Luis Eduardo Thayer, sociólogo de la Universidad Arcis, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, militante de Convergencia Social y referente histórico del Frente Amplio en temas migratorios, dirigió el Servicio Nacional de Migraciones entre abril de 2022 y marzo de 2026 con una "mirada garantista" del fenómeno migratorio, según describen sus propios perfiles biográficos. Esta semana, en su primera reaparición pública tras dejar el cargo, calificó el debate sobre los niños haitianos desaparecidos de "exagerado" e "irracional", una declaración que generó el rechazo inmediato y explícito de la directiva del Partido Republicano, que la calificó de "inaceptable".

La formación que explica la gestión

Hay perfiles biográficos que, leídos con atención, explican por sí solos el resultado de una gestión pública. El de Luis Eduardo Thayer es uno de ellos. Sociólogo egresado de la Universidad Arcis —una institución históricamente asociada a una tradición académica de izquierda en las ciencias sociales chilenas— y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada "La incorporación de los inmigrantes latinoamericanos a la comunidad de Madrid", Thayer construyó toda su carrera profesional alrededor de una visión específica del fenómeno migratorio: la que sus propios perfiles describen, sin ambigüedad, como "una mirada garantista".

Militante de Convergencia Social —el partido del propio Presidente Gabriel Boric, hoy fusionado en el Frente Amplio—, Thayer coordinó el programa migratorio de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez en 2017 antes de convertirse en uno de los principales referentes técnicos del Frente Amplio en esta materia. Llegó a la dirección del Servicio Nacional de Migraciones el 30 de marzo de 2022, designado por el gobierno de Boric, en parte gracias a su cercanía personal con el entonces jefe de gabinete presidencial, Carlos Durán, con quien coincidió durante sus estudios en la Universidad Arcis.

Es, en otras palabras, el perfil de un funcionario que no llegó a ese cargo por su experiencia en control fronterizo, seguridad migratoria o gestión de riesgo institucional, sino por su trayectoria académica e ideológica en la defensa de los derechos de los migrantes, un enfoque legítimo en sí mismo, pero que —como los hechos de los últimos meses han confirmado— resultó manifiestamente insuficiente para anticipar y contener una red de tráfico de menores que operó durante años bajo su propia administración.

Un historial de polémicas que antecede al caso de los niños haitianos

El caso de los niños haitianos no es la primera controversia que rodea la gestión de Thayer al frente de Migraciones. Su historial incluye el episodio del frustrado vuelo para deportar a 60 migrantes venezolanos, en el que el propio Thayer había asegurado públicamente que todos serían expulsados, lo que finalmente no ocurrió. En esa ocasión, mientras la entonces ministra del Interior escalaba el fracaso a un problema diplomático con el régimen de Maduro, Thayer lo redujo a un problema técnico vinculado al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano, una explicación que la oposición consideró insuficiente y que motivó pedidos de su remoción.

Ese antecedente, sumado a otra controversia previa en la que llegó a sostener que la estadía irregular de migrantes "no era un problema para la seguridad interior" —posición de la que después debió retroceder—, configura el perfil de un funcionario cuya valoración pública de los riesgos migratorios estuvo, de manera consistente durante toda su gestión, sesgada hacia la minimización.

"Exagerado" e "irracional": la frase que repite el patrón

Ese mismo patrón de minimización volvió a manifestarse esta semana, en la primera aparición pública de Thayer desde que dejó el cargo, a poco más de tres meses del término del gobierno de Boric. En conversación con Radio Universo, el exdirector de Migraciones calificó el debate público sobre el paradero de los niños haitianos de "exagerado" e "irracional".

La reacción no se hizo esperar, y llegó desde un lugar que merece ser destacado por su relevancia institucional: la propia directiva del Partido Republicano, que lidera el Presidente José Antonio Kast y que encabeza el senador Arturo Squella, calificó esas palabras de "inaceptable". El comunicado de esa directiva fue explícito: "Resulta inaceptable que una exautoridad intente relativizar la gravedad de este caso. Estamos hablando de niños, cuyo paradero aún no ha podido ser determinado y quienes podrían estar expuestos a graves situaciones de vulneración de sus derechos en delitos que no deben tener cabida en nuestro país."

La directiva agregó, con precisión, que las declaraciones de Thayer no "despejan las dudas de fondo". Es exactamente el punto: calificar de "irracional" el debate sobre un caso en el que la propia Contraloría, en enero de 2023, ya había documentado un vuelo chárter con niños haitianos cuyas visas estaban vencidas —un antecedente que el propio Thayer conocía desde su cargo— no es una corrección técnica al sensacionalismo mediático. Es la defensa de la propia gestión por parte de quien la encabezó.

La contradicción que el propio historial de Thayer no logra resolver

Aquí está el núcleo de la contradicción que atraviesa toda la gestión de Thayer en este caso, y que su perfil ideológico ayuda a comprender, aunque no a justificar. El propio Thayer ha reconocido, en distintas instancias ya documentadas en esta cobertura, que presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2023 por sospechas de tráfico de personas vinculadas a estos vuelos, y que en 2025 decidió suspender los procesos de reunificación familiar para Haití ante la sospecha de colaboración de un funcionario consular chileno.

Es decir: el mismo funcionario que hoy califica el debate público de "exagerado" e "irracional" es quien, en su momento, tuvo la información suficiente como para presentar una denuncia penal formal y para suspender unilateralmente un mecanismo migratorio completo por sospecha de delito grave. Como ya señalan distintos análisis de su gestión, "no está claro por qué no elevó una alerta política mayor de lo que podría constituir eventual trata de personas." Tenía la información. Tomó medidas administrativas parciales. Pero no convirtió esa información en una alerta pública de la magnitud que el caso exigía, ni durante su gestión ni, sobre todo, ahora que tiene la oportunidad de hacerlo desde fuera del cargo.

Esa es, precisamente, la lógica que el perfil de "mirada garantista" ayuda a explicar: para quien construye toda su trayectoria profesional e ideológica defendiendo los derechos de los migrantes frente a un sistema que históricamente los ha tratado con sospecha, admitir públicamente que ese mismo sistema migratorio bajo su propia administración fue capturado por una red de tráfico de menores representa una contradicción existencial con su propio proyecto político. Es más cómodo, desde esa posición, calificar el escrutinio de "exagerado" que reconocer la magnitud del fracaso institucional.

El lapsus que ya anticipaba el problema de fondo

Hay un detalle menor pero revelador en el historial de Thayer que merece mencionarse: en agosto de 2022, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, durante una visita a Colchane, presentó a Thayer ante la prensa confundiéndolo con su propio bisabuelo, el historiador Luis Thayer Ojeda: "Me acompaña en este punto el director del servicio nacional de migraciones, Luis Thayer… Ojeda." Es un lapsus anecdótico, pero que en retrospectiva adquiere un significado simbólico: la familia Thayer —que incluye al abogado democratacristiano Luis Thayer Morel, primo de la exprimera dama Cecilia Morel, y al exministro William Thayer Arteaga, expulsado de la DC tras asesorar a la Junta Militar— tiene una historia política compleja y de distintas adscripciones a lo largo de generaciones. El propio Luis Eduardo Thayer eligió, en su generación, la trayectoria académica y militante del Frente Amplio, con todas las consecuencias de enfoque que esa elección conlleva.

Lo que este perfil aporta a la responsabilidad política ya documentada

Esta cobertura ha reconstruido, con nombres, fechas y documentos oficiales, la cadena completa de responsabilidad institucional en el caso de los niños haitianos: el memorándum 1886 de 2024 que flexibilizó con efecto retroactivo los requisitos documentales, las alertas de la Defensoría de la Niñez sin respuesta durante años, la sospecha de colaboración de un funcionario consular confirmada por la propia Carolina Tohá, y ahora la confirmación de que el propio Thayer, desde su salida del cargo, opta por minimizar la gravedad de lo ocurrido en lugar de colaborar con su esclarecimiento.

El perfil ideológico y profesional de Thayer —sociólogo de la Arcis, militante de Convergencia Social, referente garantista del Frente Amplio— no es, por sí solo, una prueba de responsabilidad penal ni administrativa. Pero sí ayuda a entender por qué un funcionario con la información suficiente para presentar una denuncia penal en 2023 fue, al mismo tiempo, incapaz de elevar esa información a una alerta política de la magnitud que el caso exigía, y por qué, casi tres años después, su primer instinto público es calificar de irracional el escrutinio sobre su propia gestión.

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