El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, marcó distancia de la idea de un indulto general para los uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social de octubre de 2019, sosteniendo que "el indulto debe ser particular" y que "uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo." Es la primera fisura pública y de peso que esta cobertura registra dentro de la derecha respecto de esta propuesta, después de que el Partido Nacional Libertario la presentara y el Partido Republicano, a través de su presidente Arturo Squella, la respaldara sin matices apenas días antes.

La posición de Ramírez: caso por caso, sin cerrar la puerta a una eventual unanimidad

Consultado en entrevista con Estado Nacional de TVN, Ramírez fue explícito sobre su criterio: "Yo creo que el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular."

Es una posición que, examinada con cuidado, no rechaza el resultado final que republicanos y libertarios persiguen —que todos los uniformados condenados terminen indultados— pero sí rechaza el mecanismo: en lugar de un indulto general que aplique de manera automática a cualquier condenado por hechos vinculados al 18-O, Ramírez exige que cada caso se examine individualmente, dejando abierta la posibilidad de que algunos de esos casos, tras ese examen, no resulten merecedores del beneficio.

Es exactamente la misma distinción que esta cobertura ya señaló como la principal debilidad estructural del proyecto impulsado por el Partido Nacional Libertario: un indulto general, sin filtro de revisión individual, corre el riesgo de equiparar bajo una misma medida situaciones jurídicamente muy distintas entre sí, desde funcionarios que actuaron estrictamente dentro del marco legal hasta eventuales casos de exceso real en el uso de la fuerza.

"No me incomoda": Ramírez valora el debate aunque discrepe del mecanismo

El presidente de la UDI fue explícito en señalar que no le genera ninguna incomodidad que el tema esté sobre la mesa, pese a discrepar de la fórmula específica que se ha propuesto: "Creo que el tema de los indultos tiene que ser discutido, es un tema que a nosotros nos importa, puede no ser la forma un indulto general, pero el hecho de que pongan la discusión sobre la mesa, a mí me parece valioso y por lo tanto no me incomoda nada, absolutamente nada."

Es una posición que distingue con cuidado entre la legitimidad del problema de fondo —que existan uniformados que la propia UDI considera "injustamente presos", como el propio Ramírez sugirió más adelante en la misma entrevista— y la herramienta jurídica específica elegida para resolverlo. Esa distinción no es menor en términos de la cohesión de la coalición de gobierno: Ramírez no se opone al espíritu de la iniciativa, sino a su diseño técnico.

El respaldo presidencial ya está dado: lo que falta es la forma

El contexto que enmarca esta declaración es que el propio Presidente Kast ya explicitó su intención de hacer uso de la facultad de indulto, y su ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya garantizó que "toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes" —una formulación que, leída con atención, se acerca más a la posición de Ramírez sobre el análisis caso por caso que a la del indulto general sin distinción que proponen republicanos y libertarios.

Esto sugiere que la verdadera disputa dentro de la derecha no es sobre si corresponde o no otorgar algún tipo de indulto a los uniformados condenados —en eso parece existir, hasta donde esta cobertura puede confirmar, un consenso transversal entre UDI, RN, republicanos y libertarios—, sino sobre el mecanismo procesal: indulto general automático, como proponen el PNL y los republicanos, frente a una revisión particularizada caso por caso, que es la posición que tanto Ramírez como, aparentemente, el propio Ministerio de Justicia parecen favorecer.

El reproche que Ramírez rechaza: "es muy temprano para decir que el Presidente no ha cumplido"

Ramírez también respondió a las críticas que sugieren que Kast no ha cumplido un compromiso de campaña en esta materia, descartando esa lectura con un argumento centrado en el tiempo transcurrido: "Yo creo que es muy temprano para decir que el Presidente no ha cumplido un compromiso. Acabamos de terminar los primeros 100 días de gobierno... uno no puede pretender que el gobierno cumpla todos sus compromisos los 100 primeros días. Y por lo tanto, yo creo que, si es que hay algo pendiente, el gobierno todavía está muy a tiempo de poder cumplir."

Es una defensa que conecta directamente con el balance de los primeros cien días de gobierno que esta cobertura ya analizó en extenso, evaluando qué compromisos se cumplieron y cuáles quedaron pendientes, sin que la ausencia de avance en esta materia específica equivalga, según Ramírez, a un incumplimiento definitivo.

"Elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado"

La frase más reveladora de toda la entrevista, desde la perspectiva de la complejidad real que Ramírez reconoce en este debate, es la siguiente: "A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos, que en mi opinión están injustamente presos, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley."

Es una declaración que reconoce, con una honestidad poco habitual en el debate político, la tensión práctica que enfrenta cualquier defensor de la revisión caso por caso: si ese mecanismo resulta, en la práctica, demasiado lento o restrictivo, y termina dejando presos a uniformados que Ramírez mismo considera "injustamente" condenados, podría verse forzado a aceptar un mecanismo más expedito —como el indulto general— precisamente para evitar ese resultado, incluso si jurídicamente lo considera menos preciso.

Lo que esto confirma sobre la cohesión real de la derecha en este tema

Esta declaración de Ramírez, sumada a la posición ya documentada del Partido Republicano a través de Arturo Squella y a la del Partido Nacional Libertario que impulsó originalmente la iniciativa, confirma que existe, dentro de la coalición de gobierno, una coincidencia de fondo sobre la necesidad de revisar la situación de los uniformados condenados por el 18-O, pero una discrepancia real sobre el mecanismo. Es el mismo patrón de fractura técnica, más que ideológica, que esta cobertura ya documentó en otros episodios de tensión dentro de Chile Vamos durante esta sesión: acuerdo en el diagnóstico, desacuerdo en el instrumento.

Queda ahora por verse si esa discrepancia se resuelve antes de que el proyecto del PNL llegue a votación formal, o si, como ya ocurrió con la acusación constitucional contra Grau, la coalición de gobierno termina exhibiendo nuevamente un voto dividido en un tema donde, en el fondo, comparte una misma convicción de principio.