El Partido Nacional Libertario anunció la presentación de un proyecto de indulto general para todos los uniformados condenados o procesados en el contexto del estallido social de octubre de 2019. Johannes Kaiser presentó la iniciativa acompañado del capitán de Carabineros Pablo Andrés Carvajal Díaz, condenado a siete años de cárcel por apremios ilegítimos calificados, quien se entregó este jueves para cumplir su pena. La senadora Vanessa Kaiser ya presentó el proyecto y busca las firmas necesarias. El argumento central del PNL conecta directamente con uno de los casos que esta cobertura ya documentó extensamente: mientras hay uniformados presos por el 18-O, los beneficiarios de pensiones de gracia e indultos otorgados durante el gobierno de Boric a personas vinculadas a las protestas no han enfrentado la misma exigencia de revisión retroactiva.

El caso que encabezó el anuncio: el capitán Carvajal

Johannes Kaiser presentó la iniciativa acompañando personalmente a Pablo Andrés Carvajal Díaz, oficial de Carabineros condenado a siete años de cárcel como autor del delito consumado de apremios ilegítimos calificados, por hechos registrados durante las manifestaciones que siguieron al 18 de octubre de 2019. Carvajal se entregó este jueves para comenzar a cumplir su condena, y aprovechó la instancia para cuestionar públicamente a la fiscal Ximena Chong, quien lideró la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte junto a la PDI.

Kaiser describió el caso en términos que sintetizan el argumento de fondo de todo el proyecto: "Hoy día estuve acompañando al capitán Carvajal, que se entregó para cumplir una pena de siete años de cárcel por supuestamente haber torturado, porque esa es la figura que se utiliza contra nuestros carabineros, a una persona que participaba en protestas violentas, el intento de tomarse el Palacio de La Moneda, al disparar su escopeta antidisturbios."

La propuesta: indulto general, sin distinción entre casos

La senadora Vanessa Kaiser, hermana del excandidato presidencial, ya presentó formalmente el proyecto en representación del Partido Nacional Libertario y se encuentra recolectando las firmas necesarias para su tramitación. Según explicó Johannes Kaiser, la iniciativa busca un indulto general "para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza, durante el periodo del 18-O y en adelante."

Es importante señalar, con la precisión que cualquier propuesta de esta naturaleza exige, que se trata de un indulto de carácter general y no de una revisión caso por caso. Esto significa que la iniciativa no distingue, al menos en su formulación inicial, entre situaciones donde pudiera existir un genuino exceso en el uso de la fuerza por parte de algún funcionario específico, y aquellas donde la actuación policial o militar se ajustó estrictamente al marco legal vigente para el control del orden público. Es una diferencia que el debate legislativo deberá resolver, porque un indulto general que no contemple ningún filtro de revisión individual corre el riesgo de equiparar, bajo una misma medida, situaciones jurídicamente distintas.

El argumento de fondo: "los uniformados cumplieron órdenes"

Kaiser fue explícito en definir a quién está dirigido este indulto, trazando una línea que busca separar a los uniformados de quienes, según su caracterización, actuaron como agentes de violencia durante las protestas: "Para aquellos que en su momento tuvieron, mandatados por el Estado, que ir a reprimir al lumpen desatado, y no mezclemos aquí a los manifestantes pacíficos, con aquellos que fueron efectivamente delincuentes y criminales, que trataron entonces de destruir nuestra institucionalidad."

Es una distinción que el propio Kaiser reconoce explícitamente como necesaria —separar a quienes protestaron de manera pacífica de quienes incurrieron en violencia delictual—, lo que demuestra que el proyecto no pretende, al menos en el discurso de su impulsor, blanquear cualquier conducta policial sin matices. El problema, otra vez, es que esa distinción discursiva no necesariamente se traduce en un mecanismo legal que filtre los casos individuales antes de aplicar el indulto general.

La crítica al Ministerio Público: "persecución implacable"

Kaiser dirigió una parte sustancial de su intervención contra la Fiscalía, acusando que los uniformados "se han visto sujetos de una persecución implacable por parte de una Fiscalía que evidentemente ha violado el principio de objetividad al que estaba sometida." Es una acusación grave que, para sostenerse con el rigor que merece, requeriría evidencia específica sobre casos concretos donde la Fiscalía efectivamente haya actuado con parcialidad demostrable, más allá de la insatisfacción política con el resultado de las investigaciones. El propio caso del capitán Carvajal, condenado tras un juicio oral con las garantías procesales correspondientes, fue resuelto por un tribunal, no únicamente por la Fiscalía que llevó la acusación.

La pieza que conecta con esta cobertura: "no hay delincuentes presos por el 18-O"

El argumento más relevante de toda la intervención de Kaiser, desde la perspectiva de lo que esta cobertura ya ha documentado extensamente, es la comparación directa que formuló respecto del tratamiento que el gobierno de Boric dio a otro grupo de protagonistas del estallido social: "No puede ser que en nuestro país tengamos uniformados presos por el 18-O, pero no hay delincuentes presos por el 18-O. Eso es simplemente inaceptable. Los uniformados no salieron por voluntad propia a reprimir, los uniformados cumplieron órdenes, mientras los delincuentes recibieron pensiones de gracia o indultos también por parte del gobierno anterior."

Esta afirmación conecta directamente con la investigación que esta cobertura ya realizó sobre los cuatro beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas durante el gobierno de Boric, cuyos supuestos agresores —carabineros— fueron absueltos por sentencia firme en sus respectivos juicios orales. En esos casos, los tribunales determinaron, con el estándar de prueba penal más exigente del ordenamiento jurídico chileno, que no existía evidencia suficiente para condenar a los funcionarios acusados, y en al menos dos de esos cuatro casos, los propios fallos documentaron que los beneficiarios tuvieron una conducta activa de agresión o resistencia hacia los funcionarios policiales. Pese a esas absoluciones, los beneficiarios siguieron cobrando sus pensiones vitalicias, mientras que, en el caso que hoy plantea el PNL, son los propios uniformados quienes enfrentan condenas firmes y deben ingresar a prisión.

La asimetría que Kaiser señala tiene, entonces, una base verificable en los hechos que esta cobertura ya documentó: existe una diferencia real en el tratamiento institucional entre quienes fueron beneficiados con pensiones del Estado tras ser identificados como "víctimas" de presunta violencia policial —incluso cuando la justicia penal absolvió a los acusados— y los propios uniformados, que sí han enfrentado condenas firmes y penas de cárcel efectivas por su actuación durante el mismo período histórico.

La pregunta de cierre

Este es exactamente el tipo de debate donde la pregunta no admite una respuesta cómoda desde ningún extremo. Por un lado, está la legítima preocupación de que un indulto general, sin distinción de casos individuales, termine perdonando situaciones donde sí hubo un genuino exceso en el uso de la fuerza, lo que vulneraría el derecho de las víctimas reales de violencia policial injustificada a obtener justicia. Por otro lado, está la asimetría real y documentada que Kaiser señala: un sistema que, durante el gobierno de Boric, otorgó pensiones de gracia y beneficios a personas identificadas como víctimas incluso después de que la justicia absolviera a sus supuestos agresores, mientras los propios funcionarios uniformados, condenados con todas las garantías del debido proceso, deben cumplir penas de cárcel efectivas.

¿Estás de acuerdo con el indulto general a todos los uniformados condenados en el contexto del 18 de octubre de 2019, tal como lo propone el Partido Nacional Libertario, o consideras que cada caso debería revisarse de manera individual antes de otorgar cualquier beneficio?