La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, junto a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), desplegó este jueves una serie de allanamientos e incautaciones de teléfonos y computadores en distintas regiones del país, en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco, fraude informático, falsificación de instrumento privado, delitos contra la salud pública, lavado de activos y coimas a altas autoridades de Chile. Esta columna, que ya documentó extensamente el caso "cuota Gahona" dentro del expediente CBM y la investigación por fraude al fisco que afecta al senador Miguel Ángel Calisto, examina ahora esta nueva arista que conecta directamente al Programa de Alimentación Escolar de Junaeb con figuras políticas de distintos sectores.

Los alcanzados por las diligencias: dos senadores en ejercicio y un exconvencional

Según una resolución emanada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, entre quienes aparecen alcanzados por las nuevas diligencias se encuentran los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (exDC, hoy independiente FRVS), además del exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC). Esta columna precisa que se autorizaron diligencias de entrada, registro e incautación de dispositivos electrónicos, solicitadas por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, quien dirige una investigación centrada en la empresa SOSER S.A. y su participación en millonarias licitaciones para prestar servicios de alimentación escolar.

El operativo: nueve domicilios, la sede central de Junaeb, y probable ingreso al Congreso

Esta columna reproduce, con la precisión que exige un operativo de esta magnitud, el alcance geográfico e institucional de estas diligencias: la Brigada Anticorrupción de la PDI encabezó operativos en al menos nueve domicilios y en la sede central de Junaeb, con allanamientos en distintas regiones del país que incluyeron la incautación de teléfonos celulares, computadores, dispositivos electrónicos, y el acceso a información institucional. Esta columna considera relevante que, según el propio reportaje que dio origen a esta cobertura, lo más probable es que las diligencias lleguen incluso hasta dependencias del Congreso Nacional, dado que en investigaciones anteriores que involucraron a parlamentarios, los equipos especializados ya se habían apersonado en la sede legislativa —un antecedente que esta columna ya documentó, por ejemplo, en el allanamiento que involucró al exdiputado Juan Manuel Fuenzalida.

El giro de la causa: de un contrato regional a un mecanismo de corrupción sostenido

Esta columna considera indispensable reconstruir, con el rigor que exige esta transformación del expediente, cómo evolucionó esta investigación desde su origen. El caso había comenzado públicamente por presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de contratos adjudicados a SOSER para entregar alimentación en establecimientos educacionales de la Región de O'Higgins. Sin embargo, la investigación avanzó considerablemente más allá de ese foco inicial: el Ministerio Público indaga actualmente la eventual existencia de un mecanismo de corrupción sostenido en el tiempo, mediante el cual se habría entregado información reservada, intervenido en decisiones administrativas, gestionado la adjudicación de licitaciones, y presionado para remover a funcionarios encargados de tareas de fiscalización.

La hipótesis central: coimas millonarias a cambio de favores administrativos

Esta columna reproduce, con la máxima precisión, la hipótesis investigativa que sustenta esta ofensiva judicial: algunas de esas actuaciones habrían tenido como contraprestación beneficios económicos y laborales, es decir, millonarias coimas. Es precisamente esa arista la que llevó a los investigadores hasta funcionarios y exfuncionarios de Junaeb, representantes privados, lobbistas y personas vinculadas al mundo político. La investigación busca establecer eventuales delitos de cohecho, soborno, revelación de secreto, tráfico de influencias y lavado de activos.

Un antecedente histórico que esta columna ya conocía: las irregularidades de 2017

Esta columna considera relevante el antecedente que ya habíamos documentado en investigaciones anteriores sobre este mismo organismo: en 2017, el propio diputado Sergio Gahona —entonces integrante de una comisión investigadora sobre irregularidades en Junaeb— ya había acusado presiones dentro del organismo, sosteniendo en su momento que una exfuncionaria había "mentido categóricamente" al negar la existencia de presiones internas. Esta columna considera notable, y digno de subrayar con la máxima objetividad, que el mismo parlamentario que hace nueve años denunciaba irregularidades dentro de Junaeb desde su rol fiscalizador, aparezca hoy entre los alcanzados por las diligencias de esta nueva investigación, un contraste que exige, por sí solo, una explicación pública clara por parte del propio senador.

Lo que esta columna ya documentó sobre Calisto y Gahona en otro expediente

Esta columna recuerda que tanto Gahona como Calisto ya figuraban, hasta ahora, en una investigación completamente distinta: la derivada del consorcio CBM, donde ambos senadores —junto a Pedro Araya y Matías Walker— han sido objeto de indagatorias vinculadas a pagos y gestiones cuestionadas, según esta columna ya reconstruyó en su cobertura sobre los distintos casos judiciales que involucran a senadores. Que ambos aparezcan ahora, además, alcanzados por diligencias en un expediente completamente separado sobre Junaeb, confirma un patrón de exposición judicial simultánea en más de un frente que esta columna considera merece seguimiento particularmente riguroso.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente transparente, en la medida en que el secreto de la investigación lo permita, el rol específico que cada uno de los parlamentarios y exparlamentarios mencionados habría tenido en este presunto mecanismo de corrupción, precisamente porque se trata de autoridades que ejercen, o ejercieron, funciones de representación popular y de fiscalización del propio gasto público. Exige, además, que tanto el senador Gahona como el senador Calisto y el exdiputado Gutiérrez entreguen explicaciones públicas oportunas sobre su vinculación con estas diligencias, sin esperar a que el propio proceso judicial avance en silencio.

Conclusión: un caso que crece, sin distinción de sector político

Esta columna concluye que la trama de coimas en Junaeb, que hoy alcanza a dos senadores de sectores políticos distintos —UDI y FRVS— y a un exdiputado comunista, confirma exactamente el patrón que esta columna ha exigido combatir sin distinción de bandera a lo largo de toda esta cobertura: la corrupción en el uso de recursos públicos no reconoce color político, y merece el mismo estándar de investigación rigurosa e independiente del sector al que pertenezca cada involucrado. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de estos allanamientos y cualquier formalización que pudiera derivarse de ellos.