Karol Cariola, hoy senadora, y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler llevan 15 meses bajo investigación por el caso conocido como Chinamart, sin que hasta ahora exista ninguna respuesta judicial a la solicitud de desafuero y formalización

presentada por los querellantes a mediados de mayo de este año. La causa, que se originó como una derivación del caso Sierra Bella, involucra a ambas dirigentas del Partido Comunista en presuntas gestiones de tráfico de influencias en favor de un empresario chino, y hoy exhibe un patrón que debería preocupar a cualquier ciudadano que crea en la igualdad ante la ley: mientras la maquinaria judicial se mueve con enorme lentitud para las autoridades investigadas, el fiscal a cargo del caso ha enfrentado una ofensiva política sin precedentes para removerlo del cargo.

El origen: un chat sobre una patente de alcoholes

La causa Chinamart nació como una arista derivada de la investigación por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, que en su momento involucró a la entonces alcaldesa Irací Hassler por presunto fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Del peritaje al teléfono de Hassler surgieron conversaciones de enero de 2022 con la entonces diputada Karol Cariola, en las que esta última le pedía ayuda para un negocio vinculado a un conocido suyo de origen chino: "Tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente y los van a clausurar", escribió Cariola a Hassler, en un mensaje que la Fiscalía considera clave para acreditar una posible gestión indebida en favor de intereses privados.

El caso también involucra a Jorge Cárcamo, antiguo militante del Partido Comunista conocido como "Juanito González", y al empresario de origen chino identificado como Emilio Yang (Bo Yang), amigo cercano de Cariola, cuyo vínculo con la senadora incluyó, según hemos reportado anteriormente en VDI Global, una deuda personal de $28 millones por concepto de arriendo de un departamento de propiedad de Yang, que Cariola terminó pagando recién en julio de 2025, una vez que el caso ya era público.

El allanamiento del parto: la polémica que rodeó desde el inicio a esta causa

La investigación estuvo marcada, desde sus primeras diligencias, por un episodio que generó fuerte controversia política: el 3 de marzo de 2025, personal de la Policía de Investigaciones allanó el domicilio de Cariola apenas dos horas y media después de que esta diera a luz a su primer hijo. Ese operativo derivó en una ofensiva de parlamentarios oficialistas —del Partido Comunista y del Frente Amplio— para solicitar ante la Corte Suprema la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a cargo de la causa, acusándolo de actuar de forma desproporcionada y con supuesta falta de perspectiva de género.

Ese requerimiento de remoción —el cuarto contra un fiscal regional en los últimos cinco años, según registros judiciales— sigue actualmente en trámite ante el pleno de la Corte Suprema, en paralelo a la propia investigación por Chinamart. Es decir, mientras la causa contra Cariola y Hassler no registra avances procesales concretos, el fiscal que la instruye enfrenta un proceso paralelo que podría terminar apartándolo del caso.

Un patrón que se repite: Hassler ya salió indemne de Sierra Bella

Conviene recordar que Irací Hassler ya enfrentó, en el marco del caso madre de esta investigación —Sierra Bella—, una salida favorable: el 26 de mayo de 2025, el propio fiscal Cooper decidió no perseverar en la investigación en su contra por fraude al fisco y malversación de caudales públicos, argumentando que no se reunieron antecedentes suficientes para continuar la persecución penal. Esa decisión generó fuertes críticas del abogado querellante del Partido Republicano, quien calificó la resolución como "extremadamente grave" y acusó una interpretación restrictiva del delito de fraude al fisco, señalando que "se ha normalizado que gastar irresponsablemente el dinero fiscal es impune".

Hassler, por su parte, defendió su inocencia públicamente y acusó "filtraciones sistemáticas y malintencionadas" destinadas a generarle un daño político y electoral, un argumento que no explica, sin embargo, por qué la causa derivada de esos mismos antecedentes —Chinamart— continúa abierta 15 meses después, ahora también contra Cariola, sin que exista una resolución judicial en ningún sentido.

La solicitud que nadie responde

Según los antecedentes conocidos, los querellantes ingresaron a mediados de mayo de este año un escrito formal solicitando el desafuero y la formalización tanto de Cariola como de Hassler, un paso procesal que en Chile es indispensable para poder imputar formalmente a una autoridad con fuero parlamentario. Hasta el cierre de esta nota, esa solicitud no ha recibido respuesta de los tribunales correspondientes, y tampoco existen notificaciones públicas sobre un eventual cierre de la indagatoria sin imputaciones, lo que mantiene a ambas dirigentas en un limbo procesal que se extiende ya por más de un año.

Esa demora resulta particularmente llamativa si se considera que la propia Fiscalía ha calificado las conductas investigadas —según consta en los antecedentes de la querella presentada por diputados republicanos— como delitos de "mera actividad", es decir, que no requieren de un resultado consumado (como la efectiva clausura o no clausura del local comercial) para configurarse penalmente. El propio fiscal Cooper fue explícito en este punto: "Da lo mismo si se renovó o no la patente para el tráfico de influencias, es un delito de mera actividad".

Por qué la demora importa: la igualdad ante la ley no puede ser selectiva

Este caso pone a prueba, de manera muy concreta, el principio de que la anticorrupción debe aplicarse por igual a todos los sectores políticos, sin distinción de bandera partidaria. Que dos autoridades con alto perfil público —una senadora en ejercicio y una exalcaldesa de la capital— lleven 15 meses bajo investigación sin que exista una resolución judicial sobre su situación procesal, mientras el fiscal a cargo enfrenta simultáneamente un proceso de remoción impulsado por parlamentarios de su propio sector político, configura un escenario que no puede explicarse únicamente por la complejidad técnica de la causa.

La ciudadanía tiene derecho a una respuesta clara: si los antecedentes reunidos hasta ahora —los chats, las gestiones documentadas ante autoridades municipales, la deuda personal con el empresario beneficiado— ameritan una formalización, esta debe producirse sin más dilaciones. Si, por el contrario, no existe mérito suficiente para sostener la acusación, la justicia debe decirlo con la misma claridad y rapidez con que se archivó la arista de Sierra Bella contra Hassler. Lo que no resulta aceptable, bajo ningún estándar de institucionalidad, es que una causa de esta relevancia pública permanezca indefinidamente en un limbo, sin fecha ni explicación.