Subtítulo: La Moneda decidió no alterar la designación de Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel pese a la investigación de la Fiscalía de Valparaíso. El canciller Pérez Mackenna lo confirmó: "La investigación no modifica las decisiones que se han tomado." La posición del gobierno —no remover a alguien por una investigación que aún no tiene formalización ni condena— es la correcta desde el punto de vista de la presunción de inocencia y de la política exterior con Israel. VDI Global lo respaldó desde el primer análisis. Y lo ratifica hoy.

Cuando VDI Global analizó el caso Zaliasnik por primera vez, tomó una posición que merece ser recordada antes de analizar la decisión del gobierno del jueves 11 de junio. Dijimos con claridad: la investigación debe seguir su curso, la presunción de inocencia aplica, y este medio no va a amplificar una operación que tiene entre sus objetivos documentables afectar la relación diplomática entre Chile e Israel.

El gobierno de Kast llegó el jueves a la misma conclusión que VDI Global ya había articulado. Y la articuló con argumentos sólidos que merecen ser documentados y respaldados.

"La investigación no modifica las decisiones que se han tomado." Eso dijo el canciller Francisco Pérez Mackenna. Y en La Moneda añadieron algo que en su sencillez es el argumento más poderoso disponible: "Todo el mundo está en los chats de Hermosilla." No hay que tomarlo literalmente. Hay que tomarlo como lo que es: la evaluación del gobierno de que la mera aparición en conversaciones con Hermosilla —que fue el abogado más conectado del país durante años— no puede ser el estándar para remover a nadie sin proceso ni formalización.

LA FRASE QUE DEFINE LA POSICIÓN

"Todo el mundo está en los chats de Hermosilla." Altas fuentes de La Moneda la pronunciaron bajo reserva para Emol, y define con precisión el problema que la denuncia de Manouchehri y Cicardini tiene como estándar de remoción.

Luis Hermosilla fue durante años uno de los abogados penalistas más conectados y más requeridos de Chile. Tenía vínculos con el mundo político, judicial, empresarial y académico que fueron documentados precisamente por la amplitud de su red. Sus conversaciones —grabadas y filtradas— involucraron a decenas de personas de todos los sectores. Algunos de esos involucrados cometieron delitos. Otros simplemente tenían al abogado más famoso del momento como contacto de trabajo.

Si el estándar para remover a un funcionario público es haber aparecido en los chats de Hermosilla, la consecuencia es que una cantidad enorme de personas de todos los partidos, todos los sectores y todas las ideologías deberían ser removidas. Ese no puede ser el estándar en un Estado de derecho.

El estándar correcto es el que el gobierno aplicó: formalización o condena. No aparición en una investigación preliminar. No denuncia presentada por parlamentarios de la oposición cuatro días después de una designación que la oposición claramente no comparte.

EL "CRITERIO TOHÁ" Y POR QUÉ NO APLICA

El Emol señala que el gobierno de Kast adoptó un criterio diferente al denominado "criterio Tohá" que el gobierno de Boric aplicó durante su administración. El criterio Tohá implicaba desvincular a las autoridades que hubieran sido formalizadas por la justicia.

El gobierno de Kast va más lejos hacia la protección de la presunción de inocencia: según las fuentes citadas por Emol, el destino del embajador "sería distinto si hubiera una condena." No con la formalización. Con la condena.

Esa posición es más garantista que la del gobierno anterior —que establecía la formalización como umbral de remoción— y más garantista que lo que muchos en el debate público están exigiendo para Zaliasnik, que es la remoción ante la mera denuncia.

VDI Global comparte la lógica de fondo aunque podría debatirse si el umbral correcto es la condena o la formalización. Lo que es claro es que la remoción ante la mera denuncia de parlamentarios de oposición —presentada cuatro días después de una designación que esos mismos parlamentarios rechazaban por razones políticas documentables— no es el estándar que un gobierno que respeta el Estado de derecho puede aplicar.

EL BENEPLÁCITO DE ISRAEL: LA DIMENSIÓN DIPLOMÁTICA

La Moneda también citó un argumento que VDI Global considera relevante en el contexto específico de este caso: el Estado de Israel ya otorgó el beneplácito para la designación de Zaliasnik. En el derecho diplomático internacional, el beneplácito es la confirmación del país receptor de que acepta al candidato propuesto como representante del país acreditante.

Que Israel haya otorgado ese beneplácito no es un detalle menor. Significa que el gobierno israelí evaluó la candidatura de Zaliasnik y la encontró aceptable. Remoción de Zaliasnik en este momento, a menos de dos semanas de su designación y antes de que haya siquiera asumido formalmente sus funciones en Tel Aviv, implicaría retirar a un diplomático cuya candidatura fue aprobada por el Estado receptor, generando una situación diplomática innecesariamente compleja en el momento más delicado para la relación bilateral.

La relación Chile-Israel está en proceso de normalización activa después de dos años de deterioro durante el gobierno de Boric. Ese deterioro se manifestó en el rechazo de las cartas credenciales del embajador israelí, la exclusión de empresas israelíes de la FIDAE, el retiro de agregados militares y la ausencia de Boric en las celebraciones de Janucá en La Moneda. Revertir ese deterioro requiere gestos concretos y sostenidos. Zaliasnik es uno de esos gestos.

Removerlo ante una denuncia cuestionable en su timing y en su motivación política documentable, sin formalización ni condena, no solo sería injusto con Zaliasnik. Sería también un golpe a la normalización diplomática que el gobierno de Kast está construyendo con Israel.

LA INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

Todo lo anterior no implica que la investigación deba detenerse ni que los cargos deban ser ignorados. VDI Global es categórico en esto: si los chats son auténticos y los hechos descritos constituyen delitos, Zaliasnik debe responder penalmente, independientemente de su cargo diplomático.

La Fiscalía de Valparaíso tiene la obligación de investigar con el mismo rigor con que investigó el Caso Audios. Los cuatro tipos de conductas denunciadas —pedido de gastos reservados, gestiones de honorarios en ENAP con potencial conflicto de interés, intervención en nombramientos judiciales y solicitudes de seguimientos ilegales— tienen entidad penal si se confirman. Esa investigación debe avanzar sin interferencia del ejecutivo.

Lo que el gobierno correctamente no hace es prejuzgar el resultado de esa investigación removiendo al diplomático antes de que exista formalización ni condena. Esas son cosas distintas. La investigación sigue. El embajador también.

LA OPERACIÓN POLÍTICA QUE FRACASÓ

El timing de la denuncia sigue siendo el elemento más revelador de todo este episodio. Manouchehri y Cicardini presentaron la denuncia cuatro días después de que Kast designara a Zaliasnik. Si los chats eran conocidos antes, la urgencia de presentarlos cuatro días después —y no antes— tiene una sola explicación coherente: la designación en Israel fue el detonante.

El objetivo de la operación era generar la presión suficiente para que el gobierno removiera a Zaliasnik antes de que asumiera sus funciones, impidiendo o complicando la normalización diplomática con Israel. Esa es la hipótesis que el análisis político —no el judicial— permite formular con fundamento.

El gobierno de Kast no cedió a esa presión. Mantuvo la designación. Invocó la presunción de inocencia y el debido proceso. Y el canciller Pérez Mackenna fue claro: "La investigación no modifica las decisiones que se han tomado."

La operación política fracasó en su objetivo inmediato. La relación con Israel sigue su curso de normalización. Y la Fiscalía tiene tiempo y autonomía para determinar si hay mérito en los cargos denunciados.

LO QUE VDI GLOBAL DICE CON CLARIDAD

VDI Global es un medio operado desde Israel que defiende el derecho del Estado de Israel a existir y a tener relaciones diplomáticas normales con Chile y con el mundo. La normalización de las relaciones Chile-Israel que el gobierno de Kast está construyendo es coherente con nuestra línea editorial y la respaldamos.

Esa posición nos obliga también a la coherencia: si Zaliasnik cometió los delitos que la denuncia describe y la investigación lo confirma, debe responder. La bandera de Israel no puede ser escudo frente a la ley. Pero la bandera de Israel tampoco puede ser rehén de una operación política diseñada para obstaculizar la normalización diplomática con el pretexto de una denuncia cuyo timing habla por sí solo.

El gobierno tomó la decisión correcta. La Fiscalía tiene su trabajo. Y la relación Chile-Israel avanza.

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