La investigación por presuntas coimas en las licitaciones de alimentación escolar de Junaeb, que esta columna ya documentó en su cobertura sobre el allanamiento que salpicó a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto y al exdiputado Hugo Gutiérrez, tiene un origen que exige ser subrayado con la máxima claridad: fue la nueva administración de Junaeb, instalada tras la llegada del gobierno de José Antonio Kast, la que, al revisar las actuaciones de sus antecesores, detectó una serie de irregularidades y llevó los antecedentes ante el Ministerio Público. Esta columna considera que este antecedente confirma, una vez más, un patrón que ya hemos documentado extensamente: buena parte de las investigaciones de corrupción más graves que hoy enfrenta Chile tienen su origen, precisamente, en la revisión que el actual gobierno realizó sobre la gestión del período anterior.

La exdirectora Camila Rubio, entre los domicilios allanados

Esta columna reproduce, con la precisión que exige esta nueva arista, los nombres específicos que la justicia autorizó allanar dentro de la propia estructura de Junaeb durante la era Boric: la exdirectora nacional Camila Rubio, el exjefe del Departamento de Alimentación Claudio Alcatruz, el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil Francisco Pizarro, además de Alejandro Layseca y María José Robles. La Fiscalía obtuvo autorización para incautar teléfonos celulares y otros dispositivos, y para acceder a las cuentas institucionales que estas personas utilizaron durante el período investigado, con el objetivo declarado de reconstruir desde dentro de Junaeb cómo se adoptaron las decisiones relacionadas con SOSER S.A., quiénes participaron de ellas, y qué comunicaciones existieron entre funcionarios públicos y actores externos.

De sobredeclaraciones de raciones a una red de favores sistemática

Esta columna considera indispensable reconstruir, con el detalle técnico que exige esta cobertura, cómo evolucionó esta investigación desde su origen administrativo hasta convertirse en una causa penal de la máxima gravedad. Los primeros antecedentes apuntaban a presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de SOSER: sobredeclaraciones de raciones, certificados que habrían permitido obtener pagos improcedentes con fondos públicos, e incorporación de información falsa en los sistemas de Junaeb. También se investigan eventuales beneficios indebidos entregados a directores de establecimientos y encargados del Programa de Alimentación Escolar, además de episodios relacionados con alimentos presuntamente contaminados.

Pero las diligencias desarrolladas posteriormente permitieron abrir una arista considerablemente más grave: la Fiscalía indaga actualmente si existió un mecanismo sostenido en el tiempo destinado a favorecer intereses privados dentro de Junaeb, incluyendo la entrega de información reservada a particulares, la intervención en actos administrativos para favorecer a SOSER, gestiones destinadas a conseguir adjudicaciones o mejorar condiciones de contratos públicos, y presiones para conseguir la salida de funcionarios encargados de tareas de fiscalización. La sospecha más grave, según reconstruye esta columna, es que algunas de esas actuaciones se habrían realizado a cambio de beneficios económicos o laborales.

Los ejecutivos de SOSER también bajo la lupa

Esta columna considera relevante precisar que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó, además, la entrada y registro de inmuebles asociados a Jaime Rey Cortés y Matías Pizarro O'Ryan, ambos identificados formalmente como imputados en la causa, junto con la incautación de teléfonos, computadores, discos duros, documentación y antecedentes bancarios. La Fiscalía Oriente y la PDI buscan establecer el papel que tuvieron los integrantes de la gerencia y directorio de SOSER en el presunto esquema de corrupción, bajo la tesis de que desde la propia empresa se habrían realizado gestiones para obtener información reservada, favorecer sus intereses en licitaciones públicas e intervenir en determinadas decisiones de Junaeb, a cambio de esos mismos beneficios. La causa contempla, además, la eventual responsabilidad penal de SOSER como persona jurídica.

De Junaeb al Congreso: la conexión que esta columna ya documentó

Esta columna recuerda, conectando directamente con su cobertura anterior, que las diligencias no se limitaron a la estructura interna de Junaeb: la Fiscalía obtuvo también autorización para allanar inmuebles vinculados a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (FRVS), al exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), y al lobbista Darío Calderón, con diligencias que llegaron incluso hasta dependencias del propio Congreso Nacional. Esta columna considera que el desafío central que enfrentan ahora los investigadores será cruzar toda esta información —los correos y dispositivos de quienes ocuparon puestos estratégicos dentro de Junaeb durante el gobierno de Boric, junto con los de los parlamentarios y el lobbista ya mencionados— para reconstruir la red completa de favores y pagos que esta causa investiga.

Lectura editorial: la propia administración de Kast destapó lo que Boric dejó oculto

Esta columna considera que este antecedente específico —que la propia nueva administración de Junaeb, ya bajo el gobierno de Kast, fue la que detectó estas irregularidades al revisar la gestión de sus antecesores— merece ser destacado con la misma firmeza con que esta columna ha exigido rigor investigativo sin distinción de sector político a lo largo de toda esta cobertura. No se trata de una investigación motivada por una denuncia externa ni por una filtración periodística: fue el propio Estado, a través de la administración entrante, la que identificó el problema y lo llevó formalmente ante el Ministerio Público, en un ejercicio de fiscalización institucional que esta columna respalda plenamente.

Esta columna considera que este episodio confirma, una vez más, un patrón que ya hemos documentado en investigaciones anteriores: la "red de privilegios del gobierno de Boric" que esta columna analizó en profundidad meses atrás —beneficios extraordinarios obtenidos por familiares y allegados de exautoridades mientras ejercían el poder— encuentra ahora un capítulo adicional, esta vez no vinculado a vínculos familiares directos, sino a una presunta red de coimas sistemática dentro de un organismo público completo, con exautoridades de la propia gestión de Junaeb bajo investigación penal formal.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investigue con el mismo rigor tanto la responsabilidad de los exfuncionarios de Junaeb como la de los parlamentarios y el lobbista ya mencionados, sin que la complejidad política de esta causa —que hoy alcanza a figuras de distintos sectores— module en absoluto la celeridad ni la profundidad de la investigación. Exige, además, que la propia exdirectora Camila Rubio y el resto de las exjefaturas mencionadas entreguen explicaciones públicas oportunas sobre su gestión al frente del Programa de Alimentación Escolar durante el período investigado.

Conclusión: otra vez el gobierno de Boric, otra vez la misma exigencia de rigor

Esta columna concluye que esta nueva arista del caso Junaeb confirma, con evidencia judicial concreta y verificable, que la revisión de la gestión del gobierno anterior por parte de la actual administración de Kast sigue arrojando resultados de la máxima gravedad institucional. VDI Global mantiene el mismo estándar de exigencia que ha sostenido en toda su cobertura sobre corrupción: presunción de inocencia para todos los involucrados hasta que exista sentencia firme, y máximo rigor investigativo sin distinción de sector político, ya sea que la responsabilidad final recaiga en exautoridades del gobierno de Boric, en parlamentarios en ejercicio, o en actores del sector privado.