El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, calificó de "frescura" la existencia de viviendas de alto estándar y segundas residencias dentro de la toma de San Antonio, en la antesala de la segunda etapa del desalojo que comenzará este martes 30 de junio. "Ayer estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos, con tres autos, en terrenos de 500 metros", declaró el secretario de Estado, adelantando además que el terreno expropiado durante la administración anterior no será asignado automáticamente a quienes hoy ocupan la toma, sino por orden de llegada, antigüedad y vulnerabilidad entre todas las familias de la zona, incluidas las que llevan años esperando una solución habitacional fuera de la ocupación.

Lo que Poduje vio en terreno: casas de tres pisos y segundas viviendas

El ministro abordó el tema durante una visita inspectiva al Parque Barón, en Valparaíso, donde fue consultado por el procedimiento que continuará esta semana en la ocupación. Su declaración más dura fue directa y sin matices: "Eso no es pobreza, eso es frescura." Y detalló lo que constató personalmente en su recorrido: "Ayer estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos, con tres autos, en terrenos de 500 metros."

Poduje agregó un hallazgo adicional que, según anunció, tendrá consecuencias concretas en el operativo: la existencia de segundas viviendas dentro del mismo terreno ocupado. "Esas las vamos a sacar todas. Esto es una frescura lo que ha ocurrido acá", sentenció.

El rol del Minvu: demolición, no coordinación del desalojo

El ministro fue preciso en delimitar las responsabilidades institucionales de cada organismo en este operativo. La coordinación principal corresponde al delegado presidencial regional, Manuel Millones, y al Ministerio del Interior. El Minvu, en cambio, tendrá un rol posterior y específico: "A nosotros como Ministerio de Vivienda nos compete básicamente la demolición de las viviendas una vez que las familias salgan." Poduje confirmó además que el procedimiento contemplará acompañamiento para los grupos más vulnerables: "Va a haber un acompañamiento para mujeres y niños."

El terreno expropiado no será para quienes ocupan hoy la toma

El elemento de mayor relevancia social y política de toda la intervención de Poduje es su confirmación explícita sobre el destino del terreno que fue expropiado durante el gobierno anterior. El ministro descartó categóricamente que ese terreno vaya a entregarse de forma automática a las familias que actualmente viven en la ocupación.

Poduje relató que, días antes, visitó San Antonio junto al seremi del Minvu, Marcelo Ruiz, y conversó con familias que no forman parte de la toma, pero que llevan años esperando una solución habitacional formal. Sobre esa base, fue categórico: "Ese terreno que se expropió, que no fue nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad." Consultado directamente sobre si quienes hoy ocupan la toma terminarán siendo quienes habiten ese mismo espacio en el futuro, Poduje respondió que esas familias deberán "ponerse en una prelación", es decir, competir en igualdad de condiciones con el resto de las familias que aguardan una solución habitacional en la zona, sin ningún tipo de prioridad por el solo hecho de haber ocupado el terreno irregularmente.

Es relevante señalar que, pese a cuestionar abiertamente la decisión de expropiar ese terreno durante la administración anterior, Poduje reconoció que el actual gobierno deberá hacerse cargo de esa decisión ya adoptada, e insistió en que la asignación final del terreno se hará "por orden de llegada, por antigüedad y por vulnerabilidad."

El cronograma del desalojo: 120 carabineros, primer polígono de 5,4 hectáreas

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó el detalle operativo completo de esta nueva fase. Precisó que el desalojo "está ordenado por un tribunal de la República" y que esta corresponde a la segunda etapa del proceso, ya que la primera fue ejecutada por la administración anterior.

El operativo comenzará este martes 30 de junio a las 8:30 horas, y se extenderá hasta el viernes en un primer polígono de 5,4 hectáreas. La semana subsiguiente continuará sobre el resto del sector definido. Según Millones, todas las familias fueron notificadas con 15 días de anticipación, y la empresa propietaria del terreno dispuso un camión para apoyar el traslado de enseres durante siete días.

El despliegue contará con 120 efectivos de Carabineros provenientes de Santiago, además de la presencia de servicios públicos vinculados a Vivienda, Salud, Desarrollo Social, Senama, Junji y Junaeb. También participarán la Defensoría de la Niñez y el servicio encargado de protección de la niñez, como parte de los compromisos institucionales adoptados para evitar situaciones complejas durante el procedimiento.

Los albergues que, hasta ahora, nadie ha pedido usar

Millones informó que se habilitaron dos albergues para las familias afectadas: uno municipal, con capacidad de tres días, y otro del Ministerio de Desarrollo Social, con una duración de 30 días, ambos con alimentación y abrigo incluidos. Sin embargo, fue explícito en señalar un dato relevante sobre el estado actual del proceso: hasta el momento, ninguna de las familias contactadas ha solicitado hacer uso de esos espacios.

La magnitud del déficit habitacional que explica todo el conflicto

Millones aportó cifras que permiten dimensionar la complejidad estructural detrás de este episodio puntual: la provincia de San Antonio tiene un déficit habitacional de 12 mil viviendas, mientras que los terrenos fiscales disponibles en la zona permitirían responder únicamente a unas 6 mil. "Tenemos una brecha de 6 mil si quisiéramos hacernos cargo de la demanda completa", reconoció el delegado.

Es un dato que contextualiza, sin justificar, la magnitud del fenómeno de las tomas en la región: un déficit habitacional que duplica la capacidad de respuesta fiscal disponible genera, casi inevitablemente, presión social hacia la ocupación irregular de terrenos, incluso cuando, como denuncia Poduje, una parte de esa ocupación termina siendo aprovechada por personas que claramente no responden al perfil de vulnerabilidad que el déficit habitacional describe.

Respecto del avance general del proceso de desalojo en toda la zona, Millones precisó que ya fueron desalojadas 50 hectáreas, y que a la actual administración le corresponde avanzar sobre las 40 hectáreas restantes.

Lo que este episodio confirma: la tensión entre necesidad real y abuso del sistema

Lo que la denuncia de Poduje expone, con una franqueza poco habitual en el discurso oficial sobre tomas de terreno, es la coexistencia, dentro de un mismo espacio ocupado irregularmente, de dos realidades completamente distintas: familias en situación de vulnerabilidad genuina que esperan, a veces durante años, una solución habitacional formal, y casos de aprovechamiento manifiesto del vacío de fiscalización que las tomas generan, con viviendas de varios pisos, múltiples vehículos y segundas residencias construidas sobre terreno fiscal expropiado.

La fórmula de asignación que el propio gobierno propone —orden de llegada, antigüedad y vulnerabilidad, aplicada por igual a quienes ocupan la toma y a quienes esperan fuera de ella— es, en ese sentido, un intento de restablecer un criterio de justicia distributiva que el simple hecho de la ocupación física del terreno había distorsionado, otorgando una ventaja de facto a quienes decidieron tomarse el suelo, frente a quienes optaron por esperar dentro de los canales formales del sistema habitacional.