El fiscal nacional Ángel Valencia designó al exfiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, como asesor de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia del Ministerio Público, reabriendo la polémica sobre la práctica conocida como "silla musical": el retorno sistemático de exfiscales a nuevos cargos dentro de la propia institución una vez que sus períodos terminan. El expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, fue categórico al calificar la práctica de "no sana", advirtiendo que impide que aparezcan nuevos liderazgos y que se haga efectiva la carrera funcionaria. El propio Armendáriz, en 2024, contrató a otros dos exfiscales regionales en situación equivalente, lo que confirma que esto no es un episodio aislado sino un patrón circular dentro de la cúpula del Ministerio Público.

Lo que ocurrió: de fiscal regional a asesor de la cúpula

Xavier Armendáriz, quien se desempeñó como fiscal regional Centro Norte, fue designado por el fiscal nacional Ángel Valencia como asesor de lo que actualmente se denomina Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia, antes conocida como Unidad de Corte. Desde el Ministerio Público se explicó que la decisión respondió a la amplia experiencia del exfiscal en el sector público, experiencia que ahora será puesta al servicio de la institución en materias relacionadas con recursos judiciales.

Según confirmó la propia Fiscalía, entre las principales funciones de Armendáriz en este nuevo cargo estará coordinar, controlar y alegar recursos y acciones constitucionales ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Es, en otras palabras, un puesto de alta responsabilidad técnica y de notable cercanía con la conducción estratégica de las causas más relevantes que el Ministerio Público lleva ante los tribunales superiores.

El patrón que se repite: Armendáriz ya hizo lo mismo con otros dos

El dato más revelador, y el que confirma que esto no es un hecho aislado sino una práctica sistemática dentro de la cúpula del Ministerio Público, es que fue el propio Armendáriz quien, durante 2024, contrató a los exfiscales Alberto Ayala y José Luis Pérez Calaf luego de que ambos dejaran sus cargos como fiscales regionales. Es decir: el mismo exfiscal que hoy regresa a la institución gracias a una designación del fiscal nacional, había sido previamente quien facilitó el regreso de otros dos colegas en la misma situación.

Esto configura, con nombres y fechas concretas, exactamente el fenómeno que el propio término "silla musical" describe: un grupo reducido de exfiscales que, en lugar de dar paso a nuevas generaciones de profesionales dentro de la carrera funcionaria, se reubican entre sí en distintos cargos de la institución, sosteniendo de manera indefinida su presencia en las posiciones de mayor influencia del Ministerio Público.

La defensa: "depende del caso a caso"

El exfiscal jefe de Talcahuano, Andrés Cruz, defendió la designación de Armendáriz, sosteniendo que este tipo de nombramientos debe analizarse de manera individual, considerando la trayectoria de cada profesional. Destacó específicamente la experiencia de Armendáriz y su desempeño en investigaciones de alta complejidad, mencionando la causa que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. "Es el caso de un fiscal regional que haya sido exitoso, que se haya desenvuelto en funciones de este carácter y que asuma como fiscal regional en otra región; creo que esas puertas están abiertas y depende del caso a caso", afirmó.

Es un argumento que tiene mérito en abstracto —la experiencia profesional acumulada no debería descartarse automáticamente solo porque alguien ya ocupó un cargo previo— pero que no logra explicar por qué ese mismo criterio de "caso a caso" termina, en la práctica, beneficiando reiteradamente al mismo grupo reducido de personas, en lugar de aplicarse de manera pareja a toda la carrera funcionaria de la institución.

La crítica de fondo: "no es sano lo que tiende a ocurrir"

La posición de Claudio Uribe, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, es la que mejor captura la gravedad institucional de este patrón: "No es sano lo que tiende a ocurrir en el Ministerio Público. Es bueno darle tiraje a la chimenea, que aparezcan nuevos liderazgos, que se haga efectiva la carrera funcionaria y que no nos encontremos con las mismas personas que van pasando de un cargo a otro por muchos méritos que tengan."

Esa última frase es, quizás, la más importante de todo el debate: "por muchos méritos que tengan". Uribe no está cuestionando la capacidad profesional de Armendáriz ni de ningún otro exfiscal que haya pasado por este mismo circuito. Está señalando un problema estructural distinto, que ningún nivel de mérito individual puede resolver por sí solo: si la cúpula del Ministerio Público se reabastece sistemáticamente del mismo grupo reducido de personas, la carrera funcionaria que en teoría debería permitir que nuevos fiscales asciendan según su desempeño queda, en los hechos, bloqueada por la circulación cerrada de quienes ya ocuparon los cargos más altos.

Por qué esto es una vergüenza institucional, más allá del caso puntual

Lo que vuelve este episodio particularmente grave no es la designación específica de Armendáriz —cuya trayectoria profesional, según reconocen incluso quienes cuestionan la práctica, incluye desempeños valorados en causas de alta complejidad—, sino la confirmación, con su propio historial, de que el mecanismo de la "silla musical" funciona como un circuito cerrado y autoperpetuado. Un exfiscal regional que contrató a otros dos exfiscales regionales en 2024, y que en 2026 es designado a su vez por el fiscal nacional para un cargo de máxima relevancia técnica, es la ilustración perfecta de un sistema donde el acceso a las posiciones de poder dentro del Ministerio Público depende, en gran medida, de pertenecer a esa red reducida de personas que ya ocuparon cargos similares antes.

Esto ocurre, además, en una institución que durante esta sesión editorial ha sido protagonista de investigaciones de la máxima sensibilidad pública —el caso de los niños haitianos, el caso Hermosilla, el caso Democracia Viva— donde la confianza ciudadana en la capacidad del Ministerio Público para actuar con independencia y renovación institucional es, precisamente, uno de los activos más valiosos que la Fiscalía debería estar cuidando con mayor celo, no erosionando con prácticas que generan, entre sus propios expresidentes gremiales, la calificación explícita de "no sanas".

Lo que correspondería exigir

Si el Ministerio Público quiere sostener la legitimidad institucional que casos de la envergadura del que esta cobertura ha documentado extensamente durante esta sesión exigen, no basta con defender cada designación puntual con el argumento de que se evalúa "caso a caso". Corresponde que la propia institución, a través de sus mecanismos internos de gobierno corporativo, establezca criterios objetivos y transparentes sobre cuándo y bajo qué condiciones un exfiscal puede regresar a ocupar cargos de responsabilidad, de manera que la carrera funcionaria de quienes hoy ascienden por mérito dentro de las fiscalías regionales no quede permanentemente bloqueada por el regreso recurrente de quienes ya tuvieron su oportunidad en la cúpula de la institución.