Rosa Aguirre, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, enfrentó una demanda de tutela laboral de la abogada Damaris Silva. Según la demanda, durante casi 17 años Silva estudió expedientes y redactó los proyectos de sentencia de las causas en que intervenía la magistrada, a cambio de pagos que la ministra le hacía desde su cuenta personal. El caso no llegó a juicio: en agosto, ambas firmaron ante notario una transacción por $17 millones, con una estricta cláusula de confidencialidad.

Quién es la ministra

Rosa Aguirre tiene 73 años y es la segunda antigüedad de la Corte de Valparaíso, tribunal que llegó a presidir. Ingresó a esa corte como fiscal judicial. En 2009, gracias a una permuta con otra magistrada, pasó a ser ministra. Ese mismo año, según la demanda, comenzó la relación informal con Silva.

Silva había entrado al Poder Judicial en 2007. En 2009 trabajaba como ayudante en la Primera Fiscalía Judicial de Valparaíso, bajo las instrucciones de Aguirre. Cuando la fiscal se convirtió en ministra, Silva sostiene que esta le pidió seguir trabajando directamente para ella y que desde entonces le pagó por sus servicios. Un dato clave: Silva juró como abogada recién en 2015.

Lo que relata la demanda

El texto de la demanda, presentada ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, describe una tarea que va mucho más allá de una ayuda ocasional. Silva recibía los antecedentes de las causas, revisaba lo actuado en primera instancia, analizaba los recursos, investigaba jurisprudencia, examinaba las causales de nulidad y redactaba los proyectos de fallo. Luego los enviaba a la ministra, que los revisaba o daba nuevas instrucciones.

Según la demandante, las instrucciones eran explícitas. La ministra le indicaba el sentido de la decisión con expresiones como “hay que rechazar”, “hay que acoger” o “hay que revocar”, a veces con los argumentos que debía desarrollar. Silva afirma que esos mensajes constan en correos electrónicos que adjuntó a la demanda.

La demanda cita un episodio concreto. A comienzos de 2010, ministros de la Corte de Valparaíso debieron fallar como jueces de primera instancia causas laborales pendientes de los antiguos juzgados del trabajo. A Aguirre le asignaron unas 35. Según Silva, durante las vacaciones de febrero la ministra le encargó redactar esas 35 sentencias y después le pagó $10.000 por cada una. En ese momento, Silva todavía no era abogada.

Desde 2010, siempre según el relato, el trabajo se trasladó a la casa de la ministra, con jornadas de nueve de la mañana a siete de la tarde, a veces hasta las once de la noche y también los fines de semana. Desde 2011, Silva retiraba expedientes físicos del domicilio de la magistrada para trabajarlos en su propia casa. Con la digitalización del Poder Judicial, la dinámica siguió igual.

Con los años, sostiene la demanda, las tareas se ampliaron a asuntos personales de la ministra: trámites de sus propiedades, pago de contribuciones, correos privados y hasta las presentaciones de las clases que dictaba en distintas instituciones.

El sueldo, el departamento y el quiebre

En 2015 se fijó un pago de $300 mil mensuales, transferido desde la cuenta personal de la ministra, por lo general el día 20 de cada mes. Ese monto, según la demanda, no cambió hasta mayo de 2026. En 2024, la ministra le entregó además un departamento en Santiago, que calificó como un préstamo vinculado a los estudios de magíster de Silva.

En abril de este año, Silva pidió subir su remuneración a $900 mil. La ministra le respondió que era un tema sensible y que prefería hablarlo en persona. La reunión fue el 9 de mayo. Según la demanda, Aguirre llegó acompañada de un sobrino y puso fin a la relación. Le insistió en terminar en buenos términos, con una condición: que no hablara de ella ni del tiempo que trabajaron juntas.

Silva intentó una salida extrajudicial y, al no lograrla, demandó. El tribunal notificó a la ministra por exhorto. El 14 de agosto, ambas firmaron en una notaría de Viña del Mar una escritura de transacción, finiquito y renuncia de acciones. El documento reconoce que entre ellas existió una relación de amistad y, a la vez, una relación de cooperación y prestación de servicios de Silva en favor de la ministra, además del préstamo del inmueble. La magistrada pagó $17 millones, se pactó una estricta confidencialidad y la demanda fue retirada.

En los antecedentes publicados no figura una versión de la ministra.

Lectura editorial

Las acusaciones de una demanda laboral no son una sentencia, y la ministra Aguirre tiene derecho a defenderse. Pero aquí hay hechos que no dependen solo del relato de Silva. Hay una escritura pública firmada por la propia magistrada que reconoce una relación de prestación de servicios. Hay un pago de $17 millones y una cláusula de confidencialidad. Y la demanda describe correos que, de existir, son fáciles de verificar.

Si lo relatado es cierto, esto es una vergüenza. Y por más de una razón.

La primera es constitucional. La función jurisdiccional pertenece exclusivamente a los tribunales y no se delega. Que un ministro se apoye en relatores o funcionarios del propio Poder Judicial para preparar borradores es parte del trabajo de una corte. Que entregue expedientes a una persona externa, pagada de su bolsillo, y le dicte “acoger” o “rechazar” para que escriba el fallo es otra cosa. Más aún si durante años esa persona ni siquiera tenía el título de abogada.

La segunda es de reserva. Por las manos de Silva habrían pasado causas de terceros, con datos personales y procesos en curso, fuera de cualquier control institucional. Los litigantes que confiaron sus casos a la Corte de Valparaíso no sabían que sus expedientes viajaban a un domicilio particular.

La tercera es laboral. El Poder Judicial resuelve a diario demandas por relaciones laborales encubiertas, jornadas abusivas y falta de contrato. Según el relato, una ministra de corte mantuvo durante casi 17 años una relación sin contrato, por $300 mil al mes, con jornadas de hasta 14 horas. Y cuando la trabajadora pidió un aumento, la despidió y le exigió silencio.

La Corte Suprema acaba de demostrar, con el caso Urrutia y los otros 15 jueces removidos por viajar con licencia médica, que está dispuesta a aplicar el estándar de buen comportamiento del artículo 80 de la Constitución. Este caso merece el mismo rigor. Corresponde abrir un sumario y, si los hechos se confirman, un cuaderno de remoción. También corresponde revisar si alguna de las sentencias redactadas de esta forma afectó derechos de las partes.

No es el primer problema que enfrenta la Corte de Valparaíso. Este año se formularon cargos en un sumario contra su actual presidenta, y la Fiscalía Regional investiga nombramientos judiciales vinculados al caso Hermosilla. Pero este caso es distinto: no habla de influencias, sino de quién escribe los fallos. Y eso toca el núcleo mismo de lo que significa ser juez.

Un acuerdo confidencial puede cerrar una demanda laboral. No puede cerrar la pregunta que deja abierta: cuántos fallos de una corte de apelaciones fueron escritos, durante casi dos décadas, por alguien que no era juez.

Lo que viene

Con la publicación del caso, la pelota está en la cancha de la Corte Suprema y de la propia Corte de Valparaíso. La ministra Aguirre está cerca del fin de su carrera. Pero la cercanía del retiro no puede servir de salida: el estándar que se exige a un juez de garantía tiene que exigirse también a una ministra de corte.