El plan de Inspección Total al Estado suma un nuevo hallazgo a la lista de irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante el período 2022-2026. En su cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal instruyó cuatro nuevas investigaciones específicas e identificó el que es, hasta ahora, uno de los agujeros más grandes del proceso: de más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones que debían rendir cuenta de su uso, más de 1,4 billones de pesos no acreditan rendición alguna. Una inconsistencia millonaria más, que se suma a los hallazgos de sesiones anteriores del mismo comité.

Cuatro ministerios bajo lupa

El comité, que opera bajo el alero de la Secretaría General de la Presidencia, resolvió instruir investigaciones específicas en las carteras de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, "tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades".

El desglose por ministerio muestra focos distintos de irregularidad:

• Deporte: la investigación se centra en el Instituto Nacional de Deportes (IND), en "materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos".
• Energía: se revisará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando "transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos".
• Agricultura: se pidió investigar "las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos".
• Salud: la instrucción abarca "compras, contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras" del Minsal.

El agujero de las fundaciones: 1,4 billones sin rastro

El hallazgo más grave de esta cuarta sesión del comité es el que involucra a las fundaciones que reciben fondos públicos. Se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a este tipo de entidades "y que debieron haber sido objeto de rendición". De ese total, más de 1,4 billones de pesos "no acreditan su rendición" — es decir, no hay comprobante de en qué se gastaron ni de que efectivamente cumplieran su propósito declarado.

Según el comité, los servicios con mayor proporción de recursos no rendidos son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), seguido por el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. Tres organismos que, por la naturaleza de su misión —empleabilidad, protección de menores vulnerables y desarrollo agrícola— manejan presupuestos sensibles y de alto impacto social, lo que agrava la falta de trazabilidad detectada.

177 fundaciones nuevas, 79 sin ningún registro de rendición

El dato más inquietante del informe tiene que ver con la creación de nuevas fundaciones durante el período auditado. Entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones de pesos —cerca del 60%— no cuentan con rendición acreditada.

Pero el hallazgo más grave dentro de este universo es aún más específico: de esas 177 fundaciones nuevas que recibieron fondos públicos, 79 no tienen registro alguno de rendición. No se trata de una rendición incompleta o tardía: es la ausencia total de cualquier comprobante sobre el destino de los recursos entregados a casi la mitad de las fundaciones creadas durante el período.

Compras sin licitación: el otro frente de la auditoría

El comité también identificó un patrón preocupante en materia de compras públicas. Se detectaron servicios donde más de la mitad de las adquisiciones se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El análisis reveló además un aumento sostenido en el uso de distintas causales para justificar compras por trato directo —el mecanismo que permite saltarse la licitación pública—, en particular las causales de proveedor único, confianza y seguridad, y emergencia.

El comité puso especial énfasis en esta última causal: el uso de la justificación de "emergencia" para compras por trato directo supera en un 17% a lo registrado durante el período de la pandemia de Covid-19. Es decir, en los años recientes se recurrió a la vía de emergencia para evitar licitaciones con mayor frecuencia que durante la crisis sanitaria que paralizó al país, un punto de comparación que por sí solo exige una explicación de parte de los organismos involucrados.

Un patrón que ya no sorprende: la brecha entre lo transferido y lo rendido, otra vez

Lo que emerge de esta cuarta sesión del comité no es un hallazgo aislado, sino la confirmación de un patrón que se repite ministerio tras ministerio, sesión tras sesión: recursos públicos transferidos a terceros —fundaciones, organismos ejecutores, servicios dependientes— sin los mecanismos de control y trazabilidad que exige el manejo de fondos del Estado. Cada nueva sesión del comité destapa una nueva inconsistencia millonaria, lo que empieza a configurar menos un problema puntual que una práctica instalada durante años en distintas reparticiones del Estado. La magnitud de la cifra sin rendir esta vez —1,4 billones de pesos solo en el ítem de fundaciones— la sitúa entre los hallazgos más relevantes del proceso de Inspección Total al Estado hasta la fecha.

El comité no ha establecido responsabilidades individuales en esta etapa: su rol es identificar los focos de riesgo e instruir las investigaciones específicas que corresponda a cada cartera. Será tarea de esas investigaciones, ahora en curso en Deporte, Energía, Agricultura y Salud, determinar si detrás de la falta de rendición hay negligencia administrativa, uso irregular de recursos, o eventualmente responsabilidades que deban derivar en sanciones administrativas o acciones legales.