La campaña económica de Estados Unidos para asfixiar al régimen iraní, bautizada como Operación Economic Outcast, no está rindiendo todo lo que podría. Así lo plantea un nuevo análisis de dos expertos del Washington Institute for Near East Policy. El diagnóstico: las sanciones y el bloqueo del Estrecho de Ormuz pierden fuerza si Washington actúa casi solo. Una parte importante de las redes financieras de Teherán y de Hezbolá opera lejos de Medio Oriente, también en Sudamérica.

El cerco que Washington arma desde agosto

El 24 de agosto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó un nuevo paquete de sanciones contra Irán y lo describió como un desembarco económico, en alusión al Día D. Esa ofensiva financiera se suma al bloqueo naval de los puertos iraníes que la Marina estadounidense mantiene en el Estrecho de Ormuz desde comienzos de año.

La lógica es clara: cortar las fuentes de dinero que sostienen al régimen, a la Guardia Revolucionaria y a su red de aliados armados en la región. Mientras Washington y Jerusalén discuten si volver a atacar militarmente, esta presión es la herramienta que funciona todos los días.

El problema, según Michael Jacobson y Matthew Levitt, del Washington Institute, es que la herramienta se queda corta. Levitt dirige el programa de contraterrorismo e inteligencia del centro. Ambos sostienen que Estados Unidos ha confiado demasiado en gestiones diplomáticas puntuales para enfrentar el terrorismo vinculado a Irán, cuando los resultados obtenidos muestran que la vía internacional funciona mejor.

Cuando muchos hablan a la vez

Los ejemplos que citan son recientes. El 12 de octubre, Estados Unidos y otros 29 gobiernos firmaron una declaración que acusó a Irán de planear la destrucción de aeronaves estadounidenses en la base de la RAF en Fairford, en el Reino Unido. Una semana antes, Washington y ocho países del hemisferio occidental habían condenado las actividades terroristas y desestabilizadoras de Irán en la región. En junio, el Departamento de Estado y más de 20 gobiernos ya habían responsabilizado a Teherán por una serie de ataques en Europa, Norteamérica y Australia.

No fue fácil llegar ahí. Varios gobiernos dudaron en condenar a Irán, incluso por complots en su propio territorio. Temían represalias y temían por sus ciudadanos detenidos arbitrariamente en cárceles iraníes. Solo lo hicieron con respaldo estadounidense. Esa reticencia dice mucho de cómo opera el régimen: usa rehenes como moneda de cambio diplomática.

América Latina en el mapa

El análisis dedica un capítulo a la región. En los últimos años, gracias en parte a la presión de Washington, varios países de Centro y Sudamérica designaron o sancionaron a la Guardia Revolucionaria, a Hezbolá y a Hamás. Los autores reconocen que esas medidas tienen peso simbólico y dan a los gobiernos herramientas legales nuevas.

Pero advierten que una designación en el papel no basta. Para que se traduzca en acción real contra el régimen, hace falta capacidad material, personal entrenado y conocimiento técnico para rastrear esquemas financieros sofisticados. Sin eso, la lista de organizaciones terroristas es un gesto.

La propuesta concreta es usar fondos de asistencia exterior. El Congreso estadounidense ya asignó cerca de 300 millones de dólares al Departamento de Estado este año fiscal para fortalecer las capacidades antiterroristas de países socios. Parte de ese dinero se ha destinado a combatir carteles y pandillas en Centroamérica. Jacobson y Levitt plantean que una porción similar podría dirigirse a Irán y sus aliados.

Entre las ideas que proponen figuran:

• Entrenar y equipar a las autoridades fronterizas de Siria para interceptar el contrabando de Irán y Hezbolá, incluido el traslado de efectivo en grandes cantidades.
• Ayudar a la Guardia Costera de Yemen a detectar las redes de armas y suministros de los hutíes.
• Mejorar la capacidad de los bancos iraquíes para identificar el financiamiento ilícito iraní.
• Reforzar a las autoridades de África Occidental y Sudamérica para descubrir y procesar las redes financieras de Hezbolá.

El caso chileno

El último punto toca de cerca. La presencia financiera de Hezbolá en Sudamérica no es un descubrimiento reciente. La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es el caso más conocido, pero no el único.

En Chile, el debate lleva años abierto. La Cámara de Diputados aprobó una resolución que pedía al Ejecutivo reconocer a Hezbolá como organización terrorista y coordinar acciones para contrarrestar su influencia. En 2024, Marco Rubio, entonces senador y hoy secretario de Estado, afirmó en el Congreso estadounidense que la organización recaudaba dinero en el país. El gobierno de la época rechazó esas afirmaciones y sostuvo que no había empresas chilenas sancionadas por vínculos con el grupo. La prensa ha informado también de investigaciones sobre movimientos financieros de empresas en la Zona Franca de Iquique, sin conclusiones públicas.

El contexto actual es distinto. En septiembre, Chile anunció su adhesión al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad hemisférica impulsada por la administración Trump. Esa decisión abre una oportunidad concreta. Cooperación en inteligencia financiera, capacitación de la PDI, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero, y acceso a fondos como los que describen los expertos podrían marcar la diferencia entre una sospecha recurrente y una respuesta institucional.

Lectura editorial

El régimen de los ayatolás no se financia solo con petróleo. Lo hace con redes de contrabando, empresas pantalla, casas de cambio y operadores que se mueven donde los controles son débiles. Durante décadas, América Latina ha sido uno de esos lugares. El atentado contra la AMIA en Buenos Aires, en 1994, recordó con 85 muertos que esas redes no solo mueven dinero.

Por eso el diagnóstico del Washington Institute merece atención más allá de Washington. Las sanciones de un solo país, por poderoso que sea, tienen agujeros. Cada frontera sin controles, cada banco sin capacidad de detectar flujos sospechosos y cada gobierno que prefiere no mirar es una vía de escape para Teherán. La presión económica funciona cuando el cerco está cerrado. Hoy no lo está.

Hay también una lección para quienes en la región prefieren la neutralidad. Mantener distancia de la confrontación entre Estados Unidos e Irán puede parecer prudente, pero no es neutral permitir que una organización terrorista use el sistema financiero propio. Designar a Hezbolá no es tomar partido en una guerra lejana. Es proteger la integridad del país.

Ese esfuerzo, eso sí, tiene que ser serio. Las acusaciones sin pruebas debilitan la causa que dicen defender, como mostró la polémica de 2024. Lo que se necesita son capacidades reales de investigación, cooperación internacional y voluntad política sostenida, no titulares.

Para Israel, todo esto tiene una lectura directa. Mientras se discute si habrá una nueva ronda militar contra Irán, la guerra económica sigue. Cada dólar que no llega a Teherán es un dólar que no llega a Hezbolá en el Líbano ni a los hutíes en el Mar Rojo. Es una forma de defensa que no requiere misiles, pero sí aliados.

Lo que viene

El 3 de noviembre, Estados Unidos vota en sus elecciones de mitad de período. Después, la Casa Blanca tendrá que decidir si mantiene la presión económica, la combina con una nueva ofensiva militar o ambas cosas. En cualquiera de esos escenarios, el cerco financiero seguirá siendo clave.

La pregunta para los gobiernos latinoamericanos es simple. Ya se sabe que el dinero de Hezbolá pasa por la región. Lo que falta saber es qué está dispuesto a hacer cada país para impedirlo.