El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó este domingo los disturbios registrados durante la tradicional romería al Cementerio General, convocada por organizaciones de derechos humanos junto al Frente Amplio y el Partido Comunista en conmemoración a las víctimas del golpe de Estado de 1973. Carabineros detuvo a 37 personas por incidentes registrados principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco, mientras el ministro fue categórico al negarles a los responsables de la violencia el estatus de "manifestantes".

"No podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio"

A través de X, Arrau fue directo: "como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos". El ministro planteó la necesidad de "recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre": "quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son 'manifestantes', son delincuentes violentos".

El secretario de Estado hizo explícita la distinción que, a su juicio, corresponde establecer: "entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia". En la misma línea, reconoció el trabajo de Carabineros de Control de Orden Público (Fuerzas Especiales), que se mantuvieron desplegados resguardando la seguridad y el cumplimiento de la ley durante toda la jornada.

Las cifras: 37 detenidos, 60% con orden previa

Del total de 37 personas detenidas, un 60% fue capturado por orden vigente producto de diferentes delitos previos, mientras el 40% restante fue detenido por comisión de delitos en flagrancia durante los propios disturbios. La distinción es relevante: buena parte de los detenidos no solo cometió delitos ese mismo domingo, sino que ya arrastraba causas pendientes con la justicia.

El respaldo del seremi: "ninguna causa justifica ni permite validar la violencia"

El seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, coincidió plenamente con el diagnóstico de Arrau y expresó su "profunda preocupación por la violencia registrada durante la jornada". Fue igual de enfático en la distinción entre manifestantes legítimos y responsables de los disturbios: "debemos distinguir a quienes se manifiestan de forma legítima y pacíficamente de quienes se encapuchan para lanzar piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales. Estos últimos no son manifestantes, son delincuentes violentos que deberán responder ante la justicia".

Barrientos respaldó explícitamente a Carabineros y cerró con una definición que resume la postura institucional del Gobierno frente a este tipo de episodios: "en Chile ninguna causa justifica ni permite validar la violencia".

Lectura editorial

Desde VDI Global respaldamos sin reservas la firmeza del ministro Arrau y del seremi Barrientos frente a estos disturbios. La distinción que ambos trazan con precisión —entre el derecho legítimo a manifestarse pacíficamente en conmemoración de un episodio histórico doloroso, y la violencia organizada de quienes usan esa instancia como excusa para atacar a Carabineros y destruir un cementerio— es exactamente el estándar que Chile necesita sostener de manera consistente, cada año, sin excepciones ni relativismos.

Es revelador, además, que el 60% de los detenidos ya arrastraba órdenes previas por otros delitos, un dato que confirma un patrón que hemos documentado reiteradamente en nuestras coberturas sobre violencia en manifestaciones: no se trata, en su mayoría, de ciudadanos comunes que se dejan llevar por el fragor del momento, sino de un núcleo de personas con trayectoria delictiva previa que utiliza instancias de alta carga simbólica y mediática para ejercer violencia con relativa impunidad, amparándose en el paraguas de una convocatoria legítima.

Valoramos que tanto Arrau como Barrientos hayan optado por un lenguaje sin ambigüedades, evitando el eufemismo habitual de "incidentes aislados" o "algunos encapuchados" que durante años minimizó este tipo de violencia recurrente. Llamar a las cosas por su nombre —delincuentes violentos, no manifestantes— es precisamente el tipo de claridad conceptual que permite a la ciudadanía distinguir entre el derecho a la memoria histórica, que debe protegerse, y la violencia criminal, que debe perseguirse sin miramientos.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía persiga con la máxima celeridad los casos de los 37 detenidos, especialmente aquellos vinculados a ataques directos contra Carabineros con artefactos incendiarios.
• Que se transparente, en los próximos días, cuántos de los detenidos por flagrancia terminan con medidas cautelares efectivas, dado el patrón de liviandad judicial que hemos documentado en casos similares.
• Que se investigue si existe algún grado de coordinación previa entre los responsables de los disturbios, dado que el fenómeno se repite "año tras año" según la propia descripción del ministro.
• Que las organizaciones convocantes de la romería —incluidas figuras del Frente Amplio y el Partido Comunista— condenen explícitamente la violencia registrada, sin ambigüedades ni justificaciones políticas.

Conclusión

La romería al Cementerio General de este año terminó, una vez más, marcada por la violencia de un grupo que utilizó una instancia legítima de memoria histórica para atacar a Carabineros y destruir un espacio de duelo colectivo. La respuesta firme del ministro Arrau y del seremi Barrientos —negándoles a los responsables el estatus de "manifestantes" y calificándolos sin rodeos como delincuentes violentos— es el estándar correcto que Chile debe sostener de manera permanente. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo judicial de los 37 detenidos.