Las bancadas de oposición anunciaron que presentarán, a más tardar el martes, una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La causa son los 56 decretos de rebaja de condena firmados por su cartera. Es el primer libelo contra un ministro del gobierno de José Antonio Kast. Llega después de una sesión especial en la que la Cámara aprobó, con votos y abstenciones del oficialismo, pedir la renuncia de Rabat y de dos subsecretarios. Para aprobarla, la oposición necesitaría 78 votos y hoy ronda los 64.

La sesión que no apagó el incendio

El miércoles, Rabat se presentó ante la Sala de la Cámara de Diputados en una sesión especial convocada para analizar las rebajas de condena. Según el detalle más reciente, 54 de los 56 decretos beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, y los otros dos correspondieron a causas por violaciones a los derechos humanos.

El ministro hizo una defensa jurídica. Sostuvo que existe un vacío legal que el Congreso no previó y que permite a esos condenados acceder al beneficio por delitos cometidos antes de la reforma de 2022. Explicó que, al asumir, rechazó las primeras solicitudes. Agregó que después la Corte Suprema, al acoger un recurso de amparo, le reprochó mantener privado de libertad a un condenado y pronunciarse sobre lo que había resuelto la comisión especializada. Según su versión, en cerca de 40 de los casos cuestionados hubo fallos judiciales que lo obligaban a conceder la rebaja.

Al salir dijo que se iba convencido de haber cumplido la Constitución y la ley. Sobre los informes que sustentan las rebajas, señaló que no tiene competencia en esa materia. Insistió en que, siguiendo las instrucciones del Presidente, nunca más un condenado por abusar o violar a niños estará en la calle gracias a este beneficio, y que ahora la prioridad son las víctimas.

La oposición no quedó conforme. Consideró la exposición demasiado técnica y poco empática con las víctimas. La sesión terminó con gritos, carteles con la consigna “Fuera Rabat” y el anuncio del libelo.

Las votaciones que encendieron las alarmas

Más que el discurso, lo que dejó al Gobierno en problemas fueron los números. Por la mañana, la Cámara aprobó una resolución que expresa preocupación y rechazo al criterio aplicado por el Ministerio de Justicia durante 2026. Fueron 89 votos a favor, 27 en contra y 19 abstenciones.

Por la tarde vino el golpe más duro. Una segunda resolución pidió al Presidente Kast remover a Rabat y a los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. Se aprobó con 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones. Hubo abstenciones oficialistas, y el diputado Hotuiti Teao, independiente en la bancada UDI, votó a favor.

Las resoluciones no obligan al Presidente. Pero sirven como termómetro. Sobre todo, mostraron que el oficialismo no está cerrado en torno al ministro.

Quiénes acusan y con qué números

El acuerdo se tomó el miércoles por la mañana entre jefes de bancada y presidentes de partido del Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Comunista, el Partido Liberal y el Frente Amplio.

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, habló de un error garrafal e imperdonable que el Congreso no puede avalar. La jefa de bancada comunista, Daniela Serrano, reprochó que el ministro se retirara sin responder a la Cámara. El socialista Juan Santana acusó a Kast de no querer hacer valer la responsabilidad política de sus ministros.

Los votos son el problema. En la Cámara, la oposición suma cerca de 64 diputados. Si votan los 155, necesitaría 78, aunque el umbral baja si hay ausencias. El Partido de la Gente aparece como la bisagra. Si la acusación pasa, el Senado necesitaría 26 de 50 votos para destituir al ministro e inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), pidió a la oposición reconsiderar. Recordó que la acusación es la herramienta más dura del Congreso y preguntó si realmente ayuda a las víctimas. Propuso concentrarse en las urgencias legislativas para cerrar el vacío legal. Advirtió además que noviembre se dedica al presupuesto y que la Cámara tendrá que votar ambas cosas al mismo tiempo.

Un caso que no se cierra solo

El libelo se apoya en hechos que siguen apareciendo. Una investigación periodística reveló que, entre marzo y mayo, el propio ministerio rechazó al menos cinco solicitudes de rebaja de condena de este tipo, dos de ellas firmadas por Rabat. También se conoció un fallo de la Corte Suprema de febrero que validó negar el beneficio aplicando la exclusión de 2022, lo contrario de lo que el ministro presenta como obligación. Y en las últimas horas se informó que el subsecretario Silva concedió una rebaja a un condenado por abuso de menores sin esperar la decisión de la justicia, invocando economía procesal.

El lunes, el Presidente Kast reconoció públicamente un error de su gobierno, pero mantuvo a Rabat al frente de la corrección. La decisión tiene costo: según Cadem, el 64% de los encuestados rechaza que el Presidente lo haya mantenido en el cargo. Desde su propio sector, la exalcaldesa Evelyn Matthei fue directa: a estas alturas, el problema ya es del Presidente y no del ministro.

Lectura editorial

En su momento, VDI Global criticó con dureza al diputado Jaime Bassa por vincular este caso a una supuesta red internacional de pedofilia sin aportar pruebas. Esa crítica sigue en pie. Pero la exageración de un parlamentario no borra el problema de fondo, y el problema de fondo es serio.

El Gobierno se equivocó. Lo dijo el propio Presidente. Hubo decisiones contradictorias dentro del mismo ministerio, una interpretación jurídica que la Corte Suprema no comparte del todo y una reacción que llegó solo cuando el caso se hizo público. Si en mayo se cambió de criterio, cabía presentar un proyecto de ley en mayo. No se hizo.

Dicho eso, una acusación constitucional no es una moción de censura. No basta con un error político, por grave que sea. La oposición tendrá que demostrar que Rabat infringió la Constitución o las leyes, o que las dejó sin ejecutar. En parte de los casos hubo fallos judiciales que ordenaron la rebaja. Ahí el libelo tendrá dificultades. Los rechazos de marzo a mayo y la decisión de Silva de no esperar a la justicia son, en cambio, un terreno más fértil para la acusación.

Hay otra lectura que el oficialismo debería atender. Un gobierno que llegó al poder prometiendo orden, seguridad y mano firme contra el delito no puede darse el lujo de que la oposición le dispute justamente esa bandera. Cada día que el caso sigue abierto, la discusión se aleja del vacío legal y se acerca a la responsabilidad del Presidente. Kast reconoció el error. Le falta asumir el costo político antes de que el Congreso se lo cobre.

Mantener a un ministro por lealtad es una virtud. Hacerlo cuando el propio sector se abstiene y el 64% del país lo rechaza tiene un costo que se paga en las votaciones que vienen, partiendo por el presupuesto.

Lo que viene

La oposición presentará el libelo a más tardar el martes. Luego se sorteará una comisión revisora y la Cámara votará en noviembre, en paralelo al presupuesto. Mientras tanto, el Senado tramita los proyectos del Gobierno para cerrar el vacío legal.

El resultado dependerá del Partido de la Gente y de cuántos diputados oficialistas decidan abstenerse otra vez. Pero el daño político ya está hecho. Lo que queda por saber es si La Moneda decide contenerlo o esperar a que lo resuelva la Cámara.