La mayoría que le permite al gobierno de José Antonio Kast avanzar con su proyecto más importante, la Ley de Reconstrucción Nacional, se sostiene hoy sobre 26 votos. Tres de esos votos pertenecen a senadores investigados por fraude al Fisco: Miguel Ángel Calisto, con desafuero ya en tramitación y una petición fiscal de 12 años de cárcel; Camila Flores, bajo investigación reservada por un presunto perjuicio de 300 millones de pesos; y Alejandro Kusanovic, indagado por presiones a funcionarios para devolver parte de su sueldo. Mientras la Fiscalía avanza, la propia mesa del Senado ya negocia un colchón político con la centroizquierda, por si la mayoría oficialista se esfuma antes de que termine de tramitarse la reforma.

El caso más avanzado: Calisto y las "asesorías fantasmas"

El caso de Miguel Ángel Calisto es, de los tres, el que está más cerca de una definición. La Fiscalía de Aysén lo acusa de haberse concertado, cuando era diputado entre 2018 y 2022, con su exasesora Carla Graf y el dirigente gremial Roland Cárcamo, para obtener recursos del Congreso a través de contratos de asesoría parlamentaria que nunca se ejecutaron realmente. El perjuicio fiscal calculado supera los 105 millones de pesos.

Según el fiscal regional Hernán Libedinsky, "Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales". Y fue más gráfico al describir el mecanismo: "se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora".

El Ministerio Público presentó formalmente la acusación contra Calisto y otras siete personas, solicitando una pena de 12 años de presidio, y pidió nuevamente su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Esta semana, el Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó una cautela de garantías presentada por la defensa del senador, que buscaba reabrir la investigación alegando plazos pendientes. El abogado César Ramos, defensor de Calisto, sostuvo que "recién el día de ayer se nos informó de la existencia de nuevos antecedentes, de los cuales no teníamos copia, cuando la Fiscalía ya había comunicado el cierre de la investigación y presentado acusación". Pese al revés, la defensa anunció que insistirá con un nuevo escrito para reabrir el caso.

Calisto ya fue desaforado una vez, en su calidad de diputado, con un fallo confirmado por la Corte Suprema. Ahora, tras jurar como senador el 11 de marzo, la Fiscalía debe iniciar el proceso de desafuero nuevamente. Según cálculos de abogados citados en la prensa especializada, la definición podría llegar recién en agosto. Actualmente, el senador permanece con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.

Flores: la "cuota" que sus asesores debían devolver

El segundo caso es el de la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, investigada bajo reserva por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso. El mecanismo que se le atribuye consiste en haber exigido a sus asesores la devolución en efectivo de parte del sueldo que recibían, a través de su secretaria. Un ejemplo citado en la investigación: un trabajador con una remuneración mensual de 2.640.939 pesos habría tenido que devolver 1.800.000 pesos de ese monto. El perjuicio fiscal estimado ronda los 300 millones de pesos. La investigación no tiene plazos definidos y se encuentra en una etapa previa a la de Calisto.

Kusanovic: presiones similares, mismo patrón

El tercer nombre es el del senador independiente Alejandro Kusanovic, indagado por presuntas presiones a funcionarios de su entorno para que destinaran parte de su sueldo a otras tareas, en un esquema similar al que se investiga en el caso de Flores. El fiscal regional de Magallanes y la Antártica, Cristián Crisosto, confirmó que "se recibieron esos antecedentes, se abrió una causa que se está investigando, se asignó a la fiscal jefe de Punta Arenas la causa, es una causa vigente y con diligencias pendientes". Aunque Kusanovic no integra formalmente el oficialismo y se define como hombre de derecha, fue uno de los votos que terminó allanándose a aprobar en general la megarreforma del gobierno tras conversaciones con ministros, pese a resistencias iniciales.

La matemática que preocupa a La Moneda

El problema para el Ejecutivo no es solo judicial. Es aritmético. La ley orgánica del Congreso establece que los senadores suspendidos por desafuero no se cuentan para el quórum ni las mayorías. Si Calisto es desaforado, la mayoría absoluta del oficialismo bajaría de 26 a 25 votos, empatando con la oposición. Si a ese escenario se suman los casos de Flores y Kusanovic —ambos todavía en etapas más tempranas de investigación—, el oficialismo podría perder hasta tres votos clave, quedando en franca minoría en la Cámara Alta.

Es un riesgo que el propio oficialismo reconoce abiertamente. El senador de la UDI Iván Moreira ha sido categórico al sostener en reiteradas ocasiones que la mayoría del gobierno en el Senado es "frágil" y que ve en la centroizquierda al aliado político más lógico para sostener una base de apoyo más amplia a la reforma.

La respuesta: negociar antes de perder la mayoría

Ante ese escenario, la mesa del Senado —encabezada por la presidenta Paulina Núñez (RN)— busca activar esta semana una instancia de diálogo político para ampliar el respaldo a la Ley de Reconstrucción Nacional, incorporando a sectores de centroizquierda antes de que la eventual pérdida de votos oficialistas la obligue a hacerlo desde una posición más débil.

La lógica, según se ha planteado dentro del propio oficialismo, es que mostrar disposición al diálogo ahora, cuando aún se cuenta con una posición mínimamente ventajosa, será más sostenible que intentarlo más adelante, si la derecha efectivamente pierde los tres votos en juego y pasa a ser minoría.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ya puso condiciones: para su sector, el primer examen real del gobierno es si está dispuesto a considerar propuestas concretas de la oposición, como el crédito al empleo, la propiedad intelectual y la franquicia tributaria del Sence. El senador PPD Pedro Araya, por su parte, sostiene conversaciones directas con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, luego de que el Ejecutivo se comprometiera a discutir técnicamente los artículos de institucionalidad ambiental que su sector cuestiona.

No todos en el oficialismo ven con el mismo optimismo la apertura. El senador RN Andrés Longton considera que la idea de una mesa de diálogo es válida, pero advirtió que su éxito depende de que la oposición no la use como "un voladero de luces" con el único fin de rechazar la reforma igual, ya con el desgaste político de haber "dialogado".

Lo que queda pendiente

Por ahora, para las derechas el camino de los 26 votos sigue formalmente vigente. Pero la sola posibilidad de que tres senadores investigados por fraude al Fisco terminen definiendo, con su presencia o ausencia forzada, el destino de la reforma más importante del gobierno de Kast, retrata una fragilidad que ni la propia coalición de gobierno puede seguir minimizando.