Apenas un día después de que la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur anunciaran con orgullo la detención de tres responsables de instalar una bomba simulada y panfletos amenazantes en la casa de Fernando Villegas, el tribunal decretó medidas cautelares de baja intensidad para los tres imputados: dos con arresto domiciliario nocturno y uno con arresto domiciliario total. El único que quedó en prisión preventiva fue un cuarto sujeto, detenido en flagrancia con drogas y armas de fuego, cuya cautelar más dura respondió a esos hallazgos y no al caso Villegas.

Detenidos un día, con arresto domiciliario al siguiente

El fiscal Claudio Orellana, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló el desenlace de la audiencia de formalización: "El día de hoy, luego de haber solicitado el Ministerio Público al tribunal competente órdenes de detención para personas que aparecían vinculadas directamente con el hecho que genera esta investigación, más la autorización también para ingresar a los domicilios ocupados por esas tres personas, se les detuvo, se lograron algunos hallazgos de interés en un par de los domicilios, de manera que el día de hoy, en horas de la tarde, se les formalizó".

El resultado de las cautelares fue el siguiente: de los tres imputados vinculados directamente al hecho del 19 de abril, dos quedaron con arresto domiciliario nocturno y uno con arresto domiciliario total. Solo el cuarto detenido —sorprendido en flagrancia ese mismo día con drogas tipo marihuana y tres armas de fuego— recibió la medida cautelar de prisión preventiva, y no por el caso de la bomba falsa, sino por "la violación conjunta de dos cuerpos legales relevantes", según explicó el propio fiscal Orellana.

El recordatorio del hecho: una bomba simulada y amenazas explícitas

El incidente que originó esta investigación ocurrió la madrugada del 20 de abril pasado, cuando en el exterior de la vivienda de Fernando Villegas, en Ñuñoa, se hallaron artefactos sospechosos junto a panfletos con mensajes amenazantes contra el escritor. Personal especializado comprobó que se trataba de una bomba simulada, con cables y sistema de reloj incorporado. Uno de los panfletos dejados en el lugar decía: "Villegas fascista, perro de los ricos, esta es la primera".

Lectura editorial

Desde VDI Global no podemos dejar de subrayar la contradicción evidente entre la magnitud del delito y la respuesta judicial. Cuatro meses de investigación de la PDI y la Fiscalía culminaron con la identificación y detención de tres personas que, según la propia investigación, instalaron una réplica de bomba con cables y reloj —diseñada específicamente para simular un explosivo real— junto a panfletos que amenazaban de muerte simbólica a un comunicador por sus ideas políticas, firmados por un supuesto "Frente Rebelde" con la imagen del Che Guevara. Y el resultado, apenas 24 horas después de la detención, fue arresto domiciliario nocturno para dos de ellos y arresto domiciliario total para el tercero.

Es decir: quienes instalaron un artefacto diseñado deliberadamente para generar terror en una persona por sus opiniones —un acto que el propio alcalde de Ñuñoa calificó en su momento de "insólito e inédito", con clara intención de "que se creyera que era una bomba"— hoy pueden dormir en sus propias casas, salvo unas horas de la noche. El único que efectivamente quedó privado de libertad no fue detenido por el amedrentamiento a Villegas, sino porque además tenía droga y armas en su poder al momento del procedimiento.

Este tipo de desenlaces alimenta, con toda razón, la percepción ciudadana de que el sistema judicial chileno trata con extrema liviandad los delitos de violencia política, especialmente cuando las víctimas son comunicadores o figuras públicas de derecha. Si el mismo hecho —una bomba simulada con panfletos amenazantes— hubiese ocurrido contra una figura pública de izquierda, cabe preguntarse honestamente si la respuesta cautelar habría sido la misma.

Con todo, y como corresponde, subrayamos que los tres imputados mantienen presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme, y que la decisión sobre las medidas cautelares es una facultad del tribunal, no de la Fiscalía, que en este caso solicitó precisamente esas cautelares según lo señaló el propio fiscal Orellana. Será el desarrollo del proceso judicial el que determine responsabilidades definitivas.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía Metropolitana Sur transparente los criterios técnicos que la llevaron a solicitar cautelares de baja intensidad para un caso de esta gravedad.
• Que se revisen los antecedentes que permitan solicitar medidas cautelares más estrictas si existe riesgo de fuga u obstrucción a la investigación.
• Que el proceso judicial avance con celeridad hacia el juicio oral, sin que la levedad de las cautelares se traduzca en impunidad de facto.
• Que se establezca un criterio uniforme y consistente para la aplicación de cautelares en casos de violencia política, sin importar la orientación ideológica de la víctima.

Conclusión

Cuatro meses de trabajo policial y fiscal terminaron, en la práctica, con arresto domiciliario nocturno para los responsables de instalar una bomba falsa y amenazas explícitas contra Fernando Villegas. La pregunta que queda flotando, y que VDI Global seguirá planteando, es simple: ¿está el sistema judicial chileno enviando la señal correcta frente a la violencia política, o está normalizando, con cautelares livianas, un tipo de delito que debería tratarse con la máxima severidad?