Un día después de que el director de la PDI confirmara que los 64 niños mencionados en el preinforme de Contraloría fueron hallados y están todos en buenas condiciones, el organismo contralor emitió este miércoles su informe final, confirmando "desorden mayor y bajo nivel de coordinación" entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar. El documento detectó certificados vencidos, un memorándum dictado sin atribuciones legales que rebajó los requisitos de ingreso, y fallas de control en Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez. Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios, y —en un giro que cierra el círculo de este escándalo— abrió además un procedimiento disciplinario y derivó a la Fiscalía los antecedentes de quien filtró el propio preinforme reservado que destapó todo el caso.

El cierre que confirma la distinción correcta

Esta cobertura sostuvo, en su ejercicio de autocrítica de ayer, una distinción que el informe final de Contraloría confirma con precisión casi quirúrgica: hubo fallas administrativas reales y documentadas, pero no evidencia de los delitos más extremos —tráfico de órganos, explotación sexual, desaparición forzada— que en algún momento del ciclo noticioso circularon como hipótesis. El informe final, emitido este miércoles, es exactamente eso: la confirmación oficial, con el sello del máximo organismo de control del Estado chileno, de que el problema fue de desorden institucional, no de criminalidad organizada contra los menores.

La secuencia temporal es, en sí misma, reveladora. Un día antes de este informe final, el director de la PDI, Eduardo Cerna, había confirmado que los 64 niños mencionados en el preinforme ya fueron hallados, y que todos están en buenas condiciones. Hoy, Contraloría cierra el ciclo con su documento definitivo, que detalla con precisión técnica dónde estuvieron exactamente las fallas, sin que en ningún pasaje del informe se mencione hallazgo alguno de explotación, tráfico de personas con fines distintos a la reunificación familiar, o cualquier otro delito grave contra los propios menores.

Los hallazgos centrales: certificados vencidos y un memorándum sin atribuciones

El informe identificó incumplimientos normativos concretos en el otorgamiento de los permisos de reunificación familiar: certificados vencidos o no legalizados, ausencia de documentos obligatorios, y —el hallazgo de mayor peso institucional— la emisión de un memorándum que, "sin contar con atribuciones para ello", disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensables para el ingreso al país.

Es la confirmación oficial, con el peso jurídico que solo Contraloría puede otorgarle, de lo que esta cobertura ya había documentado a través de las declaraciones del actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum, sobre el memorándum 1886 de 2024: no fue solo una decisión cuestionable desde el punto de vista de la prudencia migratoria. Fue, según el propio organismo contralor, una decisión dictada por una autoridad que no tenía las atribuciones legales para flexibilizar esos requisitos de la manera en que lo hizo.

A eso se suman irregularidades en el control de vuelos chárter, donde se detectó que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa, sin que el Sermig le aplicara oportunamente la sanción correspondiente. Y, en el mismo plano, la ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores —el mismo patrón que la Contraloría ya había documentado en su pre informe sobre los doce adultos que se repitieron como responsables de 486 niños en distintos viajes.

Tres instituciones, un mismo patrón de debilidad estructural

El informe final detalla, institución por institución, fallas que confirman un patrón de debilidad estructural más que de responsabilidad individual aislada. El Servicio Nacional de Migraciones presenta, según el documento, debilidades significativas en sus controles: falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, ausencia de protocolos para situaciones críticas como el fallecimiento del vínculo familiar, y aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales como el Informe Policial. Se detectaron además registros incompletos, duplicados o erróneos.

La PDI, por su parte, no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, sino solo con instructivos parciales. El informe identificó errores en registros —incluyendo digitación incorrecta de pasaportes—, discrepancias respecto de la información del Sermig, y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, función que la ley le encomienda directamente.

Y de manera transversal a las tres instituciones, Contraloría constató una falta de coordinación interinstitucional en el resguardo de los niños, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información, y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores. Es, en términos simples, la confirmación de que ningún organismo individual fue el único responsable: fue la articulación completa del sistema la que falló.

Las consecuencias: sumarios, examen de cuentas, y seguimiento activo

Como resultado de estos hallazgos, Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados —Migraciones, PDI y Subsecretaría de la Niñez— para determinar responsabilidades funcionarias específicas. Ordenó además implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, exactamente el mecanismo de control posterior al ingreso cuya ausencia esta cobertura ya había señalado como una de las preguntas centrales sin resolver en informes anteriores.

Se realizará también un examen de cuentas autónomo por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a la aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa de listado de pasajeros, lo que confirma que las omisiones de control no se limitaron a la etapa de otorgamiento de visas, sino que se extendieron también a la fiscalización aeronáutica posterior.

El giro final: la filtración del preinforme, ahora en la Fiscalía

El elemento más inesperado de este informe final es la instrucción de un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe y tratamiento indebido de información sensible, incluyendo datos de los propios niños, niñas y adolescentes involucrados, junto con el envío de los antecedentes de esa filtración al Ministerio Público.

Es un giro que cierra el círculo de todo este escándalo de una manera que pocos anticipaban: el documento que destapó públicamente el caso, generando la convocatoria de los tres poderes del Estado, la fuerza de tarea presidencial, y semanas de cobertura mediática intensiva, fue en sí mismo objeto de una filtración irregular que vulneró el deber de reserva que protege este tipo de documentos, y que además involucró el tratamiento indebido de información sensible sobre los propios menores cuya protección se buscaba garantizar. Contraloría considera ese hecho suficientemente grave como para derivarlo directamente al Ministerio Público.

Lo que este cierre confirma sobre la cobertura de todo este caso

El informe final de Contraloría valida, con la autoridad técnica del máximo organismo de control del Estado, la distinción que cualquier cobertura seria de este caso debía sostener desde el principio: hubo una falla administrativa real, documentada, grave y con responsabilidades institucionales claras —un memorándum dictado sin atribuciones, certificados vencidos, ausencia de verificación de adultos responsables, falta de coordinación entre tres servicios públicos. Eso justificó, y sigue justificando, la exigencia de responsabilidades políticas y administrativas que esta cobertura sostuvo desde el inicio.

Pero ese mismo informe confirma, por omisión —es decir, por no mencionar ningún hallazgo de esa naturaleza en sus conclusiones finales— que no hubo evidencia de los delitos más extremos que en determinado momento del ciclo noticioso alcanzaron mayor circulación pública que la que la evidencia disponible sostenía. Los 64 niños fueron hallados, están en buenas condiciones, y el problema de fondo fue, tal como Contraloría lo describe con sus propias palabras, "desorden mayor y bajo nivel de coordinación" institucional.

El ciclo completo —desde la filtración del preinforme hasta este informe final, pasando por la convocatoria de los tres poderes del Estado y la desescalada progresiva de las hipótesis más graves— queda ahora documentado de principio a fin. Lo que resta es que los sumarios administrativos instruidos en los tres servicios, y la investigación de la propia filtración que la Fiscalía deberá adelantar, lleguen a conclusiones con la misma celeridad y rigor con que este caso captó, durante semanas, la atención pública.