La fiscal Paola Castiglione dejó de estar a cargo de la investigación por eventual fraude al fisco contra la senadora Camila Flores (RN), en un cambio que se produjo apenas semanas después de que la propia defensa de la parlamentaria presentara una denuncia administrativa formal por filtraciones de la indagatoria. Esta columna, que ya documentó en profundidad el origen del caso "cuota Flores" en su cobertura sobre las investigaciones que afectan a distintos senadores de la República, actualiza ahora ese seguimiento con este nuevo antecedente, que exige la misma cautela y el mismo rigor que hemos aplicado a lo largo de todo este expediente.

El origen del cambio: una denuncia por filtraciones presentada el 23 de junio

Según reconstruye esta cobertura, el 23 de junio pasado la defensa de la senadora Flores presentó ante la Fiscalía Nacional una denuncia administrativa formal por las filtraciones de la propia indagatoria, dirigida contra la fiscal Paola Castiglione y contra la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Casi dos meses después de esa denuncia, Castiglione dejó de estar al frente de la investigación por eventual fraude al fisco que afecta a la parlamentaria.

La versión oficial del Ministerio Público: reestructuración interna, sin presión externa

Consultada por esta cobertura, la Fiscalía descartó cualquier tipo de presión externa vinculada a las diligencias solicitadas por la defensa, atribuyendo la salida de Castiglione a una reestructuración operativa interna. Desde el Ministerio Público explicaron que "la causa es de la Unidad Regional Anticorrupción, de la que forman parte las fiscales Castiglione y Rivas", precisando que, "debido a una distribución interna de cargas, la fiscal Castiglione en la actualidad está avocada a otras causas que lleva la misma unidad". Esta columna reproduce esta explicación institucional con la misma fidelidad que exige cualquier versión oficial, sin que ello implique, por sí sola, que esta columna la valide o la descarte.

La respuesta de la defensa: "difícil de sostener frente a los antecedentes existentes"

El abogado de Flores, Samuel Donoso, endureció el tono frente a la explicación entregada por la Fiscalía. Precisó que "la denuncia que hemos formulado es seria y se sustenta en antecedentes concretos, incluidos registros fotográficos y audiovisuales", y expresó su expectativa de que "estos hechos sean objeto de una investigación rigurosa, independiente e imparcial, que permita esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan". Sobre la explicación que la propia fiscal regional había entregado previamente en audiencia —que las filtraciones denunciadas responderían a "una serie de casualidades"—, Donoso fue explícito en su escepticismo: "nos parece difícil de sostener frente a los antecedentes existentes". El abogado remarcó, además, una coincidencia temporal que considera relevante: "luego de nuestra denuncia se produjo el cambio que precisamente habíamos solicitado, cuestión que, naturalmente, refuerza la necesidad de esclarecer qué ocurrió y por qué".

El llamado directo al fiscal nacional Ángel Valencia

Donoso cerró su declaración con un pedido dirigido directamente a la máxima autoridad del Ministerio Público: sostuvo que la estrategia de la defensa será "seguir insistiendo hasta que estos hechos sean completamente aclarados", subrayando que "para la confianza en las instituciones y el correcto funcionamiento del sistema de justicia es fundamental que el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregue garantías de que esta investigación se desarrollará con plena imparcialidad, transparencia y respeto al debido proceso".

Lectura editorial: dos derechos que deben protegerse simultáneamente

Esta columna considera que este episodio exige sostener, con el mismo rigor, dos principios que no son contradictorios entre sí. Por un lado, esta columna ya ha exigido de manera consistente, en su cobertura sobre los casos "cuota Flores" y "cuota Kusanovic", que las investigaciones por eventual fraude al fisco contra autoridades públicas se desarrollen con la máxima celeridad y sin interferencias de ningún tipo, independientemente del sector político de la persona investigada. Por otro lado, esta columna considera igualmente legítimo el derecho de cualquier persona investigada —incluida una senadora de la República— a que la instrucción de su causa se desarrolle sin filtraciones indebidas a la prensa, un derecho procesal básico que protege tanto la presunción de inocencia como la integridad del propio proceso investigativo, cualquiera sea su desenlace final.

Esta columna considera que la coincidencia temporal que señala el abogado Donoso —el cambio de fiscal se produjo poco después de la denuncia por filtraciones, exactamente el resultado que la propia defensa había solicitado— es un antecedente objetivo que merece una explicación pública más detallada que la fórmula genérica de "distribución interna de cargas" entregada hasta ahora por el Ministerio Público. Que esa coincidencia tenga o no relación causal directa es algo que corresponde esclarecer a la propia Fiscalía Nacional, y esta columna no está en condiciones de afirmar ni descartar esa relación con la información disponible hasta el momento.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que el fiscal nacional Ángel Valencia responda directamente al llamado formulado por la defensa de Flores, entregando una explicación pública y detallada sobre las razones específicas de este cambio de fiscal a cargo, más allá de la fórmula genérica ya entregada. Exige, además, que la investigación por las filtraciones denunciadas se resuelva con la misma celeridad y rigor que esta columna ha exigido para la propia investigación de fondo sobre el eventual fraude al fisco, precisamente porque ambos procesos —el sustantivo y el disciplinario sobre las filtraciones— inciden directamente sobre la confianza pública en la integridad del sistema de justicia chileno.

Conclusión: un caso que exige transparencia en ambos frentes

Esta columna concluye que este nuevo episodio en el caso "cuota Flores" no debe leerse como una señal de debilitamiento de la investigación de fondo, que continúa en manos de la Unidad Regional Anticorrupción, pero sí exige que el Ministerio Público entregue garantías públicas más sólidas sobre la imparcialidad y transparencia del proceso, tal como reclama la propia defensa de la parlamentaria. VDI Global seguirá de cerca tanto el desarrollo de la investigación principal como la resolución de la denuncia por filtraciones que motivó este cambio.