro cardiorrespiratorio. Meses después se supo que había sido asfixiada durante una contención, y dos educadoras fueron condenadas en 2021 por apremios ilegítimos. Ese mismo año, el gobierno informó al Congreso 185 niños muertos en el Sename desde 2005. La cifra final, entregada en octubre, fue de 1.313.

El 2 de agosto, durante la interpelación a la ministra de Justicia Javiera Blanco, gobierno de Bachelet, con el PC como oficialismo, Vallejo pidió la palabra. Dijo que todos en la sala tenían niños, habló de un negocio tremendo y de un Estado que había delegado su responsabilidad en privados, y pidió ética. Se le quebró la voz y lloró. El diputado Nicolás Monckeberg le respondió que las lágrimas que dolían no estaban en el Congreso, sino en los niños y sus familias.

Un mes después, la acusación constitucional de René Saffirio contra Blanco por el Sename murió en la Sala, 67 a 43, con los votos de la Nueva Mayoría. En la comisión revisora votó en contra la comunista Karol Cariola. Blanco dejó el ministerio en octubre por la crisis de Gendarmería, y en febrero de 2017 Bachelet la nombró en el Consejo de Defensa del Estado.

Junio y julio de 2017: el voto

Vallejo integró la Comisión Investigadora Sename II. El 19 de junio de 2017, la comisión acordó reprochar a Blanco por negligencia inexcusable por no haber implementado las medidas de la primera comisión. Según el acta citada en una columna de La Tercera, el texto lo propuso la propia Vallejo. Lo votó junto a Ramón Farías y Chile Vamos, y luego apoyó el informe final, que responsabilizaba al Estado e incluía más de sesenta propuestas.

Luego La Moneda entró en escena. BioBioChile tituló que el informe se rechazó tras el lobby del gobierno para exculpar a Blanco.

El 4 de julio la Sala lo votó: 36 a favor, 47 en contra, 13 abstenciones. Vallejo se abstuvo. Con esas trece abstenciones a favor, el informe habría ganado 49 a 47.

En la Sala explicó que no quería que se responsabilizara a una sola persona. Al día siguiente dijo que la discusión se había centrado en el nombre de Blanco y que se había dejado de hablar de los niños. La diputada RN Marcela Sabat le recordó que votaba en contra de su propia indicación. Mario Waissbluth, que no habla desde la derecha, le preguntó qué cálculo la había llevado a aprobar en la comisión y abstenerse en la Sala.

La respuesta nunca llegó. Si lo que preocupaba era que se dejara de hablar de los niños, el voto que dejaba aprobadas las sesenta propuestas era el sí.

Enero de 2023: la vocera

Como ministra vocera de Boric, Vallejo enfrentó otra crisis en Justicia: los trece indultos del 30 de diciembre de 2022. Primero defendió a la ministra Marcela Ríos con el argumento de que los indultos estaban en la Constitución y no había nada inconstitucional. Ríos salió el 7 de enero. Dos días después, Vallejo reconoció que no se habían cumplido todos los criterios y explicó que, si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la decisión habría sido distinta. La culpa bajó a la ministra, y luego el gobierno combatió la acusación contra Ríos sosteniendo que los decretos estaban bien constituidos. La acusación se cayó 49 a 82.

El espejo

En 2017, la responsabilidad no podía recaer en una sola persona. En 2026, no reconocer culpables concretos es diluir responsabilidades.

En 2023, el Presidente que firmó los indultos no tuvo toda la información. En 2026, el Presidente que no firmó ningún decreto es el verdadero responsable.

En 2022, la legalidad bastaba: no había nada inconstitucional. En 2026, cuando el gobierno dice que respetó la ley, Vallejo dice que mienten.

Misma cartera, mismos niños, distinto gobierno. La única variable que cambia es quién está en La Moneda.

Lo que diría la defensa

Hay argumentos a su favor y conviene enfrentarlos. En 2017 Blanco ya era exministra y el informe no era vinculante. Pero eso hacía el voto más barato, no más caro. Además, Vallejo sí votó a favor en la comisión. Eso tiene mérito, pero el voto que contaba era el de la Sala. Y Boric sí sacó a su ministra en una semana, algo que Kast no ha hecho. Es el argumento más fuerte de la defensa. Aun así, esa salida se acompañó de un relato que protegió al Presidente, que es justo lo contrario de lo que hoy exige.

Sobre las 276 rebajas del período de Boric que el oficialismo repite, hay que ser precisos: no existe un desglose público que muestre que alguna fue por delitos contra menores sin orden judicial, y lo reportado indica que ese gobierno litigó para rechazarlas. La acusación de doble estándar no necesita esa cifra. Le basta con el Sename y los indultos.

Lectura editorial

El gobierno de Kast falló donde no podía fallar, y este medio no lo va a maquillar. Que el Presidente reconociera el error fue correcto. Que tardara, no tanto. Si Rabat debe o no seguir es una discusión legítima.

Lo que no es legítimo es reclamar el monopolio de la indignación por los niños con este historial. Vallejo perdió la autoridad en este tema la tarde del 4 de julio de 2017, cuando su gobierno necesitó su abstención y ella se la dio. Lloró en 2016, se abstuvo en 2017, protegió a su Presidente en 2023 y hoy pide la misma vara.

La vara existe. Solo hay que usarla para medir a todos.