El alcalde de San Bernardo, Christopher White, del Partido Socialista, pidió este martes la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, después de que una encerrona en la Ruta 5 Sur terminara con la muerte de un niño de 12 años, arrastrado varios kilómetros por el vehículo familiar porque no logró soltarse el cinturón de seguridad. "Necesitamos ayuda. Hoy yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen herramientas, no nos pueden ayudar", declaró. El líder del PDG, Franco Parisi, respaldó la petición sin matices. Pero los expertos consultados están divididos: mientras uno advierte que el despliegue militar contra la delincuencia común carece de respaldo constitucional en circunstancias normales, otro sostiene que la experiencia de la Araucanía demuestra que los estados de excepción acotados sí funcionan.

Lo que ocurrió: un "tour delictual" que terminó en tragedia

La madrugada del martes, cinco sujetos cometieron un robo en una bencinera Shell, donde lograron sustraer un vehículo tipo SUV. Continuaron luego lo que la propia Fiscalía describió como un "tour delictual" a bordo del auto robado, hasta realizar una encerrona contra una familia en la caletera de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, dentro de la comuna de San Bernardo.

En ese contexto, un niño de 12 años no logró soltarse el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros, según confirmó la Fiscalía. De los cinco sujetos involucrados, tres fueron detenidos, un cuarto —de 17 años— se entregó este miércoles, y el quinto sigue siendo buscado intensamente por la policía.

Es, en su descripción más simple y más brutal, la muerte de un niño como consecuencia directa de una banda criminal que encadenó un robo con una persecución violenta contra civiles inocentes. Ningún debate sobre políticas públicas de seguridad puede perder de vista esa realidad concreta mientras se discuten las soluciones institucionales que corresponden.

La pregunta del alcalde White: "¿Por qué no nos ayudan?"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, militante del Partido Socialista, formuló la petición con una franqueza que merece destacarse, especialmente por venir de un alcalde de un partido que tradicionalmente ha mostrado mayor reticencia que la derecha hacia el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior: "Necesitamos ayuda. Hoy yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen herramientas, no nos pueden ayudar. Yo me pregunto si la respuesta es porque ellos no quieren, porque es de toda lógica que lo hagan. Entonces, la pregunta es ¿por qué no nos ayudan?"

Que sea precisamente un alcalde del PS quien formule esta petición, y no exclusivamente figuras de derecha, confirma que la crisis de seguridad que las comunas de la Región Metropolitana enfrentan ha alcanzado un punto donde las líneas tradicionales de discusión ideológica sobre el rol de las Fuerzas Armadas comienzan a desdibujarse frente a la urgencia de los hechos concretos.

El respaldo de Parisi y el antecedente de Vodanovic

El líder del Partido de la Gente y excandidato presidencial Franco Parisi respaldó la petición de White sin matices: "Yo, si hubiera estado en el gobierno, no lo habría dudado. Si lo pide un alcalde, independiente del color político, claramente estaríamos dispuestos a apoyar una intervención de estado de excepción constitucional."

Este episodio no es, además, la primera vez que un alcalde solicita este tipo de apoyo. En marzo de 2024, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic —la misma figura que esta cobertura ya identificó como una de las cartas presidenciales que el Frente Amplio proyecta para el futuro, y que hoy encabeza el ranking de aprobación ciudadana según la última encuesta Cadem— se reunió con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, para pedir el despliegue de militares en su comuna, en el contexto del desalojo de la toma de Pajaritos y el aumento de armas en algunos barrios.

Vodanovic planteó en su momento que esa presencia militar debía ser "para ciertas labores de seguridad en la comuna, que tengan responsabilidades bien claras, acotadas", justificando la petición en "la falta de dotación policial" y "la enorme crisis de seguridad" que el país enfrentaba. Es revelador que dos alcaldes de izquierda —White hoy, Vodanovic hace dos años— hayan formulado peticiones esencialmente idénticas, lo que sugiere que la presión territorial por mayor presencia de seguridad trasciende largamente las divisiones partidarias que el debate nacional sobre este tema suele proyectar.

Los riesgos jurídicos: lo que Urquízar advierte

Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, planteó la objeción jurídica de fondo que cualquier propuesta de este tipo debe enfrentar: "Para enfrentar la delincuencia común presenta importantes riesgos jurídicos e institucionales, ya que su intervención solo es posible en circunstancias excepcionales previstas por la Constitución, como un estado de excepción por grave alteración del orden público."

Urquízar fue preciso en delimitar el marco legal vigente: "En condiciones de normalidad, la seguridad interior corresponde a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por lo que el despliegue militar requiere una justificación constitucional y una estrategia clara respecto de su función. Si bien los hechos ocurridos en San Bernardo son graves, ello no implica que existan las condiciones jurídicas ni operativas para recurrir a las Fuerzas Armadas."

Es un argumento que merece tomarse en serio: la Constitución chilena reserva el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno a circunstancias excepcionales y acotadas, precisamente para evitar que la respuesta a la criminalidad común —por grave que sea cada hecho individual— se convierta en una normalización de presencia militar en las calles sin el respaldo institucional que ese tipo de despliegue exige.

César Miranda, investigador del Instituto Libertad, coincidió en la misma dirección con un argumento adicional sobre la misión institucional de las Fuerzas Armadas: "Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional clara y no podemos desnaturalizarla ante cada crisis de orden público. Lo ideal sería responder a la muerte de este niño, con Carabineros reforzados, con inteligencia policial y con persecución efectiva del crimen organizado. Las FF.AA. no son un parche y no deben ser tratadas como tal."

La posición a favor: la experiencia de la Araucanía

Juan Castañeda, experto en criminología e investigador de la Universidad Autónoma, ofreció una lectura distinta, partiendo de un diagnóstico de fondo que ningún sector del debate discute: "El Estado enfrenta un déficit crítico en dotación de Carabineros, PDI y Gendarmería que imposibilita el control territorial."

A partir de ese diagnóstico, Castañeda defendió la utilidad del despliegue militar acotado, citando un precedente concreto: "La experiencia en la Araucanía demuestra que los estados de excepción acotados funcionan como herramientas viables ante emergencias de seguridad. El despliegue militar para patrullajes focalizados, vigilancia estratégica y apoyo a Carabineros es una medida concreta que disuade delitos como encerronas y robos con intimidación."

Pero el propio Castañeda introdujo una condición que merece ser el centro de cualquier conclusión sobre este debate: el éxito de ese mecanismo "depende del compromiso transversal." En sus palabras: "La ciudadanía exige al Estado resguardar la seguridad como un derecho fundamental. Esto requiere que las fuerzas políticas cierren filas en torno a una estrategia clara, más allá de diferencias ideológicas."

Entonces, ¿son útiles o no?

La respuesta honesta que se desprende de este debate es que la pregunta formulada en términos absolutos —"son útiles o no"— probablemente está mal planteada. La evidencia que aportan los propios expertos consultados sugiere una respuesta condicional: las Fuerzas Armadas pueden ser una herramienta efectiva contra fenómenos específicos de crimen organizado y violencia armada, como demuestra el precedente de la Araucanía, pero exclusivamente bajo el marco constitucional de estados de excepción acotados, con misiones claramente delimitadas, y con el respaldo político transversal que cualquier despliegue de esta naturaleza requiere para no convertirse en una solución improvisada frente a cada hecho de violencia que generara indignación pública.

Lo que la muerte de este niño de 12 años en San Bernardo confirma, más allá de cualquier posición sobre el rol específico de las Fuerzas Armadas, es que el déficit de dotación policial que tanto Urquízar como Castañeda reconocen —cada uno desde su propia conclusión sobre la solución— es la raíz estructural del problema que ningún despliegue militar puntual, por bien diseñado que esté, puede resolver por sí solo. La pregunta de fondo que el país debe responder no es solo si las Fuerzas Armadas deben patrullar las calles, sino por qué, después de años de crisis de seguridad documentada, Carabineros, la PDI y Gendarmería siguen sin la dotación que el control territorial efectivo exige.