El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se quedó finalmente sin más recursos para evitar que la Corte Suprema vote su eventual remoción del cargo. El Tribunal Constitucional declaró, por unanimidad y a través de su Primera Sala, inadmisible el segundo requerimiento que había presentado para frenar el proceso, en la misma maniobra que documentamos semanas atrás cuando el propio Urrutia recurrió a un informe jurídico redactado por el profesor de tesis del diputado Gonzalo Winter.

La resolución que terminó con meses de maniobras

La notificación llegó el jueves, sin sorpresas: Urrutia y su abogado Carlos Quezada recibieron una extensa resolución firmada de manera unánime por las ministras Daniela Marzi y Nancy Yáñez y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery. El texto es categórico: "se resuelve que se declara la inadmisibilidad del requerimiento deducido y álcese la suspensión del procedimiento decretada".

La señal de que esto venía llegando ya estaba sobre la mesa. Según reconstruye La Tercera, la sentencia que había rechazado días antes el requerimiento del juez Jorge Saavedra fue la primera evidencia de que el TC no iba a impugnar el auto acordado con el que la Corte Suprema aplica la herramienta del artículo 80 de la Constitución, el mismo mecanismo que hemos explicado en detalle en coberturas anteriores de este caso.

Qué significa en la práctica

Con la suspensión alzada, la Corte Suprema ya no tiene impedimentos para retomar el acuerdo pendiente sobre el cuaderno de remoción de Urrutia, abierto por haber viajado al extranjero —a Costa Rica y a Ecuador— mientras se encontraba con licencia médica. Dado que los alegatos del propio Urrutia ya se realizaron, lo que aún no está claro es si el Pleno, en su sesión de este lunes, se limitará a escuchar los alegatos pendientes de otros jueces, o si además procederá directamente a tomar el acuerdo sobre su caso y el de otros magistrados en situación similar.

Hay un factor adicional que complica la logística del propio tribunal: como la vista de la causa de Urrutia ya ocurrió, para resolver su situación específica deben estar presentes los mismos ministros que participaron de esa audiencia, sin que puedan sumarse otros supremos que no estuvieron en esa sesión.

Lectura editorial

Llegó, finalmente, la hora de Urrutia. Después de una recusación "amistosa" contra tres ministros específicos, un primer requerimiento rechazado, y este segundo intento —respaldado por un informe jurídico redactado por un abogado con una red de vínculos políticos directos con el Frente Amplio, que documentamos con todo detalle semanas atrás—, el juez agotó finalmente su catálogo de maniobras procesales. Que la decisión del TC haya sido unánime, y que además haya seguido exactamente el mismo criterio aplicado días antes al caso del juez Jorge Saavedra, confirma que el Tribunal Constitucional no está dispuesto a convertirse en la vía de escape sistemática que algunos magistrados cuestionados intentaron construir.

Esto no prejuzga el resultado final: la Corte Suprema aún debe votar, y Urrutia mantiene plena presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme. Pero el obstáculo que durante meses impidió que su caso siquiera llegara a votación ya no existe. Después de una ofensiva de probidad que hasta ahora había dejado en el aire exactamente los casos más cuestionados —como documentamos con la remoción de otros 11 jueces en la primera ronda, mientras Urrutia seguía protegido por la suspensión del TC—, el Pleno finalmente tendrá que pronunciarse sobre el magistrado que más ruido generó en todo este proceso, el mismo que llegó a llamar públicamente a "refundar" el Poder Judicial.

Conclusión

El camino que Daniel Urrutia construyó durante meses para evitar una votación de fondo sobre su continuidad en el cargo llegó a su fin esta semana, por decisión unánime del propio Tribunal Constitucional. La Corte Suprema retoma este lunes la sesión donde, finalmente, deberá pronunciarse. VDI Global seguirá de cerca el desenlace de este caso, que hemos cubierto desde su primera recusación hasta esta resolución definitiva.