El pleno de la Corte Suprema resolvió este miércoles, por mayoría, remover al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. La causa: dos viajes al extranjero mientras estaba con licencia médica psiquiátrica. La presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó que el magistrado no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Constitución. Urrutia es el juez número 16 que sale del Poder Judicial por esta misma conducta.

El voto que faltaba

El proceso estaba en suspenso desde el 19 de octubre. Ese día el pleno votó los cinco cuadernos de remoción pendientes, pero no pudo comunicar el resultado. Faltaba el voto del ministro suplente Roberto Contreras, titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Contreras había integrado el pleno que escuchó los alegatos y estaba de vacaciones. Este miércoles se reintegró, dejó constancia de su voto y el acuerdo quedó formalizado.

Antes de la sesión había trascendido que 13 de los 18 ministros que conocieron el caso estaban por la remoción, dos más de los 11 que exige la ley. Solo cuatro se habrían inclinado por mantenerlo en el cargo.

En la misma jornada, el pleno resolvió no remover a otros dos magistrados que enfrentaban cuadernos por la misma causa. En uno de los casos no se alcanzó la mayoría requerida. En el otro, la persona no ejercía como juez cuando viajó con licencia vigente.

Dos viajes y una licencia psiquiátrica

Urrutia salió del país dos veces mientras estaba con licencia: a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en octubre de 2022. Según su defensa, el primer viaje tuvo relación con una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la demanda que él mismo presentó contra el Estado de Chile. Sus abogados sostuvieron además que los desplazamientos estaban vinculados a su tratamiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó ambos episodios en un sumario administrativo. El de Costa Rica lo dio por prescrito. En el de Ecuador lo absolvió por un margen de 14 votos contra 13. En junio, la Corte Suprema abrió igualmente un cuaderno de remoción, usando la facultad del artículo 80 de la Constitución. Chevesich explicó entonces que se trata de un procedimiento distinto del disciplinario. Un sumario sanciona una falta. El cuaderno de remoción evalúa si esa persona puede seguir siendo juez.

No fue un caso aislado

El expediente de Urrutia formó parte de la revisión masiva que siguió al informe de la Contraloría. Ese informe detectó más de 25 mil situaciones irregulares de funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. En el Poder Judicial tocó a 104 integrantes, entre ministros de corte, jueces, relatores y secretarios.

La Suprema revisó esos 104 sumarios y abrió 56 cuadernos de remoción. Hasta el 6 de octubre había removido a 15 jueces: once en septiembre y cuatro a comienzos de octubre. Con Urrutia, la cifra llega a 16.

Cuatro meses de recursos

Desde que se abrió el cuaderno, la defensa de Urrutia, a cargo del abogado Carlos Quezada, usó prácticamente todas las vías disponibles. Presentó dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional. El primero suspendió la tramitación durante semanas y el segundo fue declarado inadmisible el 2 de octubre.

A mediados de octubre, Urrutia demandó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial por cerca de 77 millones de pesos, alegando vulneración de sus derechos fundamentales. Esta semana su abogado pidió anular la votación del 19 de octubre. Según la defensa, el ministro suplente debía votar antes que los ministros más antiguos. También pidió investigar una supuesta filtración del resultado a la prensa.

Nada de eso alcanzó para cambiar el desenlace.

Lectura editorial

Urrutia pasó buena parte de sus 26 años en el Poder Judicial en el centro de la polémica. En 2005 fue sancionado por un trabajo académico crítico del rol de los tribunales durante el régimen militar, y ganó por esa sanción un caso ante la Corte Interamericana. En mayo, la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León lo acusó de copiar casi textual diez párrafos de la minuta de formalización de la Fiscalía. Antes de la votación, una declaración con unas 300 firmas salió a respaldarlo, invocando la independencia judicial.

Nada de eso estuvo en juego. Lo que se juzgó fueron dos viajes con licencia psiquiátrica, la misma conducta por la que ya habían salido otros 15 jueces sin firmas, sin cartas y sin cobertura. La regla se aplicó igual para todos, y eso es lo que importa.

La defensa planteó una tensión que no hay que despachar a la ligera: un tribunal lo absolvió y otro, con una herramienta distinta, igual lo sacó. La Suprema tendrá que fundamentar con cuidado por qué eso no equivale a juzgarlo dos veces. Pero la facultad del artículo 80 existe precisamente para esto, y el pleno la ha usado de manera pareja durante meses. También pesó la decisión de no remover a dos magistrados en la misma sesión. Sugiere que cada caso se revisó por sus méritos, no por una consigna.

De fondo queda una cuestión de autoridad. Los jueces deciden a diario si un trabajador abusó de su licencia o si un funcionario debe devolver lo cobrado. Un Poder Judicial que no aplica ese estándar dentro de su propia casa pierde la autoridad para aplicarlo afuera. Hoy lo aplicó.

Lo que viene

Urrutia todavía puede insistir en la nulidad y llevar el caso a instancias internacionales, como ya hizo antes. Es probable que lo intente.

Para la Corte Suprema, el desafío es que este resultado se lea como lo que es: uno más en una lista de 16. Ni la caída de un juez incómodo ni un trofeo político. Solo la misma regla, aplicada otra vez.