El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno cerró este martes el proceso de Inspección Total que revisó más de 500 servicios públicos correspondientes al período 2022-2026, bajo la administración de Gabriel Boric. El resultado: 1.529 hallazgos de desviaciones, debilidades e incumplimientos, 53 servicios oficiados para instruir sumarios administrativos, y siete casos derivados a la Contraloría General de la República, de los cuales cinco llegaron también al Consejo de Defensa del Estado y cuatro directamente al Ministerio Público. El comité ahora prepara el informe final que será entregado al presidente José Antonio Kast.

Los números de una revisión sin precedentes

Según informó el Gobierno, en el proceso participaron más de 1.000 auditores internos, que ejecutaron 360 programas de auditoría desde el 11 de marzo hasta la fecha. Del total de 1.529 hallazgos detectados, 118 —distribuidos en 57 servicios distintos— ya cuentan con recomendación formal del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para instruir sumarios administrativos destinados a determinar responsabilidades individuales.

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, calificó el cierre del proceso como el cumplimiento de "un compromiso del Presidente de la República, que es revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora". El comité, eso sí, no desaparece: continuará haciendo seguimiento de las medidas correctivas derivadas de los hallazgos ya detectados.

Los nueve servicios bajo lupa: de Junaeb al Ministerio de la Mujer

El Gobierno identificó nueve servicios que requerían atención especial, dependientes de nueve ministerios distintos: Mujer, Trabajo, Energía, Vivienda, Deportes, Ciencia, Educación, Agricultura y Transportes. Los casos más graves ya escalaron al plano judicial.

Junaeb fue el primero en llegar al Ministerio Público, tras detectarse irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, con pagos por raciones nunca entregadas que involucran cerca de 14 mil millones de pesos, proceso que sigue su curso judicial. El Ministerio de la Mujer también terminó denunciado ante la Fiscalía, luego de que la auditoría detectara irregularidades en la construcción de sus nuevas oficinas en Agustinas 1269: un proyecto iniciado en 2023 que terminó en 2026 con un costo muy superior al presupuestado originalmente.

En Ciencia, la revisión de Becas Chile derivó en antecedentes enviados tanto a Contraloría como al Consejo de Defensa del Estado, lo que ya obligó a introducir cambios en las bases del programa. En el Minvu, la subsecretaria Natalia Aguilar debió ordenar un sumario tras detectarse que, de 73 convenios firmados en 2025 con 56 municipios por 13 mil millones de pesos para proyectos de recuperación de barrios, no se cumplió con la exigencia legal de solicitar autorización previa a la Dipres, dejando a otros municipios sin fondos para continuar sus propias obras.

En Transportes, Contraloría investiga una deuda de 30 mil millones de pesos por pagos atrasados desde hace tres años a proveedores regionales. En Trabajo se denunció ante el Ministerio Público irregularidades en la plataforma DT PLUS, en Energía se derivaron antecedentes de la Agencia de Sostenibilidad Energética, y en Deportes, la auditoría confirmó las irregularidades de los Juegos Santiago 2023 que VDI Global ya documentó en un informe anterior sobre esa misma corporación.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que el cierre de esta Inspección Total confirma, con cifras oficiales y no con sospechas, la magnitud del deterioro administrativo que dejó el gobierno de Gabriel Boric: 1.529 hallazgos en apenas 500 servicios revisados, siete casos ya en la Contraloría, y cuatro directamente en el Ministerio Público, incluido el ya conocido escándalo de Santiago 2023. Estas cifras validan, punto por punto, el patrón que hemos documentado en informes anteriores sobre la red de nepotismo del borismo, el manejo de la Beca Vocación de Profesor y la propia gestión de la Corporación Santiago 2023.

Pero el titular de esta cobertura plantea una pregunta que la ciudadanía tiene todo el derecho a formular: ¿se revelará todo, o el informe final terminará siendo una tapadera más, de esas que hemos visto reiteradamente en la administración pública chilena, donde una auditoría con cifras alarmantes termina archivada sin consecuencias reales? El propio proceso ya deja una señal preocupante: de 1.529 hallazgos totales, solo 118 —apenas un 7,7%— cuentan hasta ahora con recomendación formal de sumario administrativo. La gran mayoría de las irregularidades detectadas, según los propios números entregados por el Gobierno, quedarían en la categoría de "debilidades" corregibles sin sanción directa a funcionario alguno.

Valoramos que el Gobierno haya sostenido este proceso con el rigor y la escala anunciados, movilizando a más de mil auditores internos durante seis meses. Pero la verdadera prueba de si este esfuerzo se traduce en justicia real, y no en un ejercicio de transparencia parcial, se jugará en las próximas semanas: cuando se conozca el contenido íntegro del informe final que recibirá el presidente Kast, y cuando se vea si los siete casos derivados a Contraloría y Ministerio Público avanzan con la celeridad y severidad que la magnitud de las irregularidades exige.

Lo que corresponde exigir

• Que el informe final de la Inspección Total se transparente públicamente en su totalidad, sin reservas ni versiones editadas, más allá de lo que se entregue formalmente al Presidente.
• Que se dé seguimiento público y periódico a los siete casos ya derivados a Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, con plazos verificables de avance.
• Que los 118 hallazgos con recomendación de sumario administrativo se resuelvan con celeridad, identificando responsabilidades individuales concretas y no diluyéndose en procesos institucionales sin consecuencias.
• Que se evalúe si el 92% restante de los 1.529 hallazgos, calificados como "debilidades" sin sumario recomendado, realmente no ameritan mayor investigación, o si esa clasificación responde a un criterio excesivamente conservador.

Conclusión

El cierre de la Inspección Total al Estado durante el gobierno de Boric confirma, con 1.529 hallazgos y siete casos ya judicializados, la magnitud real del deterioro administrativo que hemos documentado reiteradamente en nuestras coberturas. La pregunta que queda abierta, y que solo el tiempo responderá, es si el informe final que recibirá José Antonio Kast se traduce en consecuencias reales para los responsables, o si termina siendo, como tantas otras auditorías en la historia reciente de Chile, una tapadera más. VDI Global seguirá de cerca el destino de este informe.