La crisis por la ruta Punta Arenas–Puerto Stanley entró en una fase engañosa. El canciller argentino, Pablo Quirno, había bajado el tono: dijo que su gobierno no tiene intención de atacar ni de abordar al Danstar. Pero en los últimos días se filtró desde Buenos Aires que la interceptación seguiría sobre la mesa. Detrás de ese vaivén hay algo más importante que una amenaza: un marco jurídico que Argentina intenta imponer y que Chile no debería aceptar. VDI Global identifica tres trampas en el camino del Danstar. Ninguna es militar.

El contexto en una línea

El Danstar, un carguero chileno de la naviera Easter Island, reabrirá la ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas, sin operación desde 2011. Ya zarpó de Valparaíso rumbo a Magallanes. La fecha del primer viaje a las islas varía según la fuente: el senador Rodolfo Carter habló del 10 de noviembre y otros reportes, de fines de noviembre o comienzos de diciembre. Argentina teme que el buque termine abasteciendo a Sea Lion, el proyecto petrolero al norte del archipiélago que considera ilegal.

Primera trampa: el «paso inocente»

En una entrevista con el canal A24, Quirno dio la que parecía una señal de calma: Argentina no puede impedir el paso del Danstar. Pero agregó una condición. Según explicó, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar garantiza el “paso inocente”, y ese tránsito dejaría de serlo si el buque apoyara la explotación de recursos en las islas.

Ese es el punto que Chile no puede dejar pasar.

El “paso inocente” es un estándar mínimo del derecho del mar, pensado para buques que cruzan el mar territorial de otro Estado. Permite al Estado ribereño calificar ciertos tránsitos como no inocentes y actuar contra ellos. Si Chile acepta discutir el viaje del Danstar en esos términos, le entrega a Argentina la facultad de decidir qué carga es aceptable.

Pero entre Chile y Argentina rige algo más fuerte. El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a mantener, en cualquier tiempo y circunstancia, la navegación “expedita y sin obstáculos” de buques de todas las banderas por sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes. No hay calificación de la carga ni del destino. No hay excepción para las Malvinas. El tratado es una garantía especial, posterior y bilateral, que no se diluye en la regla general de la Convención.

La primera tarea de la Cancillería es simple: no aceptar el marco del paso inocente. El estándar aplicable es el del tratado.

Segunda trampa: el compromiso que Chile no explicó

La segunda trampa es política y está en casa. Quirno afirmó en la misma entrevista que Chile y Argentina acordaron evitar cualquier colaboración, directa o indirecta, con la explotación de recursos naturales en las islas, y que Chile, “siendo consecuente” con su posición, no participará en esa logística. Dijo además que ese entendimiento no impide el comercio.

El gobierno chileno nunca ha precisado públicamente el alcance de ese compromiso. Y la ambigüedad es peligrosa. El Danstar llevará gas licuado y maquinaria pesada, además de alimentos y materiales de construcción. ¿Quién decide si un cargamento de maquinaria es comercio con los isleños o apoyo logístico a una plataforma petrolera? Si la respuesta queda en manos de la Prefectura Naval argentina en altamar, Chile ya perdió la discusión.

Santiago debe definir el alcance de lo que comprometió, por escrito y antes del zarpe. Si no lo hace, Buenos Aires lo hará por él.

Tercera trampa: responder con la Armada

La tercera trampa es la tentación de la fuerza. Desde la política chilena se han escuchado voces que piden mostrar los dientes. Carter, presidente de la Subcomisión de Presupuestos de Defensa, comparó la crisis con el iceberg del Titanic, recordó que Chile mantiene superioridad militar y advirtió que Argentina debe entender que esto no saldrá gratis. En Valparaíso, según reportes, no se descarta una escolta naval.

El excomandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia advirtió lo contrario: una escolta sería desproporcionada y podría escalar a consecuencias muy críticas. Tiene razón. Una crisis se gana en el terreno donde uno es más fuerte, y el terreno más fuerte de Chile es el jurídico. Poner un buque de guerra junto a un carguero cambia la naturaleza del problema. Lo que es un caso de libre navegación entre privados pasa a ser un despliegue militar. Y eso permitiría a Argentina presentarse como la parte agredida.

La firmeza que Chile necesita está en la mesa, no en el mar.

El factor que nadie controla

Hay un elemento que vuelve impredecible la crisis. Las declaraciones más agresivas no han venido de la Cancillería argentina ni del alto mando de su Armada. Vinieron de un brigadier de la Fuerza Aérea, de una exministra, de dirigentes de organizaciones navales y de excombatientes. Ese es el riesgo real. Un incidente no requiere una decisión de Milei. Basta que una unidad intermedia, presionada por la política interna, decida actuar por su cuenta.

Al mismo tiempo, el Congreso argentino votará el 12 de noviembre la Ley Malvinas, que sanciona a proveedores de empresas que operen en las islas. El texto se suavizó tras las objeciones de Washington, pero no tras las de Santiago, que nunca las planteó formalmente. Y siguen vigentes los decretos 457 de 2021 y 256 de 2010, que condicionan el régimen del Estrecho y la navegación hacia las Malvinas.

La agenda de cinco semanas

Para VDI Global, Chile tiene una ventana corta y una agenda concreta. Ninguno de estos pasos requiere un buque de guerra.

1. Rechazar el marco del paso inocente y declarar formalmente que el viaje del Danstar se rige por el artículo 10 del Tratado de 1984.
2. Precisar por escrito el compromiso sobre logística petrolera, distinguiendo con claridad el comercio con los isleños del apoyo a Sea Lion.
3. Exigir la derogación de los decretos 457/2021 y 256/2010, o al menos una declaración expresa de que no se aplicarán a buques chilenos.
4. Pedir una aclaración sobre la Ley Malvinas antes de su votación, como hizo Estados Unidos.
5. Notificar formalmente el viaje a Buenos Aires. Quirno ha dicho que no tiene notificación oficial. Quitarle ese argumento cuesta poco y desarma cualquier excusa.

Lectura editorial

La crisis del Danstar no es una pelea por un barco. Es una prueba sobre quién define las reglas en el sur del continente. Si Chile acepta que Argentina califique qué cargas pueden cruzar hacia el Atlántico, habrá cedido en la práctica lo que el Tratado de 1984 le aseguró por escrito, y lo habrá hecho sin disparar un tiro ni firmar un papel.

La relación con el gobierno de Milei es valiosa y debe cuidarse. Quirno tiene razón en algo: hay actores en ambos países que se benefician de la tensión. Pero cuidar una relación no significa aceptar ambigüedades que, con el tiempo, se convierten en derechos para la otra parte. La historia del sur lo demuestra.

Chile no necesita escalar. Necesita precisión. Y la necesita antes de que el Danstar salga del Estrecho.