El expresidente de Renovación Nacional y exsenador Carlos Larraín lanzó un mensaje sin matices a la derecha. El Presidente José Antonio Kast ya decidió mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y asumió personalmente el costo político. Según Larraín, los partidos oficialistas deben alinearse con esa decisión o pasarse a la oposición. Sus palabras llegaron el mismo día en que la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación penal contra Rabat y el subsecretario Luis Silva por presunta prevaricación administrativa. La crisis de las rebajas de condena ya no es solo política.

El mensaje de Larraín

En el programa Desde la Redacción, de La Tercera, Larraín defendió la autoridad presidencial. A su juicio, Kast actúa con cordura, moderación y buen juicio. Reconoció un error político en el caso, pero sostuvo que el ministro no faltó a la ley ni a la Constitución. Resumió así la postura del Presidente: reconoce la equivocación, acepta los costos y respalda a su ministro.

A partir de ahí, fue tajante con su propio sector. Si algunos quieren romper la coalición que sostiene al gobierno, dijo, que se den el gusto, pero que retiren de sus cargos a todos sus representantes en el Ejecutivo. Y criticó a quienes hoy se muestran como implacables guardianes de la moral, con una frase de su estilo: a su lado, “la madre Teresa de Calcuta es una alpargata vieja”.

Larraín anticipó además que el gobierno sufrirá un desgaste muy fuerte en las próximas semanas. Y se distanció de una pieza específica de la defensa oficial: el video del subsecretario Luis Silva.

El video de Silva y la arista penal

Silva publicó un video para explicar por qué firmó algunos de los decretos. Su argumento principal fue que actuó “aplicando el criterio fijado por el propio ministro”. En la oposición y en parte del oficialismo, la frase se leyó como un intento de trasladar la responsabilidad a Rabat.

Ese mismo día, el caso cruzó a lo penal. Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, una denuncia contra Rabat y Silva por prevaricación administrativa, el delito que el artículo 228 del Código Penal atribuye al funcionario que dicta resoluciones manifiestamente injustas. Valencia remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y su titular, Francisco Jacir, confirmó la apertura de una investigación con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

Conviene precisarlo: abrir una investigación no implica formalizar ni acreditar responsabilidad. La Fiscalía deberá determinar si los hechos constituyen delito. Pero el ministro ahora enfrenta, en paralelo, una acusación constitucional anunciada, una investigación penal y una crisis dentro de su propia coalición.

Un oficialismo que no habla con una sola voz

La exigencia de Larraín responde a un cuadro conocido. En Chile Vamos, al menos once diputados están complicados con la acusación constitucional. Una docena de oficialistas votó una resolución que rechazó el criterio del ministerio. Evelyn Matthei dijo que el problema ya es del Presidente. Y según la senadora María José Hoffmann, Kast llamó personalmente a parlamentarios de la coalición para llamarles la atención tras la sesión especial.

Pero no todas las críticas internas vienen desde fuera del núcleo duro. El diputado republicano Agustín Romero sostuvo que no hay deslealtad en afirmar que el error debe corregirse. Y el exministro de Justicia José Antonio Gómez, desde la otra vereda, aportó un matiz relevante: dijo no compartir la decisión de Rabat, pero descartó que haya incumplido la ley.

En la oposición, el diputado Tomás de Rementería Ortiz... la oposición, por su parte, ironizó que el gobierno vive su propia noche de Halloween, con sus integrantes atacándose entre ellos.

Lectura editorial

Larraín tiene razón en algo importante. Una coalición de gobierno no puede funcionar si sus integrantes compiten por desmarcarse en los medios cada vez que aparece una crisis. Los ministros se sostienen o se remueven por decisión del Presidente, y una vez que el Presidente decide, la crítica pública desde el oficialismo debilita al gobierno completo, no solo al ministro. Exigir que quien no está de acuerdo se haga cargo y retire a su gente del Ejecutivo es, por lo menos, coherente.

Pero la disyuntiva que plantea es demasiado estrecha. Entre la obediencia total y pasarse a la oposición existe un espacio, y en ese espacio se juega la salud de una coalición. Romero lo dijo bien: corregir un error no es traicionar a nadie. VDI Global sostuvo desde el primer día que el gobierno se equivocó, que el propio Kast lo reconoció y que la lealtad al Presidente no obliga a defender todo lo que hizo su ministro. Esa posición no cambia.

La investigación penal agrega una dimensión que Larraín no aborda. Rabat tiene derecho a la presunción de inocencia y nada permite hoy afirmar que cometió un delito. El propio exministro Gómez lo descarta. Sin embargo, un ministro de Justicia investigado por la Fiscalía mientras enfrenta una acusación constitucional es un problema político de primer orden. Lo es para el ministro y para el gobierno que encabeza la agenda de seguridad.

El episodio del video de Silva muestra otro riesgo. Cuando un subsecretario y su ministro empiezan a explicar públicamente quién fijó el criterio, la coalición deja de ser el problema: el problema está dentro del propio ministerio. Ningún llamado a la lealtad partidaria resuelve eso.

Larraín pide cerrar filas. Es razonable. Pero cerrar filas sirve cuando hay un camino claro hacia adelante. Hoy, el gobierno necesita algo más que disciplina: necesita una salida que le permita recuperar la iniciativa en seguridad antes de que noviembre, entre presupuesto, acusación y fiscalía, le cobre la cuenta completa.

Lo que viene

La oposición presentará la acusación constitucional a más tardar el martes. La Fiscalía Centro Norte tendrá que informar al fiscal nacional el rol de la causa y el fiscal a cargo en los próximos días. Y La Moneda deberá decidir si la estrategia de resistir hasta el final sigue siendo la mejor, o si llegó el momento de hacer el ajuste que el propio Larraín anticipa como inevitable desgaste.