Subtítulo: El biministro de Economía Daniel Mas apuntó a Nicolás Grau como el responsable político de las irregularidades del Censo 2024 detectadas por Contraloría. "El diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior y evidentemente el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas." Grau fue ese ministro. Y Tohá lo defendió diciendo que los ministros "no hacen contrataciones ni chequean requisitos." Esa defensa es la que más lo hunde.

Nicolás Grau fue ministro de Economía del gobierno de Gabriel Boric. Bajo su ministerio operaba el Instituto Nacional de Estadísticas, la institución que organizó y ejecutó el Censo 2024. Bajo su gestión se contrató a 16 personas con antecedentes penales por robo, hurto, estafa y tráfico de drogas para entrar a los hogares chilenos en nombre del Estado. Bajo su gestión se contrató a 14 extranjeros sin habilitación para trabajar, uno de ellos con orden de expulsión administrativa pendiente. Bajo su gestión 515 censistas cobraron $166 millones por trabajo que no se pudo acreditar que realizaron. Bajo su gestión 267 personas firmaron declaraciones juradas falsas sobre incompatibilidad de cargos. Bajo su gestión una exasesora evaluó una licitación siendo representante legal de una empresa postulante.

Y bajo su gestión, 29.226 smartphones comprados con dinero público terminaron acumulando polvo en bodegas meses después de concluido el censo.

El biministro de Economía y Minería del gobierno de Kast, Daniel Mas, lo dijo sin rodeos el jueves 11 de junio: "El diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas." Y cuando le preguntaron específicamente quién: "Del ministro Grau, el ministro de Economía en su momento."

LA DEFENSA DE TOHÁ QUE LO HUNDE MÁS DE LO QUE LO DEFIENDE

La que salió en defensa de Grau fue Carolina Tohá —la exministra del Interior cuyo subordinado directo fue el "violador de La Moneda", Héctor Monsalve— y pronunció la frase que en lugar de defender a Grau confirma exactamente el problema que el caso revela.

"En el curso de un proceso de censo, en que se contrataron más de 2.000 personas, las instancias intermedias —porque los ministros no hacen contrataciones ni chequean requisitos."

Detengámonos ahí. La exministra del Interior del gobierno de Boric está diciendo que los ministros no hacen contrataciones ni chequean requisitos. Es la defensa de la irresponsabilidad ministerial como principio de gestión pública. Si los ministros no son responsables de lo que ocurre en sus ministerios porque las "instancias intermedias" hacen las contrataciones, entonces ¿para qué existen los ministros?

En cualquier sistema de responsabilidad política seria, el ministro responde por lo que ocurre en su cartera. No porque personalmente haya firmado cada contrato de cada censista. Sino porque es la autoridad que establece los estándares de gestión, que supervisa a las instancias intermedias y que responde políticamente por los resultados de la institución que encabeza.

Si bajo la supervisión de Grau el INE contrató delincuentes, expulsados, personas con doble empleo público y trabajadores que cobraron sin trabajar, la pregunta política es: ¿dónde estaban los controles que el ministerio debía exigir al INE? ¿Qué mecanismos de supervisión tenía el ministerio sobre la institución que dependía de él para una operación de esa escala?

Tohá dice que los ministros "no chequean requisitos." Tiene razón en que no chequean cada contrato individual. Pero un ministerio que no diseña los sistemas de control para que sus instituciones dependientes chequeen requisitos correctamente es un ministerio que no gestiona. Y un ministro que no gestiona sus instituciones dependientes en operaciones del tamaño del Censo 2024 —que fue la operación estadística más grande del período— no está haciendo su trabajo.

La defensa de Tohá no exonera a Grau. Lo confirma en la categoría que el titular de este informe establece: un ministro que no atinaba una.

GRAU: EL MINISTRO DE LA DEUDA Y LOS CENSOS DEFECTUOSOS

Nicolás Grau no solo es el exministro cuya gestión en el Censo 2024 está siendo investigada por Contraloría. Es también el mismo exministro cuya gestión en Hacienda —en la que fue simultaneamente biministro de Economía y Hacienda en el período de transición— está siendo analizada por la acusación constitucional que esta semana avanza en la Cámara con 76 votos de base.

En el frente de Hacienda, los cargos son la deuda no reportada de US$10.500 millones y el recorte de 20.000 subsidios habitacionales. En el frente del INE, los cargos son las irregularidades documentadas por Contraloría en el Censo 2024.

Son dos ámbitos distintos de gestión. Pero revelan el mismo patrón: la ausencia de controles efectivos sobre las instituciones y procesos bajo su supervisión. El ministerio que no detectó ni reportó US$10.500 millones de deuda acumulada es el mismo ecosistema de gestión que no detectó ni previno que el INE contratara delincuentes para el Censo.

El biministro Mas lo resumió con precisión: "Hechos graves. Hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Si hay responsabilidades políticas, el ministro de Economía tiene que asumir."

LO QUE GRAU DEBE RESPONDER

Grau tiene ahora dos frentes abiertos que requieren respuesta. El primero es el constitucional: la AC que avanza en la Cámara con argumentos sobre la deuda no reportada y los subsidios habitacionales. Tiene a Patricio Zapata como abogado y 10 días para sus descargos.

El segundo es el político: las irregularidades del Censo 2024 que Contraloría documentó y que ocurrieron bajo su ministerio. Para ese frente no hay abogado de acusación constitucional. Hay un sumario administrativo en el INE, una denuncia al Ministerio Público y la pregunta que el biministro Mas planteó públicamente sobre las responsabilidades políticas.

Lo que Grau no puede hacer —aunque Tohá intente el argumento— es decir que los ministros "no chequean requisitos." Los ministros no firman los contratos individuales. Pero son responsables de que sus instituciones tengan los sistemas de control que impiden que esos contratos sean celebrados con personas que tienen orden de expulsión o antecedentes penales por robo.

Si esos sistemas no existían o no funcionaban en el INE bajo la supervisión del Ministerio de Economía que Grau encabezaba, eso es responsabilidad política suya. Exactamente la que el biministro Mas le atribuyó públicamente.

TOHÁ Y EL MINISTERIO SIN CONTROL

La defensa de Tohá tiene una segunda dimensión que merece atención. Dijo que para que Grau tenga responsabilidad política hay que ver en qué estado llegaron las cosas y "si en alguna de esas contrataciones no se cumplieron los requisitos, es un error que habrá que perseguir, pero culpar políticamente al ministro Grau... ¿realmente no tiene otra cosa más relevante que hacer el ministro Mas?"

La última pregunta —¿no tiene otra cosa más relevante que hacer el ministro Mas?— es la más política de todas y la más reveladora. Tohá está diciendo que el biministro debería estar ocupado en otras cosas en lugar de señalar responsabilidades políticas por irregularidades del gobierno anterior.

Es la lógica de quien prefiere que las irregularidades del período anterior no sean documentadas públicamente por las autoridades del período actual. El mismo gobierno que organizó el Censo, que licitó los contratos, que supervisó el INE y que terminó con 16 delincuentes ingresando a hogares chilenos en nombre del Estado, prefiere que el nuevo gobierno se ocupe de lo suyo y deje las irregularidades anteriores sin nombramiento político explícito.

Mas tiene toda la razón en no hacer eso. Y en decir con nombre y apellido que el ministro de Economía de la época —Nicolás Grau— tiene responsabilidades políticas que deben ser investigadas.

CONCLUSIÓN: EL MINISTERIO QUE NO CONTROLABA NADA

El Censo 2024 fue la operación estadística más grande y más visible del gobierno de Boric. Era el tipo de operación que un ministro con ambiciones de gestión debería haber convertido en su legado: la primera radiografía demográfica de Chile en más de una década, ejecutada con rigor, transparencia y calidad. Podría haber sido eso. Terminó siendo un catálogo de irregularidades que la Contraloría documentó en 1.533 páginas —igual que la acusación constitucional de la Fiscalía contra Torrealba— que incluye delincuentes contratados, extranjeros expulsados, trabajadores que cobraron sin trabajar y smartphones en bodegas.

Todo eso bajo la supervisión política de Nicolás Grau, el ministro de Economía del gobierno de Boric, el mismo cuya gestión en Hacienda enfrenta la acusación constitucional que avanza en la Cámara.

El titular de este informe lo dice sin eufemismos: este ministro no atinaba una. Y la defensa de Tohá —que los ministros "no chequean requisitos"— es la descripción más honesta y más devastadora de por qué.

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