El gobierno de Kast informó este viernes de un nuevo vuelo chárter con 62 extranjeros expulsados hacia Bolivia, Colombia y Ecuador, todos con antecedentes por delitos graves: ingreso clandestino, robo con intimidación y secuestro con violación, entre otros. Es el quinto vuelo de este tipo desde que la administración asumió el 11 de marzo, y eleva el total de expulsiones a 743. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, entre el 11 de marzo y el 24 de junio de cada año, el gobierno de Boric materializó 348 salidas en ese mismo período, frente a las 681 que registra el gobierno de Kast: más del doble. La PDI, con su propia metodología de los primeros 100 días de gobierno, confirma la misma tendencia: 330 expulsiones bajo Boric frente a 664 bajo Kast.

El quinto vuelo chárter y el perfil de quienes van en él

El Gobierno informó este viernes de un nuevo vuelo chárter con 62 extranjeros expulsados del país, el quinto desde que la administración de Kast asumió el 11 de marzo. Los destinos fueron Bolivia, Colombia y Ecuador, y según confirmó el propio gobierno, los expulsados tenían antecedentes delictuales por ingreso clandestino, robo con intimidación, secuestro con violación y otros delitos de similar gravedad.

Es relevante notar el criterio que define a quienes van en estos vuelos: no se trata de expulsiones genéricas por irregularidad migratoria simple, sino de un proceso que el propio gobierno describe como priorizado hacia quienes han cometido delitos graves en territorio chileno. Esa precisión importa porque desactiva, al menos respecto de estos vuelos específicos, la crítica genérica de que las políticas migratorias de mano dura terminan expulsando indiscriminadamente a población migrante sin distinción de su conducta en el país.

Las cifras: dos fuentes, dos metodologías, una misma conclusión

El artículo entrega dos series de datos provenientes de instituciones distintas, que conviene precisar con el detalle correspondiente porque cada una usa un período de comparación levemente diferente.

Según el Servicio Nacional de Migraciones, contando desde el 11 de marzo de cada año hasta el 24 de junio, la administración de Boric materializó 348 salidas migratorias en ese período de su primer año de gobierno, frente a las 681 que ha registrado la administración de Kast en el mismo lapso de tiempo. Es una diferencia de casi el doble.

La Policía de Investigaciones, por su parte, entrega una medición ligeramente distinta, acotada estrictamente a los primeros 100 días de cada gobierno —del 11 de marzo al 18 de junio—: 330 expulsiones bajo la administración de Boric, frente a 664 bajo la de Kast. Es, nuevamente, una diferencia de aproximadamente el doble, confirmando la tendencia con una metodología independiente de la primera.

Que dos instituciones distintas, con dos ventanas temporales levemente diferentes, arriben a la misma conclusión cuantitativa —el doble de expulsiones bajo Kast respecto del mismo período de Boric— refuerza la solidez del dato y reduce la posibilidad de que se trate de una comparación metodológicamente forzada o sesgada para favorecer una narrativa política específica.

Las declaraciones oficiales: "el plan fronterizo está funcionando"

El jefe del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum —la misma autoridad que esta cobertura ya citó extensamente al documentar las responsabilidades del memorándum de 2024 dictado bajo la gestión de su antecesor, Luis Thayer— entregó una valoración que conecta esta cifra con el diagnóstico de fondo que el propio gobierno ha sostenido desde sus primeros días: "El trabajo ordenado de estos 3 meses de gobierno ha mejorado la calidad de vida, con una fuerte disminución de ingresos clandestinos por frontera y un aumento en salidas voluntarias y expulsiones. El plan fronterizo está funcionando, y hemos priorizado la expulsión de quienes han cometido delitos graves. Seguimos trabajando en expulsiones, regularización y ordenamiento territorial para recuperar la tranquilidad del país."

El prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, complementó esa visión con un énfasis específico: "Hemos puesto especial énfasis a quienes, lamentablemente, han delinquido en el país. Nosotros seguimos intensamente trabajando, y no solamente en las expulsiones, sino que también en la regularización y el ordenamiento territorial del país, para poder recuperar la tranquilidad."

El dato que conecta directamente con todo lo que esta cobertura ya documentó: Haití

El elemento más relevante de este informe, en el contexto específico de esta sesión editorial, es la confirmación de que el gobierno de Kast retomó las expulsiones con destino a Haití. El 8 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea de Chile trasladó a nueve personas de nacionalidad haitiana de regreso a su país, retomando una gestión que había sido suspendida en 2024.

Es necesario situar este dato con la precisión que esta cobertura ya estableció en sus informes previos sobre el caso de los niños haitianos: la suspensión de 2024 a la que se refiere este artículo corresponde, muy probablemente, al mismo período en que el gobierno de Boric, lejos de endurecer los controles migratorios hacia la comunidad haitiana, dictó el memorándum que flexibilizó con efecto retroactivo los requisitos de ingreso de menores bajo la figura de reunificación familiar —la misma decisión que la Contraloría calificó posteriormente de "evidente vulneración a nuestro ordenamiento jurídico", y que esta cobertura documentó en extenso al analizar la responsabilidad institucional de Luis Thayer.

Que el mismo período en que el gobierno anterior flexibilizaba el ingreso haya coincidido con la suspensión de las expulsiones hacia ese mismo país, configura un patrón de política migratoria que, leído en conjunto con todo lo que esta cobertura ya documentó, confirma una orientación consistente durante la administración de Boric: facilitar el ingreso y restringir las salidas forzosas, una combinación que, según el propio informe final de Contraloría, contribuyó directamente a las condiciones que permitieron la red de tráfico de migrantes que esta cobertura también documentó con nombres y montos específicos —Jean Chery Dormeus, Ezechiel Rome, y los más de 800 millones de pesos que esa red habría generado explotando precisamente la demanda de reunificación familiar que el propio Estado facilitó.

Lo que esta cifra confirma, y lo que todavía no resuelve

Las cifras de expulsiones que este informe documenta son, en sí mismas, una medida de gestión operativa: cuántas personas con antecedentes delictuales o situación migratoria irregular fueron efectivamente devueltas a sus países de origen en un período determinado. Es un indicador legítimo de la capacidad de control fronterizo de cualquier gobierno, y la diferencia de más del doble entre ambas administraciones, confirmada por dos fuentes institucionales independientes, es un dato verificable que respalda la narrativa de mayor firmeza migratoria que el gobierno de Kast ha sostenido desde sus primeros cien días.

Lo que esta cifra no resuelve, sin embargo, es la pregunta de fondo que esta cobertura ya planteó al analizar el informe final de Contraloría sobre el caso de los niños haitianos: si el sistema de control posterior al ingreso —el seguimiento activo de quienes ya están en el país bajo distintas figuras migratorias— ha mejorado con la misma proporción que las cifras de expulsión, o si el énfasis del actual gobierno se concentra, hasta ahora, principalmente en el extremo final del proceso migratorio —la salida forzosa de quienes ya cometieron delitos— sin que eso garantice, por sí solo, que las fallas de origen documentadas por Contraloría —certificados vencidos, memorandos sin atribuciones, ausencia de verificación de vínculos familiares— estén siendo corregidas con la misma celeridad en la etapa de ingreso.